*Se empiezan a notar resultados en el combate a la corrupción, afirma el contralor

*No es un fracaso el procedimiento entablado contra la ex gobernadora Amalia García, dice

*Sancionados, 80 ex funcionarios públicos del sexenio pasado; uno está en prisión

ANGEL AMADOR SANCHEZ

“No estoy aferrado al puesto”, responde categórico el contralor estatal Guillermo Huízar Carranza, a la pregunta de si está seguro de continuar en el cargo.

En el contexto de los posibles cambios en el gabinete, de cara al segundo informe del gobernador Miguel Alonso Reyes, el titular de la Contraloría recuerda que el mandatario desde el inicio de su gestión tiene en su escritorio la renuncia de todos sus colaboradores para hacerla efectiva cuando lo estime conveniente.

Y aunque es decisión del Ejecutivo, Huízar Carranza desliza que ha dado su mejor esfuerzo al frente de la dependencia, cuyos “resultados se empiezan a notar en materia de combate a la corrupción”.

Entrevistado en Radio Zacatecas, en el programa Los Periodistas, el contralor se autodefine como alguien que está acostumbrado a defender su razón, inmerso en polémicas por asuntos públicos, ya que su actividad en este ámbito no ha sido tersa. “No soy un hombre débil”, expresa.

Así, en el recuento de algunos asuntos polémicos en los que ha sido protagonista, afirma que no es un fracaso el proceso que entabló la Contraloría Interna en contra de la ex gobernadora Amalia García Medina, por el manejo irregular de alrededor de 2 mil millones de pesos.

“No siento que sea un fracaso el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le haya concedido un amparo a Amalia García. No es un fracaso para la administración del gobernador Miguel Alonso, ni mucho menos de manera personal para Guillermo Huízar. El amparo fue concedido a la ex gobernadora no porque se hubieran encontrado irregularidades en el procedimiento de la Contraloría”.

Desde la percepción de la ciudadanía, puntualiza Huízar Carranza, es “muy difícil voltear la tortilla”, es decir, que no vean el caso de Amalia como un fracaso del gobierno en turno, pero “en el ánimo sereno del gobernador Miguel Alonso eso le queda perfectamente claro: no fue un fracaso, porque además la actuación de la Contraloría fue reportada paso a paso al titular del Ejecutivo estatal”

Sin embargo, admite que desde el punto de vista administrativo no hay nada que hacer contra Amalia García, está blindada, “por no decir impune”, sobre las anomalías que cometió durante su gestión. “El amparo otorgado a Amalia no significa que sea inocente, eso hay que decirlo”, remata.

Para Huízar, entonces, el caso no fue un fracaso y tampoco está cerrado, ya que se podría demandar a la ex mandataria por la vía civil, por perjuicio económico, o la vía penal, decisiones que no le corresponde a la Contraloría, órgano que persigue irregularidades administrativas.

Los juicios penales son -en todo caso- terreno de la Procuraduría General de Justicia, y los civiles de la Coordinación General Jurídica, precisa.

No obstante, reconoce que tomar una de esas vías no es fácil, porque el de Amalia “es un asunto que debe llevar consigo una valoración política muy profunda”.

OCHENTA EX FUNCIONARIOS SANCIONADOS

El tránsito de los primeros 24 meses del gobierno de Miguel Alonso no ha sido sencillo, indica el funcionario, al reiterar que Amalia García entregó una administración pública “francamente caótica”, y a la Contraloría ha correspondido tratar de hacer justicia porque “Zacatecas estaba saqueado”.

Afirma: “llegó a tal grado la corrupción que el funcionario que no robaba era tachado de menso; todos roban menos tú. Esa percepción es la que debemos vencer y me parece que vamos por buen camino. No ha sido fácil”.

Durante los primeros meses de este gobierno, rememora, se vivió  una fila interminable de proveedores que presentaban sus facturas y exigían pagos. “A mi me compraron y me deben”, era la frase constante.

“Llegamos al mes de diciembre de 2010 y parecía que nunca iba a terminar la fila, como en efecto no terminó, porque a la fecha sigue el cobro de servicios, aunque de manera más espaciada”, dice.

Informa que tras varias auditorías, a dos años de iniciado el sexenio alonsista, el  resultado es: 80 funcionarios del sexenio pasado sancionados;  tres ex servidores con un procedimiento penal encima, uno de ellos encarcelado (el ex oficial mayor Eduardo Ruiz Fierro) y los otros libres por un amparo (Miguel Guzmán y Salvador Salado), pero sujetos a proceso.

Y una ex gobernadora amparada, blindada por la SCJN, impune pese al manejo opaco de 2 mil millones de pesos del erario, insiste.

