Arremete el PRI contra ciudadanos de cara a la contienda electoral, coinciden diversas fuentes

Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada

Cimacnoticias | Ciudad de México

De cara a la contienda electoral de 2018 que entre otros cargos públicos definirá la Presidencia de la República, en las últimas semanas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en alianza con otras fuerzas políticas, presentó leyes y reformas que atentan contra los Derechos Humanos y laborales (DH) de la sociedad civil.

Impulsadas por el Partido Revolucionario Interinstitucional (PRI) destacan la Ley de Seguridad Interior que permite la intervención del Ejército mexicano cuando considere “amenazas de seguridad”; la reforma al Código Civil Federal para considerar “daño moral” en mensajes que se consideren ofensivos a través de medios digitales; y la reforma a la Ley Federal del Trabajo que elimina todas las barreras de contratación a las empresas outsourcing.

Cimacnoticias consultó a organizaciones civiles nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos, y a la senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, quienes hablaron del impacto diferenciado que pueden tener en la vida de las mujeres estas normativas; y destacaron que no debe perderse de vista que ninguna puede quedar fuera del análisis del próximo contexto electoral.

“LA LEY GOLPISTA”

La recién aprobada Ley de Seguridad Interior legitima el uso de la fuerza para “contener riesgos y amenazas” en la seguridad pública. Pese a su cuestionamiento por organismos internacionales de DH y al repudio que generó entre organizaciones civiles locales que la nombraron la “Ley Golpista”, el pasado 15 de diciembre el Senado de la República la aprobó después de una discusión de 16 horas.

Con un Senado conformado en su mayoría por la bancada priista, apoyada por la mitad del Partido de Acción Nacional (PAN), la Ley de Seguridad fue avalada con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.

En horas, la turnaron a la Cámara de Diputados donde finalmente se avaló y la enviaron al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de modo que ahora sólo falta el refrendo de éste para que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

LAS MUJERES Y LA TORTURA POR MILITARES

Las y los legisladores desoyeron los exhortos de detener la Ley de Seguridad Interior por su ambigüedad y porque no respeta los estándares internacionales de DH. La senadora Angélica de la Peña describió en entrevista con esta agencia, que en ninguna otra ocasión había visto a tantos órganos de DH pidiendo al Estado mexicano frenar una ley.

Los llamados provinieron de los Altos Comisionados de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cientos de asociaciones civiles, quienes han visto en la última década las consecuencias de “abatir la delincuencia organizada” militarizando este país: ejecuciones extrajudiciales, privaciones de la libertad, desapariciones, tortura, agresiones sexuales y el desplazamiento forzado de las poblaciones.

Estas violaciones a los DH por parte de agentes militares ha valido a México sentencias en su contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La mayoría de estos casos, fueron cometidos contra mujeres por parte de militares, quienes utilizan la tortura para obtener confesiones e inculparlas de pertenecer a la delincuencia organizada, recordó la senadora de la Peña.

Para la directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz, esta Ley de Seguridad Interior tiene un impacto negativo específicamente en las mujeres, “la experiencia ha mostrado que al posicionar a militares en labores de seguridad pública estos incurren en violaciones discriminatorias contra las mujeres con prácticas de tortura sexual o denigrantes contra ellas”.

“Esta Ley tendría un impacto diferenciado en las mujeres, recordemos que la mayoría de los casos conocidos por la Corte, Inés y Valentina y ahora Atenco, tienen que ver con violaciones a las mujeres e intervención de militares y fuerzas federales. Lamentable en estos casos se tuvo un componente de género: en ambos violaciones sexuales”, subrayó Marcia Aguiluz.

Aprobar la Ley de Seguridad Interior, expresó la abogada especialista en DH, es darle “carta blanca a los militares para que actúen en cualquier circunstancia” y muestra que el Estado mexicano no tiene la voluntad en cumplir con obligaciones respecto a las sentencias emitidas por la CoIDH.

“El mensaje que nosotros recibimos es que no existe una voluntad de México por respetar las obligaciones internacionales que tienen, tampoco tienen una voluntad por resolver el grave problema de seguridad. Sabemos que los militares son un actor muy poderoso en México, la presión que hacen para aprobar esta Ley habla de ello”, señaló la integrante de Cejil.

PERMISO A LAS FUERZAS ARMADAS

Cejil como otros organismos defensores de DH, alertaron que este proyecto carece de un mecanismo de control sobre las operaciones que pueden llevar las Fuerzas Armadas en el territorio pues de acuerdo con la Ley aprobada, es el Presidente de la República quien puede ordenar la intervención del Ejército en un territorio determinado por alguna “amenaza a la seguridad interior”. También puede ordenarlo a petición de los titulares de las entidades federativas.

Con ello, el Artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, permite “la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución”, indica.

Si bien, se establece que la intervención de las Fuerzas Armadas dura un año, se puede prolongar si así lo determina el Ejecutivo. Así, el Ejército no sólo tendría la facultad de asumir las acciones de la policía, les permite actuar por sí mismo, pues sólo le bastaría informar al Presidente y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sobre las actividades emprendidas, indican los Artículos 32 y 33 de dicha Ley.

Esto, en opinión de la senadora Angélica de la Peña, es contrario a la Constitución mexicana y no resuelve los problemas de seguridad pública que vive el país. “Los militares están capacitados para hacer un uso de la fuerza en su máxima expresión: en ataques terroristas o amenazas de seguridad nacional. No para sustituir a la policía”, sentenció.

“El problema de fondo y que no hemos resuelto es tener corporaciones policiacas suficientes, capacitadas, que se les reconozcan sus derechos laborales. Pero esta Ley no resuelve el problema de fondo, dejar al Ejército permanentemente, desde el punto de vista de una democracia, es muy peligroso”.

