Agentes de Estado cometen violencia sexual al disolver protestas
Cimacnoticias | México, DF.-
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) a investigar de oficio todas las denuncias sobre torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, o cualquier situación donde haya una razón fundada para creer que se cometió un acto de tortura.
A propósito del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que se conmemora este 26 de junio, la CIDH observó con preocupación que la tortura es una práctica que persiste en la región, y por ello el organismo se unió a las organizaciones civiles que este año focalizaron la conmemoración en el derecho a la rehabilitación de las personas sobrevivientes.
En un comunicado, la comisionada Tracy Robinson, relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Mujeres, expresó su preocupación por el uso de la violencia sexual como método de tortura.
“Hemos recibido información alarmante sobre casos de violencia sexual por parte de agentes del Estado contra personas detenidas en el marco de operativos para disolver protestas. La violencia sexual también se ha utilizado en contextos de conflicto armado, crimen organizado y trata de personas. Es necesario adoptar medidas urgentes para abordar este grave problema”, exhortó.
En México desde 2014, 19 mujeres víctimas de tortura sexual se agruparon en la campaña “Rompiendo el silencio: todas juntas contra la tortura sexual”, para visibilizar el patrón sistemático de este crimen en el país.
Las impulsoras de la campaña son las 11 sobrevivientes de tortura sexual en los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México.
A ellas se sumaron las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes en 2002 fueron torturadas sexualmente por militares en el estado de Guerrero; Claudia Medina Tamariz, veracruzana torturada por la Marina en 2012; y Belinda Garza Melo, torturada por la Policía Federal Preventiva en 2007 en el estado de Coahuila.
Asimismo, otras sobrevivientes son Verónica Razo, torturada por la Policía Federal en 2011 en la Ciudad de México; Miriam López, violentada por militares en febrero de 2011 en Baja California; Cristel Piña Jasso, sobreviviente de tortura sexual a manos de la Policía Estatal Única de Chihuahua en 2013; y Yecenia Armenta Graciano, torturada en 2012 en Sinaloa.
A su vez, en marzo de 2015 el relator especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez, presentó un informe sobre México en el que confirmó que las mujeres que son detenidas pueden ser víctimas de desnudez forzada, insultos, humillaciones verbales, manoseos y violación sexual reiterada y por varias personas.
La actual presidenta de la CIDH, Rose Marie Antoine, dijo que la tortura deshumaniza y destruye la dignidad de las víctimas como seres humanos, “infligiendo lesiones que pueden prevalecer por siempre si no reciben un tratamiento adecuado a través de la rehabilitación. Es fundamental el acceso a una rehabilitación integral que ayude a sanar los efectos tanto físicos como psicológicos de la tortura, brindando a las víctimas la posibilidad de reconstruir su vida”.
Por su parte, el comisionado James Cavallaro, relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, dijo que es preocupante que haya Estados que intentan justificar la práctica de la tortura con argumentos sobre amenazas a la seguridad nacional, sobre la necesidad de obtener información en el marco de investigaciones, o para evitar un atentado.
Asimismo, el relator Cavallaro abundó: “Resulta inaceptable en una democracia la negación de la existencia de la práctica de la tortura o declaraciones de autoridades que intentan reducir la verdadera presencia de la misma. La única reacción adecuada de un Estado democrático de Derecho es investigar toda denuncia o información sobre la posible práctica de un acto de tortura, y sancionarlo de acuerdo con la ley”.
La CIDH se sumó a la campaña de organizaciones civiles que trabajan en el tema, y que decidieron focalizar este día internacional en el derecho a la rehabilitación, urgiendo a los Estados a garantizar en sus normas que las víctimas tengan medidas de reparación, que brinden atención adecuada a los padecimientos físicos y también psicológicos.