Del total de ex servidores públicos sancionados, ninguno llegó con el dinero para pagar la sanción impuesta por la Contraloría; todos se están defendiendo y  los tribunales se abocan a la revisión de cada expediente, ya que el amparo concedido a Amalia García, la protege a ella, pero a nadie más.

“Ninguno se amparó y me parece que en este grupo amplio de ex funcionarios, la sanción va a quedar en firme”, confía Guillermo Huízar.

En la presente administración, agrega el contralor, han sido sancionados 125 servidores, la mayoría por el uso indebido de vehículos oficiales, gracias al operativo permanente de la Contraloría. Las sanciones van de amonestación privada, cuando es primera vez, y a los reincidentes una multa de 3 mil 700 pesos.

Señala que Zacatecas, en percepción de corrupción, está ubicado en el segundo tercio de la lista de las entidades federativas, esto es, entre el lugar 10 y 20, en la media nacional. Sin embargo, no es lo que satisface al gobernador ni a la sociedad, por lo cual es necesario hacer un gran esfuerzo para colarnos a los primeros lugares de combate a la corrupción, subraya.

“El reto es que la población perciba que las medidas anticorrupción, aplicadas por la Contraloría, rinden frutos y que los funcionarios se abstengan de incurrir en irregularidades en el manejo de recursos públicos”.

EN LA MIRA DE LA FEPADE

Otro de los casos polémicos del contralor es la reciente denuncia, en el marco del pasado proceso electoral, de que presionó a trabajadores de la dependencia a su cargo para que favorecieran a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La presunta coacción fue entregada a los medios impresos y electrónicos en un audio.

El caso es ventilado por la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos Electorales (Fepade).

Guillermo Huízar, quien en esa coyuntura renunció a su militancia en el Partido del Trabajo (PT),  rechaza que haya ejercido presión a sus subalternos e informa que ya presentó su declaración, además de que fueron interrogados por el Ministerio Público una “cantidad muy importante” de funcionarios de la Contraloría.

“Por fortuna, como tengo acceso a las indagatorias, por ser el indiciado, todos los testimonios fueron coincidentes: el contralor nunca ha inducido de ninguna manera el voto a favor de partido alguno”.

El expediente sigue abierto, pero en función de los argumentos esgrimidos por los trabajadores, “estoy absolutamente tranquilo, porque sé lo que dije e hice”.

Indica que “el golpe estuvo planeado de manera estratégica para pegarle al corazón del gobierno, ya que el destinatario no era Guillermo Huízar, sino el gobernador; trataron de debilitar la autoridad de su gobierno con dicha grabación”.

LEY DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS

En torno a la problemática de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, luego de que fuera aprobada por sólo 10 diputados locales y después vetada por el gobernador, el contralor señala que es urgente que los legisladores retomen el caso y avalen una nueva normatividad en la materia.

Inmerso en la polémica, acusado de bloquear la iniciativa de la diputada María de la Luz Domínguez, del partido Movimiento Ciudadano, el contralor reafirma que la propuesta tenía deficiencias, las que él se encargó de señalar en su momento.

 “El gobernador Miguel Alonso y diputados de varias fracciones legislativas, se convencieron de que la iniciativa tenía debilidades; entonces vino el debate y se aprobó con 10 votos a favor y 14 en contra, algo kafkiano que se queda para la historia de Zacatecas”.

Pese a las diferencias, confía en que los diputados incluyan en este periodo ordinario la aprobación de la nueva ley, la cual es necesaria con cuatro más para incrementar la eficacia en el combate a la corrupción.

Una de la leyes, la de Transparencia, está ya en marcha y Zacatecas se ubica en los primeros cinco lugares en el concierto nacional respecto a la solidez de su normatividad. Es una asignatura que el gobernador Miguel Alonso ya cumplió, enfatiza.

Otra, referente a la Administración Pública, conocida como reingeniería administrativa, entrará en vigor el 1 de enero de 2013. Una comisión instaladora de la reforma efectúa los trabajos, es una ley muy profunda, no son modificaciones cosméticas, que coloca a la entidad a la vanguardia en este ámbito, dice Huízar

Están pendientes las leyes de Adquisiciones y la de Obra Pública.

“En la medida que Zacatecas concluya esta tarea legislativa, de tener esas cinco leyes modernas, estoy seguro que la percepción de la corrupción va a empezar a ceder, porque entonces será mucho más complicado meterle la mano al cajón sin que se note”, sintetiza el contralor.

¿Se siente seguro en el cargo?

- No estoy aferrado al puesto.