Con esta Ley México también enfrenta un retroceso a los derechos ganados, precisó De la Peña Gómez, “cada vez avanzamos en leyes importantes en DH: la Ley contra la Tortura, la Ley contra Desaparición Forzada, el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia; la Ley de la Niñez, y no encontramos en esta Ley algo que las incluya”.

El rechazo de la Ley de Seguridad Interior ha llevado a la sociedad a protestar en las calles y pedir Peña Nieto que la vete. De no detenerla, la senadora señaló que el irán por la Acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otras asociaciones internacionales como Cejil, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras, instalaron a partir de la aprobación de esta Ley, un Observatorio Internacional sobre México para documentar la situación de crisis de los DH en el país.

SANCIONAR POR DAÑO MORAL, DESCRÉDITO Y OTRAS…DEL PRI

Mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior, la Cámara de Diputados aprobó el 14 de diciembre la reforma al Artículo 1916 del Código Civil Federal para anexar que se sancionará por daño moral a quien por cualquier medio, incluidos “los electrónicos”, “difunda información que cause deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”.

La directora general de la asociación civil Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros, señaló en entrevista con Cimacnoticias, que se trata de una iniciativa encaminada a “generar temor para quien difunde ideas en medios electrónicos” y consideró que esta propuesta del diputado Pablo Elizondo García, también priísta, es particularmente relevante en medio de un proceso electoral “cuando hay mucho que informar”.

“Responde a un afán por pretender limitar el derecho a la libertad de expresión o el deseo de generar temor en el gremio periodístico y en quienes ejercen su libertad de expresión a través de medios electrónicos”, dijo Mendiola Landeros, pero recordó que sobre esta modificación está el derecho a la libertad de expresión establecido en la Constitución mexicana.

La directora de Propuesta Cívica agregó que las demandas “de daño moral” son utilizadas como métodos de agresión sobre todo por políticos contra las y los periodísticas en este país. “Cuando un actor político presenta demanda por daño moral la persona deja de investigar los temas que tocan intereses políticos, por enfocarse a un litigio civil, genera autocensura”, explicó.

Para el gremio periodístico que labora en medios digitales estas agresiones han ido en aumento; la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), en su informe “El Poder del Cacicazgo. Violencia Contra las Mujeres Periodistas 2014-2015”, documentó que de los 147 casos de agresiones contra las periodistas, 34.6 por ciento de ellas pertenecía a un medio digital.

Aunque falta que esta reforma sea aprobada por el Senado de la República, la abogada Sara Mendiola, destacó que podría tratarse “de un simple distractor” que tiende a generar temor y autocensura en los medios digitales.

DESAPARECER LOS POCOS DERECHOS LABORALES

A días de terminar las sesiones en el Congreso de la Unión, senadores del PRI presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT) que plantea eliminar las restricciones a la subcontratación de personal (llamada, “outsourcing”) y propone limitar la asociación sindical. De aprobarse, las condiciones de trabajo de mujeres y hombres en el país empeoraría, pues daría pie a más violaciones a sus derechos laborales.

En entrevista con esta agencia, la coordinadora del área de Diálogo Sindical y de Género de la fundación Friedrich-Ebert, Inés González Nicolás, señaló que la iniciativa de los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, presentada el pasado 7 de diciembre y que evalúa las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos del Senado, pone en riesgo derechos laborales.

De ser aprobada, una empresa podría emplear a todo su personal por subcontratación y los contratistas únicamente tendrían que registrarlos en el Seguro Social e inscribirlos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). “Aunque los senadores argumentan que la reforma generaría más empleos, la verdad es que serían como en la última década: precarios, inestables y con salarios bajos”, dijo la experta en derechos laborales Inés González.

Un caso emblemático sobre las violaciones a los derechos laborales por este tipo de contrataciones es el despido injustificado, en 2016, de 59 trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, algunas de ellas tenían hasta 15 años trabajando para el IEMS, pero luego de organizarse y exigir condiciones de trabajo dignas fueron despedidas bajo el argumento de que una empresa terciaria las contrató.

Sobre la propuesta de los senadores, más de 50 Sindicatos y 29 organizaciones civiles laborales de todo el país, advirtieron en un pronunciamiento dirigido al titular del Ejecutivo y al Congreso de la Unión, que no limitar la subcontratación, provocaría graves afectaciones a las y los trabajadores porque “destruye toda protección laboral y actualiza un golpe sin precedente en la historia laboral mexicana”.

La iniciativa también contempla la creación de un Instituto que regularía el registro de Sindicatos y contratos colectivos, sin embargo, la función y conformación del organismo es contraria a lo que establecen los artículos 107 y 123 de la Constitución mexicana (reformados en febrero de este año), señaló Inés González, pues no contempla la participación de representantes del sindicalismo independiente.

Tampoco hace referencia al derecho a un voto libre y secreto para la elección de titulares sindicales y en la firma de contratos colectivos, como estipulan las reformas a los artículos mencionados, lo que “sostiene la existencia de contratos patronales -acuerdos firmados entre empleadores y líderes sindicales que no velan por los derechos del personal empleado- , así los líderes se eternizan y no hay posibilidades de cambios directivos en los sindicatos”, enfatizó Inés González.

Además, la defensora de los derechos laborales recordó que la iniciativa promovida por el PRI cancela el derecho que las y los trabajadores tienen de ser notificados por escrito en caso de ser despedidos y las razones para efectuarlo. La iniciativa “sólo favorece a las empresas, las personas trabajadoras quedan en total indefensión”, sentenció.