Gobierno federal y de BC, sin intención de cumplir acuerdos
ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA
Cimacnoticias | México, DF.
Las y los jornaleros del Valle de San Quintín, al sur de Ensenada, en el estado de Baja California (BC), dicen desconocer cuándo el Gobierno federal iniciará inspecciones en los centros de trabajo agrícolas, dará seguridad social a toda la población jornalera, y cumplirá con el resto de compromisos para garantizar atención médica especializada y guarderías para las trabajadoras.
Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacionales, Estatales y Municipales por la Justicia Social, dijo a Cimacnoticias que para la primera semana de este mes de julio está prevista una reunión con autoridades federales y de BC, para que rindan cuentas sobre los avances en los acuerdos con la población jornalera.
El pasado 4 de junio se celebró la tercera reunión entre el movimiento jornalero de San Quintín, autoridades federales y estatales y un grupo de legisladores, entre ellos la senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) Angélica de la Peña Gómez, para concretar compromisos por el respeto a los Derechos Humanos (DH) y laborales de las y los trabajadores del campo.
Como resultado de esas reuniones, se estableció un aumento salarial de 150, 165 y 180 pesos (según la capacidad de producción de cada centro agrícola); así como dar continuidad a los 13 acuerdos del 24 de mayo sobre realizar inspecciones para recoger denuncias sobre violencia sexual contra jornaleras; inscribir a toda la población trabajadora de San Quintín al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); y crear un fideicomiso para la construcción de un hospital de especialidades y guarderías, entre otros.
No obstante, hasta el cierre de esta edición la Secretaría de Gobernación (Segob) y el gobierno de BC no se habían comunicado con el movimiento jornalero, para definir fecha exacta de la próxima reunión en la que se habrían de exponer los avances.
Sánchez Gabriel se mostró preocupado porque hasta ahora no hay avances visibles en el cumplimiento de ninguno de estos puntos, en especial para integrar a toda la población de San Quintín al IMSS, ya que varias personas trabajadoras le han expresado que aún no cuentan con este registro.
El jornalero detalló que tampoco se han iniciado las inspecciones en los centros de trabajo –para detectar violaciones a DH y violencia de género–, las cuales realizaría la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en compañía de integrantes de la Alianza.
Al respecto, informó que el movimiento jornalero ya acudió personalmente a la subprocuraduría del Trabajo en San Quintín, para cuestionar qué día se realizarán las inspecciones; pero ahí se les dijo que no había información al respecto.
Las y los voceros también acudieron ante la Procuraduría del Trabajo de BC, en Ensenada, donde se les negó la posibilidad de hablar con autoridades de la dependencia.
Las y los jornaleros también señalaron que desconocen los avances para la creación de un fideicomiso con el que se costeará la construcción de un hospital de especialidades médicas y de guarderías para las madres jornaleras.
A ello se suma que el gobierno de BC incumplió –según dijeron– el compromiso de realizar una reunión el pasado 15 de junio con las y los jornaleros para detallar los avances en la construcción de obras públicas, para el abasto de servicios básicos para la población indígena de la región.
Sánchez Gabriel calificó los incumplimientos como una “falta de comunicación y coordinación” por parte de las autoridades estatales y federales, que –consideró– están atrasando el proceso por el que las y los jornaleros tendrían derecho a una pensión y a la atención médica gratuita.
IGNORAN INTIMIDACIÓN A VOCERA
En otro tema, Lucila Hernández, integrante del movimiento jornalero y vocera de las demandas de la población femenina, dijo a esta agencia que el Ministerio Público (MP) de San Quintín no ha mostrado avances sobre la denuncia que ella presentó el pasado 19 de mayo, luego de que un día antes desconocidos lanzaron piedras de gran tamaño contra las ventanas de su casa.
La denuncia consta en el expediente 809/15/306/AP. Hernández detalló que a más de un mes de los hechos aún se desconoce el origen de la agresión y no se han señalado responsables, además de que peritos del MP tardaron más de 24 horas en llegar a su domicilio tras la denuncia.
A lo anterior se agrega que ayer la vocera de las mujeres jornaleras tenía prevista una cita en la subprocuraduría de zona de la Procuraduría General de Justicia de BC, para que se le informara de los avances de su caso, pero nunca se le atendió, contó.
