El poder político se impone a la verdad en triple asesinato; se asoma para lo que servirá en Oaxaca la AVGM, una bolsa de declaraciones

Oaxaca, 4 septiembre 2018.- Lamentable y perversa la decisión del Juez de Control de Juchitán, Omar Morales Simón, quien rechazó vincular a proceso a Jehu G.L. pese a que existen pruebas en su contra como uno de los autores materiales del triple asesinato ocurrido en junio pasado, eso a solo unos días de que fuera decretada por la Secretaría de Gobernación la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, una muestra más de lo irrelevante que resulta para el Estado la vida y la seguridad de las mujeres, calificó Soledad Jarquín Edgar, madre de una de las víctimas.

Detrás de la decisión del juez Omar Morales está la presión política de personas vinculadas al PRI, añadió la madre de la fotógrafa y videasta María del Sol Cruz Jarquín, quien fue asesinada junto con la candidata a segunda concejala Pamela Terán Pineda y su escolta Adelfo Guerra Jiménez, la madrugada del 2 de junio en Juchitán de Zaragoza, municipio ubicado en la región del Istmo en el estado de Oaxaca, el noveno más peligroso del país según datos de Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Para la periodista la decisión que tomó el juez Morales Simón es una muestra de la corrupción del poder Judicial, uno de los más afectados en esta descomposición, lo que ha dado al traste a la seguridad de la población, en específico de las mujeres a quienes no quieren en la vida política, a las que no quieren en las calles, a las que se mata cada día por causas inexplicables e inhumanas, favoreciendo con su actuar ominoso, la impunidad de criminales intelectuales y materiales como sucede ahora en Juchitán de Zaragoza.

Detrás de la decisión del juez está Francisco Montero López y Hageo Montero López, el primero ex secretario de Asuntos Indígenas (SAI) del gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, y el segundo actual regidor en el gobierno de Juchitán y ex candidato a la presidencia municipal de ese municipio istmeño, quienes propiciaron el bloqueo de carreteras en la región del Istmo tras la detención de Jehu G.L. y una protesta durante las 20 horas que duró la audiencia.

¿Quién está detrás de los Montero? Preguntó Soledad Jarquín Edgar, y recordó que esa familia es operadora política de José Murat Casab, el ex gobernador de Oaxaca de origen istmeño y padre del actual mandatario de Oaxaca. De eso hay pruebas suficientes y gente que daría su propia versión.

Recordó que su hija María del Sol Cruz Jarquín, jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural en la SAI, dependencia del gobierno estatal, fue obligada por el entonces titular de esa dependencia estatal, Francisco Montero López, a trasladarse a Juchitán de Zaragoza para apoyar la campaña de Hageo Montero López desde finales de abril pasado y no en los últimos días de mayo como declaró el ex titular de la dependencia estatal.

“Es un crimen político y no una vendeta entre narcotraficantes” como quisieron aparentar desde un principio con el asesinato de Pamela Terán Pineda, quien lamentablemente estaba acompañada de mi hija al momento de su ejecución, y en la que existen pruebas suficientes sobre la presencia de Jehu G.L. y de otras dos personas como autoros materiales.

Añadió que hay testimonios de personas que aseguran que Jehu G.L. fue quien se llevó las cámaras fotográficas y de video propiedad de María del Sol Cruz Jarquín. “Si Jehu G.L. fuera un “buen cristiano, un buen muchacho”, como dicen quienes protestaron a su favor, habría devuelto sus cosas, pero no fue así, ahí operó un robo y la complicidad de quienes, con ese robo y el de su computadora por parte de una segunda persona en otro escenario, se pretendía borrar la evidencia de un delito electoral cometido por los hermanos Montero.

Lamentó además que el Fiscal Rubén Vasconcelos Beltrán y a la Fiscal Especializada en Delitos Electorales, Araceli Pinelo López, no hayan judicializado la investigación sobre el delito electoral cometido por los hermanos Francisco y Hageo Montero López, sin ninguna razón aparente y cuando ya tienen pruebas suficientes.

También estoy esperando, y pronto, la respuesta de la Contraloría del Estado y está pendiente una investigación por parte del Instituto Estatal Electoral y, por ende, la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, y de Participación Ciudadana, espero que en estas instancias haya justicia.

Reiteró su llamado al gobierno del Estado, “a quien gobierne Oaxaca” para que haga justicia por las víctimas y “porque con la acción del juez Omar Morales Simón, la Alerta de Violencia de Género en Oaxaca, no tiene buen comienzo en Oaxaca y sí habla de la una realidad de omisión, complicidad y perversidad, donde lo que menos importa son las mujeres”.

Por último, Soledad Jarquín Edgar reiteró que no quitará el dedo del renglón y que seguirá exigiendo justicia por la vida de su hija. Al mismo tiempo responsabilizó de todo lo que pudiera pasarle a ella o al resto de su familia al gobierno de Oaxaca, a los Montero López y a José Murat.