Problemas en salud reproductiva y explotación laboral
Cimacnoticias | Valle de San Quintín, BC.
Cuando la líder jornalera Lucila Hernández estuvo en días recientes en la Ciudad de México, para exponer ante las y los legisladores federales las condiciones de explotación que viven en esta zona, lo primero que pidió fue que se construyera un hospital de especialidades.
“Es que eso urge”, dijo Lucila cuando relató a Cimacnoticias el caso de tres personas (dos mujeres y un recién nacido) que murieron durante los últimos dos años en el trayecto del rancho “Los Pinos” –su comunidad– al centro de la ciudad de Ensenada, a cuatro horas de distancia en autobús.
Las dos mujeres fallecidas necesitaban ser atendidas por un especialista para urgencias médicas o complicaciones durante el embarazo, pero a falta de servicios adecuados tuvieron que trasladarse en ambulancia (sólo las derechohabientes), coche particular o hasta en autobús, para recorrer los 170 kilómetros de distancia que las separa de la cabecera municipal de Ensenada.
Y es que en este Valle, con una población que supera las 80 mil personas y con 43 mil hectáreas de superficie agrícola, sólo hay dos pequeñas clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una del Seguro Popular (SP), y un hospital que no atiende especialidades.
La misma Lucila, indígena mixteca que exigió a funcionarios federales que apoyen su lucha para abolir la explotación en el campo, enfrentó un calvario durante más de un año para atender un padecimiento de miomas en los ovarios.
Lucila, que reside en el Valle desde hace 30 años, relató que esa enfermedad “la arrancó” del campo, a donde no ha de volver aunque sane, aseguró.
Un asiento de escritorio le serviría como silla de ruedas durante un año mientras se reponía de la fuerte infección en los intestinos que le originó el mal tratamiento y la insensibilidad y negligencia –acusó– de un médico del SP que aún sigue en funciones.
A decir de su nuevo médico (un especialista particular que la atiende gratuitamente gracias a la intervención de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), si la mujer no hubiera llegado a Ensenada a pedir ayuda especializada ahora tendría cáncer.
Por el costo de los traslados y los medicamentos, la enfermedad de Lucila consumió los ahorros de su familia y las pequeñas ganancias de una tienda de abarrotes que levantó con un préstamo, pero que ya cerró. Ahora ella duerme en el suelo en un petate.
La mujer, originaria de Oaxaca, está acostumbrada a ser líder, a gestionar mejoras comunitarias y a no obedecer a nadie, por eso nunca ascendió a “mayordoma” en los campos agrícolas ni conservó por varios años un mismo empleo.
La ahora presidenta de su comunidad lucha porque dos de sus vecinas, ambas jornaleras, reciban la atención y los recursos económicos que necesitan para atender los padecimientos relacionados con la salud reproductiva, comunes entre las mujeres mayores de 40 años de edad que habitan en el Valle.
“LAS CASITAS”
Mientras caminaba por el rancho “Los Pinos”, también conocido como “Las Casitas”, Lucila levantaba polvo de estas calles alineadas por varias casas construidas con materiales de desecho, y señalaba a las niñas y niños que esperaban solos a que su mamá y su papá regresaran del campo tras cumplir su jornada laboral de nueve horas.
Lucila se detuvo frente a un cuarto verde de cemento de no más de 20 metros cuadrados. A diferencia de los otros terrenos, en el patio de esta casa no florece la manzanilla.
“Ahí vivía Enedina Muñoz; murió a los 40 años de edad porque le colapsaron los riñones mientras la llevaban en ambulancia hasta Ensenada”, contó Lucila. Le sobreviven sus dos hijos y su esposo.
La misma suerte corrieron Leonila mientras estaba en labor de parto a bordo de un coche particular, y un recién nacido que murió de regreso a la comunidad en autobús porque le entró polvo a sus pulmones.
En una casa con techo y paredes de lámina vive Maura, la mujer de 48 años que padece quistes en los senos y que no habla de su padecimiento porque le avergüenza.
Maura es de Sinaloa y tiene más de tres años lidiando con el médico del Valle, porque aún no recibe un tratamiento que la alivie.
