Zacatecas. El rector Antonio Guzmán critica la decisión y convoca de manera urgente al Consejo Universitario

La casa de estudios adeuda impuestos de 2015-2016; en riesgo, el pago de la quincena a académicos y trabajadores

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retuvo 136 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) por no pagar los impuestos correspondientes a 2015-2016, informó el rector Antonio Guzmán Fernández, quien advirtió que esta situación pone en riesgo el salario de la primera quincena de octubre para alrededor de 5 mil académicos y trabajadores.

Ante la gravedad, convocó de manera urgente al Consejo Universitario, máxima instancia de gobierno de la casa de estudios, para que este miércoles se definan las acciones a tomar, ya que UAZ está en la antesala de una "crisis financiera de dimensiones desproporcionadas".

Tras criticar la decisión de la SHCP, el rector adelantó que este miércoles una comisión viajará a la Ciudad de México para solicitar una audiencia con el titular de la dependencia, José Antonio Meade Kuribreña, y "exigir un trato correcto y digno para la Universidad Autónoma de Zacatecas y para los zacatecanos".

Y no descartó una marcha "multitudinaria" de universitarios a la capital del país para demandar la audiencia con el titular de Hacienda. Pidió, además, el apoyo de padres de familia y diversos sectores de la entidad zacatecana, ya que esta problemática afecta la economía del estado en general.

A continuación, los principales puntos del comunicado que leyó Guzmán Fernández la noche de este martes ante la prensa:

1)  Es del conocimiento público que la administración de la UAZ, el pasado 6 de octubre cumplió un mes en funciones. Desde que recibimos la constancia de mayoría, en mayo de este año, que nos acreditaba como Rector electo, nos dimos a la tarea de buscar la relación con diferentes actores del Gobierno Federal, todo en razón de comenzar a generar acercamientos para plantear los problemas estructurales que históricamente ha enfrentado nuestra Institución.

Fue así que se sostuvo una relación aquí en Zacatecas con actores como el secretario de Salud del Gobierno Federal, José Narro Robles; con el subsecretario de Educación Superior, Salvador Jara Guerrero, y en su última visita a la entidad del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, junto con el diputado federal Francisco Escobedo Villegas, a quienes se les planteó la difícil situación financiera de la institución, por lo que se solicitó su intervención a fin de encontrar una salida viable.

2)  Se le solicitó a Marcela Andrade Martínez, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la SHCP, una audiencia a la brevedad para que nos informara de la situación que guarda nuestra institución con la dependencia en relación con nuestras obligaciones tributarias, petición a la que ella accedió señalándonos que en fecha próxima se nos daría la audiencia para tener un acercamiento que nos permitiera conocer a detalle la situación antes descrita.

En lugar de la audiencia solicitada, la semana pasada se nos informa a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, la intención de retención de las participaciones federales por el adeudo en el pago de las obligaciones tributarias que tiene la Universidad del 2015 y 2016.

3)  Ante esta posible situación de retención de las participaciones que pondría a la Universidad en una crisis financiera de dimensiones desproporcionadas, y ante la negativa de la audiencia por los responsables de Hacienda, se interpuso una demanda de amparo, ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien el 7 de octubre pasado nos concedió la suspensión provisional para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ejecutara la retención referida.

4)  Se acudió al amparo ante la negativa de la audiencia, ante la negativa de ser escuchados y ante la negativa de permitirnos hacer una propuesta para cumplir con nuestras obligaciones. La intención con la presentación del amparo era tener tiempo para hacer una propuesta seria y responsable que nos permita una vez más cumplir con nuestras obligaciones ante Hacienda.

A pesar de que se nos concedió la suspensión provisional por parte de un Juez Federal, el día de hoy nos informó la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado que se han afectado las participaciones, en aproximadamente 136 millones de pesos, lo que nos deja en la inoperancia total para cumplir con las obligaciones con ambos sindicatos esta primera quincena de octubre.

5)  Ante esta situación, como responsable de la administración universitaria, he convocado de manera urgente para el día de mañana, a la máxima autoridad de la Universidad, el Honorable Consejo Universitario, y agradezco que el día de hoy me acompañen los integrantes de la presidencia Colegiada del mismo y a los directores de las Unidades Académicas que son miembros de esta máxima instancia de gobierno.

La convocatoria para el día de mañana está enmarcada por las facultades que me otorga la Ley Orgánica de nuestra Casa de Estudios, por lo que informaré de la situación que guarda el estado financiero para que sea el Consejo Universitario quien resuelva lo conducente.

6)  Quiero dejar claro que no comprendemos el actuar de algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, porque el adeudo que hoy nos están requiriendo se generó en el 2015-2016 de la administración que encabezó Armando Silva Cháirez, adeudo que se consintió por ciertos funcionarios de Hacienda. Hoy con una rapidez inusual y a pesar de la existencia de un amparo, sin mediar la posibilidad de la audiencia que solicitamos y sin la posibilidad de ser escuchados como administración entrante con un mes en funciones, se ha dado una afectación que pone a la Universidad en una situación de ingobernabilidad e inoperancia. Incluso, puede generar no solamente el paro de labores, derivado del no pago de salario, que significa el ingreso de cerca de cinco mil familias que dependen de la Institución y que generará un escenario de conflagración social en todo el estado, a causa de la afectación al subsidio universitario, que contribuye con su erogación mensual a la economía de los zacatecanos, con 100 millones de pesos por mes.

Lamentamos la pretensión y desconocemos las causas de dañar al estado de Zacatecas, a los universitarios y a todos los zacatecanos que de una u otra manera están vinculados con esta noble institución.

7) Como institución de educación superior pública, la máxima casa de estudios de la entidad, demanda un trato adecuado, acorde a la alta función social que desempeña. Exigimos nuestro derecho de audiencia y la instalación inmediata de una mesa de diálogo y de negociación que permita armonizar los compromisos de la institución con las instancias tributarias, teniendo presente que el adeudo existente es explicable a partir del subsidio recibido y las vastas actividades realizadas por la UAZ.

Es importante señalar que el subsidio recibido permite atender aproximadamente a 60% de las obligaciones contractuales con los institutos sindicales que aglutinan al personal docente y administrativo que labora en esta institución; situación que no es desconocida por las instancias federales, a las que de manera frecuente hemos acudido.

8) Hago un urgente llamado al pueblo de Zacatecas y a la comunidad universitaria a estar pendientes del cauce que tome está problemática que inmiscuye a todos, que pone en riesgo el futuro de miles de jóvenes universitarios que ven en la UAZ, la única posibilidad de movilidad social que les permita aspirar a un mejor nivel de vida, para ellos y sus familias.

9) Será la máxima instancia de gobierno, el Honorable Consejo Universitario, quien determine las acciones a seguir, entre las cuales no se descarta la movilización multitudinaria de universitarios a la Ciudad de México, para exigir al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una audiencia, que permita abordar con un espíritu de solución el problema que aqueja a la Universidad Autónoma de Zacatecas y por ende a la sociedad zacatecana.

10)  Apelamos a la solidaridad de los padres de familia, de los comerciantes, de los transportistas, de los otros diversos prestadores de servicios, de nuestros egresados, del sector público y privado, en sí de la sociedad en general para que hagan suya nuestra causa y estén pendientes de las acciones que habremos de implementar tratando de afectar lo menos posible el desarrollo de las actividades diarias de la ciudadanía.