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En el caso de niñas y adolescentes, la cifra se triplicó en 2014, denunciaron organizaciones civiles

 

ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA

Cimacnoticias | México, DF.

Organizaciones civiles que defienden los derechos de la población migrante en México advirtieron que en 2014 fueron detenidas en estaciones migratorias 28 mil 693 mujeres sin documentos de estancia legal; entre ellas, 8 mil 228 niñas y adolescentes.

En esta capital, grupos civiles defensores de la población migrante –como Sin Fronteras– presentaron el informe “Derechos cautivos”, sobre la situación de las personas migrantes y sujetas a protección internacional en los centros de detención migratoria.

De acuerdo con el documento, en 2014 el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 127 mil 149 detenciones, lo que representó 47 por ciento más que en 2013, año en el que hubo 86 mil 298 encierros de personas, de las que 14 mil 73 eran mujeres y de ellas, 2 mil 700 eran niñas y adolescentes.

Esto quiere decir que de 2013 a 2014 se incrementó en más del doble el número de detenciones de mujeres migrantes en estaciones del INM; y en el caso de las personas menores de 18 años la cifra se triplicó.

A los datos se suma que activistas prevén que para 2015 el número de personas detenidas aumente a 200 mil, ya que sólo durante los primeros cuatro meses del año se tienen registradas 62 mil 274 detenciones.

Joselin Barja Coria, investigadora y autora del informe, detalló en breve entrevista que las mujeres migrantes detenidas en las estaciones migratorias atraviesan por situaciones que pueden ser más degradantes que las que viven sus pares varones.

Esto porque tardan en recibir o se les niegan enseres de limpieza personal que requieren durante su periodo menstrual, y si son detenidas con sus bebés, las mujeres no reciben pañales.

Además, la experta precisó que los agentes de seguridad cometen contra ellas vejaciones sexuales a cambio de facilitarles algún servicio.

La investigadora señaló que en general los agentes del INM carecen de la suficiente capacitación para atender a población vulnerable, y que desconocen o no aplican los protocolos internacionales en materia de Derechos Humanos (DH) y enfoque de género.  

Además, las migrantes detenidas que presentan embarazos, así como las que huyen de la violencia de género en sus comunidades de origen y las que sufrieron agresiones sexuales en su tránsito por México, no reciben la atención médica y psicológica especializada que requieren.

Barja Coria observó que las estaciones migratorias están recibiendo más recursos federales, los cuales se utilizan para ampliar la infraestructura de los mismos en lugar de capacitar al personal.

Al respecto, Diego Lorente, investigador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, señaló que el aumento de las detenciones de la población migrante es consecuencia de la implementación del Plan Frontera Sur, una política federal que a pesar de la insistencia de la sociedad civil no ha rendido cuentas sobre su accionar, pero ya ha desplegado fuertes operativos migratorios en las entidades colindantes con Guatemala y Belice.

El experto apuntó que además de las detenciones, el INM reportó un alza en las deportaciones masivas de personas migrantes –incluyendo menores de edad–, ya que si hace cuatro años salían de México cada semana entre cuatro y cinco camiones con personas migrantes, ahora se han observado hasta ocho autobuses.

Lorente también criticó que las y los funcionarios no acatan los protocolos para detectar casos que requieran de la protección internacional, a pesar de que “nos encontramos en un momento en el que el ‘triángulo norte’ de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) se está desangrando” por la violencia.

Destacó que en las estaciones migratorias las personas enfrentan hacinamiento, discriminación y violencia, ya que incluso se han documentado casos de tortura por parte de agentes.

También lamentó que los salones destinados al personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos siempre estén vacíos y que, en consecuencia, este órgano no haya reportado el conjunto de violaciones a DH que enfrenta la población migrante.

Y advirtió que para las organizaciones civiles ha sido muy difícil documentar la situación particular que atraviesan las mujeres, toda vez que se les impide el acceso a la totalidad de las instalaciones de las estaciones migratorias, y se les permite hablar principalmente con los varones.

Como parte del monitoreo que realizó la sociedad civil se encontró que las personas migrantes detenidas por agentes de migración son llevadas con violencia y desinformación a las estaciones migratorias, que en su mayoría son estancias reducidas que dividen a la población por sexo.

En el caso de las personas solicitantes de refugio, éstas no reciben el apoyo consular de sus países y el personal del INM no les brinda la información suficiente o las intimida para hacerlas desistir de su propósito.

Además, las personas migrantes son obligadas a pasar varios meses en los centros de detención (con sólo una muda de ropa) hasta que finalmente son deportadas.

Se añade que –según los testimonios recabados– las personas duermen sobre bancas de cemento, frente a lámparas encendidas y con un fuerte aire acondicionado.

En todo el país operan 59 centros de detención, 32 de ellos son estaciones migratorias y 15 son estancias temporales que repiten los esquemas de la detención pero en espacios más reducidos.

No obstante, en meses recientes activistas documentaron que día a día se están habilitando más estancias provisionales para recibir a la población migrante, por lo que tan sólo en 2013 se habilitaron 120 estancias provisionales en 14 entidades.

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