En otra de las calles está la casa de Rosario, que cada martes deja a sus tres hijos y su esposo carpintero –con parálisis en las piernas provocado por un accidente de trabajo– para irse hasta Ensenada a sus citas médicas.
Maura empezará con quimioterapias en próximos meses, para lo que tendrá que viajar hasta Tijuana, a seis horas del Valle en dirección hacia el norte.
Luego de platicar con el esposo de Rosario, Lucila se encontró a Hilda, una mujer de 42 años que camina con dificultad entre el polvo y las piedras de estas calles.
Hilda está enferma de las rodillas; ya fue operada de una de ellas y ahora toma un mar de medicamentos. La inyectan cada semana para que no se le hinchen ni le duelan, y aunque necesita una segunda operación teme que ésta le impida volver a caminar para siempre.
Por el constante dolor en sus articulaciones, Hilda –que en ese momento regresaba del campo– no terminó la pizca de la mora que a diario debe realizar en seis surcos de 100 metros cada uno. Aunque se llevó toda la mañana de rodillas, la mujer sólo ganó 60 pesos.
PÉSIMA ATENCIÓN EN SALUD
Uno de los principales impedimentos para que todas las jornaleras reciban atención adecuada es que muchas de ellas carecen de seguridad social por falta de documentos como el acta de nacimiento.
La Casa de la Mujer Indígena (Cami), una organización civil que defiende los derechos de las mujeres en San Quintín, ha insistido a los gobiernos de los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, que realicen campañas que permitan a sus paisanos tramitar sus papeles.
En un estudio realizado en 2010 por la Cami, sólo 27 por ciento de 419 mujeres que fueron entrevistadas estaban afiliadas al IMSS; y según datos recientes que dieron directivos de la institución en las recientes negociaciones con las y los jornaleros, de una población trabajadora que podría superar las 80 mil personas, sólo 17 mil están afiliadas al Seguro Social.
Algunas jornaleras consultadas comentaron que el trámite del acta de nacimiento es casi imposible para las oriundas de Guerrero, ya que el gobierno estatal se niega a facilitarlo y porque el Registro Civil en Ensenada les pide 350 pesos por persona, para realizar el trámite, sin que esto les asegure que tendrán los documentos.
Irene Herrera Verduzco, trabajadora social del IMSS en San Quintín, dijo a Cimacnoticias que luego de que inició el paro de labores en el campo en marzo pasado, el personal sanitario tiene la orden de no regresar a ningún paciente por el sólo hecho de no tener dinero para pagar una foto que exige su registro.
“Nunca habíamos tenido tanta gente”, expresó Herrera. “Es que siempre se les ayuda, pero si ahora no tienen para pagar una copia o una foto, yo hablo con la de la papelería para que se las deje más barata”, explicó.
Además, un hospital de especialidades es “urgente”, coincidió Irene con Lucila, porque todos los días se usan las ambulancias para llevar a las mujeres del Valle hasta Ensenada.
Sin dar cifras porque “no están a la mano”, la trabajadora dijo que el principal padecimiento por el que las jornaleras buscan atención es la lumbalgia, dolores en articulaciones y accidentes en el trabajo como heridas, esguinces, fracturas, picaduras de abeja, cuerpos extraños en los ojos, o choques de automóviles en el trayecto al campo.
Y en el área de ginecología las mujeres acuden con más frecuencia por cáncer cérvico uterino, embarazos de alto riesgo, miomas o quistes, e infecciones en la matriz.
La trabajadora social señaló que si bien no se han realizado estudios al respecto, los químicos y fertilizantes que se usan en los ranchos podrían estar vinculados con los padecimientos de las jornaleras; sin embargo, ya se “está trabajando para que se dejen de usar los productos químicos”, aseguró.
La empleada dijo que las ambulancias del IMSS están a disposición de las trabajadoras y que en caso de emergencia médica, los vehículos irán hasta los centros de trabajo para llevarlas a Ensenada.
No obstante, mientras la trabajadora social concedía la entrevista se vio obligada a explicar a los familiares de una paciente de psiquiatría que su cita médica –prescrita como urgente– tendría que postergarse hasta el próximo mes por falta de espacio en la agenda, y por falta de una ambulancia que la lleve hasta el consultorio.
