En Guerrero, 3 de los casos; ineficaz norma para dar protección

ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ

Cimacnoticias | México, DF.

La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Mecanismo del mismo nombre son insuficientes para salvaguardar la integridad y la vida de las personas que defienden causas sociales e informan a la sociedad, ni tampoco para prevenir agresiones.

Ésa es la conclusión de una red de 20 organizaciones civiles que surgió en 2008 ante la necesidad de contar con un mecanismo de protección, y que este martes presentará el informe “Espacio OSC para la protección de personas defensoras y periodistas”, en el Claustro de Sor Juana, de esta ciudad.  

Al hacer un balance de la ley, promulgada en junio de 2012, las agrupaciones asientan en el informe que no se ha generado un ambiente adecuado para el ejercicio de la defensa de los Derechos Humanos (DH) y la libertad de expresión, a pesar de la aparente disposición del gobierno mexicano.

A decir de Espacio OSC, integrado por los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Tlachinollan, Asociadas por lo Justo, Reporteros Sin Fronteras, Comunicación e Información de la Mujer y Artículo 19, entre otras agrupaciones, las deficiencias observadas en el funcionamiento del Mecanismo arrojan dudas sobre la voluntad política y el respaldo del más alto nivel, ambos necesarios para su efectividad.

En el reporte, Espacio OSC analizó 59 casos (19 colectivos y 40 individuales) ocurridos en 21 estados del país que fueron presentados al Mecanismo desde su instalación hasta noviembre de 2014; casos que son acompañados por ocho organizaciones y que en total protegen aproximadamente a 140 personas.

Se analizó el funcionamiento del Mecanismo ante esos casos y se encontró que los incidentes relativos a organizaciones o comunidades indígenas defensoras de la tierra y el territorio no han sido admitidos, y sólo se han brindado medidas de carácter individual para algunas personas.

Por otro lado, entre los casos analizados se detectó que, en promedio, una persona sufría tres episodios de agresión antes de solicitar su incorporación al Mecanismo, lo cual significa que cuando las personas acuden a éste enfrentan ya una situación de gravedad que requiere atención inminente.

En tal contexto, las organizaciones señalan que es necesario seguir monitoreando su funcionamiento y exigir la plena implementación de las disposiciones de la ley, y poner atención en la falta de recursos y las dificultades de contar con personal capacitado.

Entre las deficiencias del funcionamiento del Mecanismo, el informe señala que las solicitudes que requieren medidas urgentes no reciben suficiente atención, además de que las medidas otorgadas difícilmente sirven para encarar riesgos inminentes para la vida, integridad y libertad de las personas beneficiarias.

Asimismo, en ocasiones, los criterios de la ley para determinar si un caso merece atención ordinaria o urgente no son seguidos por el personal del Mecanismo, lo cual genera situaciones de riesgo y desprotección, a la par que se suma la falta de capacitación y conocimiento de la realidad que enfrentan las personas defensoras.

En este contexto, activistas y periodistas deben afrontar riesgos y en ocasiones incluso desistir de su trabajo o abandonar sus hogares, como único medio efectivo de protección frente a la incapacidad de las autoridades para brindarles protección.

ASESINATOS

Ante la falta de medidas de protección eficaces, de junio de 2012 a mayo de 2014 se registraron 34 personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente, entre ellas cuatro mujeres.

Estos casos son el Manuela Martha Contreras Solís, quien fuera integrante de la organización chihuahuense El Barzón, una agrupación que según el informe ya había sido agredida por los grupos de apoyo de funcionarios del estado y que hasta antes de morir defendía el derecho al agua. Fue asesinada el 22 de octubre de 2012. 

Otro caso es el de Juventina Villa Mojica, ultimada el 28 de noviembre de 2012 en el estado de Guerrero por encabezar a 45 familias de la Laguna que huían del acoso de grupos paramilitares y talamontes, además de que era dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPyCC), que desde 1988 ha sido hostigada.

En Guerrero también fue asesinada Rocío Mesino Mesino el 19 de octubre de 2013 al parecer por realizar actividades político-sociales a través de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que agrupa a más de cinco mil campesinos y jornaleros.

También está el asesinato de Ana Lilia Gatica Rómulo, quien fuera asesinada el 10 de noviembre de 2013 también en Guerrero, presuntamente como un mensaje para la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), organización a la que pertenecía.