No tomó en cuenta durante este lapso mandatos legales y fallos internacionales

ANAIZ ZAMORA MÁRQUEZ

Cimacnoticias

MEXICO, DF. Con siete años de retraso, la Procuraduría General de la República (PGR) creará el Banco Nacional de Información Genética de Mujeres y Niñas Desaparecidas, mandatado en la legislación mexicana desde 2007 y recomendado por organismos internacionales en reiteradas ocasiones.  
 
La semana pasada, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la PGR dio a conocer la firma de 11 convenios con diferentes entidades federativas, para crear la base de datos e intercambiar información sobre mujeres y niñas desaparecidas en el país.
 
Para el intercambio de información genética se signaron acuerdos con las procuradurías de Justicia de Baja California, Baja California Sur, Colima, Campeche, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, así como con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
 
Llama la atención que el Estado de México no se sumó al acuerdo. Según cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), a diario desaparecen dos mujeres mexiquenses en la entidad, y prácticamente en todos los casos las víctimas son menores de edad.
 
De acuerdo con lo publicado en el DOF, con el Banco Nacional de Información Genética se busca “fortalecer la investigación de los delitos a través del conocimiento científico”, y se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 47 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), promulgada en 2007.
 
En la LGAMVLV se asientan las competencias y obligaciones de diversas dependencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
 
Así, corresponde a la PGR –entre otras tareas– “crear una base nacional de información genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional; la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan; y la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada”.
 
La legislación mexicana no es el único instrumento que ordena a las dependencias del Estado a crear una base de datos.
 
En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) encontró al Estado mexicano responsable de violar los Derechos Humanos de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, cuyos cuerpos fueron encontrados en el paraje conocido como Campo Algodonero, y le ordenó una serie de acciones.
 
En el plazo de un año, a partir de la notificación de la sentencia, México debía crear o actualizar una base de datos con la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, en prácticamente los mismos términos de la LGAMVLV.
 
FLAGELO AL ALZA
 
Organizaciones civiles y expertas han denunciado que la desaparición de mujeres y niñas en la mayoría de los casos está relacionada con la trata de personas con fines de explotación sexual, y muchas de las desapariciones terminan en feminicidio. Además han advertido la carencia de cifras reales sobre este delito.   
 
En meses recientes, Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, informó que la cifra oficial de este sexenio sobre personas desaparecidas llegó a 22 mil 322 personas no localizadas.
 
De ese total, 12 mil 532 corresponden al sexenio anterior (2006-2012), y 9 mil 790 a la administración actual de Enrique Peña Nieto. Las cifras no están desagregadas por sexo en cada entidad. 
 
Según una investigación reciente publicada en el Semanario Zeta de Tijuana, Baja California, desaparecen en promedio en ese estado 10 mujeres al mes, y tan sólo en 2013 se tuvo el reporte de 702 personas no localizadas.
 
En tanto, en el informe ciudadano “¡Justicia ya! Feminicidio y violencia contra las mujeres en Oaxaca a dos años del gobierno de la alternancia 2011-2012”, se asentaron 49 desapariciones de mujeres en esos años en la entidad.
 
En Puebla, la Procuraduría estatal ha informado de la desaparición de 215 mujeres de enero a junio de 2014, de las cuales 112 seguían sin ser localizadas en octubre. En Tabasco, entre 2007 y 2011 desaparecieron 178 mujeres, de acuerdo con datos oficiales.
 
La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), ha señalado que en los últimos cinco años hubo un “incremento drástico” en las desapariciones de mujeres, niñas, niños y adolescentes, de quienes aproximadamente 60 por ciento son menores de edad.
 
Agrega que las desapariciones de menores de edad ocurren para llevar a las víctimas a las redes de trata de personas, trasladarlas a otro estado, donde finalmente son asesinadas, y al no tener un registro de las víctimas no son identificadas.
 
CATWLAC recuerda que en junio de 2012, la PGR reveló que los restos de más de 25 mil personas asesinadas y ejecutadas entre diciembre de 2006 y septiembre de 2011 fueron enviados a fosas comunes por no haber sido identificados por las autoridades, ni reclamadas por algún familiar.
 
Norma Andrade, fundadora de la organización civil Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dijo a Cimacnoticias que la problemática de desaparición, feminicidio y no identificación se agrava en estados fronterizos, como Chihuahua.
 
Explicó que han conocido casos de mujeres cuyos restos fueron encontrados en Ciudad Juárez, pero que no lograron ser identificados. “No sabemos que les pasó, si las llevan a ser explotadas sexualmente, y cuando ya ‘están muy vistas’ las asesinan”, indicó.
 
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, señaló que mediante el trabajo documental y de acercamiento a las víctimas se ha logrado identificar que las desapariciones, principalmente las que ocurren en el Edomex, siguen un patrón de redes de trata.
 
“Son mujeres cada vez más jóvenes, incluso de nueve años de edad, por lo que lo único que se puede pensar es que son ‘levantadas’ para ser vendidas. Nos hemos enterado de que una niña mexicana tiene un valor de miles de euros”, alertó.
 
La activista señaló que es indispensable crear un cuerpo especializado en búsqueda de mujeres que conozca el contexto de violencia, y que se eliminen las 72 horas de requisito para iniciar la búsqueda de una joven.