Son la cuarta parte de la población en tránsito por México, señalan activistas

ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA

Cimacnoticias | México, DF.

Activistas agrupadas en el Colectivo de Defensores de Migrantes y Refugiados (Codemire) denunciaron que como consecuencia del excesivo control migratorio que se desprende del Plan Frontera Sur la población migrante en tránsito por México es víctima de delitos incluso por parte de las autoridades migratorias.

En conferencia de prensa hoy en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en esta capital, 28 organismos civiles que conforman el Codemire advirtieron que el 25 por ciento de la población migrante afectada por esa situación son mujeres.

Insistieron además en rechazar los operativos de vigilancia migratoria que se desprenden del Plan Frontera Sur, programa que anunció el Ejecutivo federal el 7 de julio de 2014 en el estado de Chiapas, pero cuyas acciones aún no son públicas.

Como parte de ese plan –informó el Codemire–, se inició un despliegue policiaco y militar supuestamente para “proteger y salvaguardar los Derechos Humanos (DH) de las personas migrantes que ingresan y transitan por México”, y “mantener la seguridad en vías ferroviarias”, según planteó Enrique Peña Nieto al anunciar la medida.

Sin embargo, en comparación con 2013, las organizaciones civiles que defienden a la población migrante documentaron que durante 2014 se incrementó hasta 47 por ciento, entre mujeres y varones, el número de personas detenidas por las autoridades migratorias.

Además, de marzo de 2013 a diciembre de 2014 se observó que el 63 por ciento de las personas migrantes en México fueron víctimas de algún delito durante su tránsito, 25.1 por ciento de esta población fueron mujeres, y 20 por ciento tenía menos de 20 años de edad.

También informaron que las entidades del país donde se registró el mayor número de delitos fueron Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas; y las personas afectadas denunciaron que fueron víctimas de trata, secuestros, extorsión, amenazas, explotación sexual y laboral, y que fueron testigos de ejecuciones y otros actos violentos.

De acuerdo con Leticia Gutiérrez, de la Misión para Migrantes y Refugiados, el Plan Frontera Sur no sólo impide el acceso a un tránsito digno de la población migrante, sino que también niega que ésta acuda a la red de refugios para ser atendida.  

Las y los activistas aseguraron que el Plan Frontera Sur afecta a mujeres y menores de edad que, en muchos de los casos, emigran de forma forzada porque en sus lugares de origen fueron víctimas de delitos.

Prueba de esto es que las principales razones para salir de su país de origen fueron –según señaló la población migrante a las y los activistas– la pobreza extrema, la violencia del crimen organizado, y la necesidad de huir de la explotación de las compañías mineras.

Para evitar ser detenidos por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), las y los migrantes están cambiando de rutas, lo que les implica más riesgos, gastos económicos y obstáculos en su trayecto.

Un botón de muestra es que de acuerdo con el testimonio de las y los migrantes, el trayecto de la frontera sur a Oaxaca puede llevarles ahora hasta un mes.

Los operativos por el Plan Frontera Sur han incrementado la inseguridad y la vulnerabilidad para las personas migrantes, quienes enfrentan extorsión de autoridades policiales, el INM, la Marina y el Ejército, además de privación ilegal de la libertad, secuestro, violaciones y ataques del crimen organizado.

Como parte del Plan Frontera Sur se reforzó la línea divisoria con Centroamérica y se desplegaron múltiples operativos de verificación migratoria por parte del INM a bordo de autobuses, caminos carreteros, tren de carga y centrales camioneras.

No obstante, las organizaciones civiles denunciaron que las políticas migratorias son deficientes y que, además, las subsecretarías de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y la de Derechos Humanos –ambas de la Secretaría de Gobernación (Segob)– continúan sin titular.

A su vez, no existe una cooperación bilateral entre los gobiernos de los países centroamericanos y México.

Las organizaciones civiles anunciaron que con el Plan Frontera Sur se registró un aumento en los actos de corrupción e impunidad por parte por las autoridades migratorias, además de la colusión de los agentes migratorios con las policías federales y estatales con traficantes de personas (“coyotes”).

Las y los activistas pidieron al gobierno federal que brinde seguridad y protección a las personas migrantes que transitan por México independientemente de su situación migratoria, que cesen los operativos de verificación migratoria que vulneran la vida y los DH de las personas migrantes.

También exigieron que se frene el Plan Frontera Sur por las “incongruencias” que existen entre sus objetivos, líneas estratégicas y las acciones implementadas; y que ningún plan de esa magnitud vuelva a ser operado sin la revisión de la sociedad.
  
Consultado al respecto de la denuncia de organizaciones civiles contra el Plan Frontera Sur, Omar de la Torre de la Mora, titular de la Unidad de Política Migratoria (UNP) de la Segob, se negó a hablar del proyecto bajo el argumento de que no es su coordinador.

El funcionario –entrevistado al cierre de la presentación de la campaña “Te acompañamos”, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)– aseguró que lo único que sabe al respecto es que este programa tiene como fin coordinar las acciones en la frontera sur para la atención migratoria, y que uno de sus ejes es la seguridad de las personas en tránsito, el otro era la ordenación territorial y el tercero es el desarrollo.

Dijo que está a la espera de que el programa reporte sus acciones de ejecución para luego compararlos con el Programa Especial de Migración (PEM), a fin de determinar cómo contribuye al respeto de los DH de esta población.