Extorsión, robo, abuso sexual, desaparición, trata, feminicidio...

ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA

Cimacnoticias | México, DF.

Cada mes la prensa de los estados del sur del país reporta el asesinato de entre cuatro y cinco mujeres migrantes en la frontera con Guatemala, quienes presuntamente son ultimadas por sus parejas sentimentales, el crimen organizado y agentes de seguridad, y muchas de ellas durante su tránsito por el corredor Huehuetenango-Comitán.
 
Así lo denunciaron hoy más de 36 organizaciones civiles que integran la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración, así como Formación y Capacitación (Foca), durante la presentación en el Instituto Simone de Beauvoir, en esta capital, de la “Cartografía de las mujeres en la migración”, una investigación sobre las características del tránsito irregular de esta población.
 
Diana Damián Palencia, directora de Foca y coordinadora general del estudio, señaló que se logró constatar con diversas evidencias que el corredor que atraviesa de Guatemala al estado de Chiapas (Huehuetenango-La Mesilla-Comitán) representa diversos riesgos para las mujeres, entre ellos que sean víctimas de extorsión, robo, abuso sexual, desaparición, cooptación para la trata de personas, y feminicidio.
 
No obstante –advirtió la activista– este corredor tiene diversos “puntos ciegos” (zonas de tránsito irregular sin vigilancia de la autoridad migratoria) por donde cruzan las mujeres migrantes –cada vez más jóvenes– que vienen de Centroamérica a México para trabajar, reunirse con su familia o porque huyen de la violencia en sus países de origen.
 
En breve entrevista con Cimacnoticias, Diana Damián dijo que se desconoce el número total de cuerpos de mujeres que han sido hallados en ese corredor, ya que algunos son abandonados del lado de Guatemala y otros del lado mexicano, lo que complica su registro; además, es difícil la localización de algunos restos que fueron enterrados, acotó.
 
Sin embargo, abundó, los grupos civiles están al tanto de las notas periodísticas publicadas en Chiapas y el norte de Guatemala que reportan cada mes el asesinato de cuatro o cinco mujeres migrantes, muchas de ellas abandonadas en un camino terregoso conocido como “Gracias a Dios”, ubicado entre el municipio de Frontera Comalapa (en Chiapas) y el departamento (estado) de Huehuetenango, en Guatemala, donde además de restos de migrantes se han encontrado prendas y zapatos.
 
De acuerdo con esas notas periodísticas, la forma en que las migrantes son ultimadas y abandonadas en la frontera sur del país revela signos de violencia feminicida, perpetrada por policías federales, el crimen organizado o por sus propias parejas, cuyos asesinatos son reportados como “crimen pasional”.
 
Las especialistas aseguraron que la ruta de la zona centro –que abarca las comunidades de Guacamayas, Las Espuelas, El Jocote, Agua Zarca y Palmira, todas en Chiapas– es la “más riesgosa” para las migrantes, ya que las personas que habitan estas poblaciones son “poco solidarias” con las mujeres, a quienes estigmatizan, niegan el empleo o entregan al crimen organizado.

La zona sur (que pasa por Tectitán, en Guatemala, hasta Arriaga, en Chiapas) y la norte (que pasa por la localidad guatemalteca de Santa Cruz Barillas al municipio chiapaneco de Palenque) representan menos riesgos para esta población, apuntaron las activistas.

Sin embargo, en esas zonas también prevalecen (aunque de forma más encubierta) las llamadas “cuidadoras”, mujeres cooptadas por el crimen organizado para impedir que escapen las víctimas de trata.

Las expertas destacaron que las mujeres migrantes, a diferencia de sus pares varones, no acostumbran viajar en el tren de carga conocido como “La Bestia”, sino que transitan por el corredor Huehuetenango-Comitán a pie, en autobuses, taxis o combis, cuyos conductores las extorsionan o les roban.

Las mujeres llegan a pagar como mínimo hasta 7 mil dólares (115 mil 150 pesos mexicanos) por todo el traslado, sin que esto garantice que lleguen sanas y salvas a sus destinos.

A fin de sobrevivir a las diversas violencias durante su tránsito, las migrantes han estrechado la comunicación con otras mujeres de sus comunidades de origen para informarlas sobre los posibles riesgos.

A la par, algunas personas mexicanas, como las llamadas “protectoras”, prestan alojo y brindan comida a las migrantes como un gesto solidario.

En el corredor Huehuetenango-Comitán no existen centros de Derechos Humanos (DH) que defiendan a las migrantes y, por el contrario, las autoridades y los medios de comunicación mantienen “invisibilizadas” estas zonas, por lo que la violencia contra ellas ocurre generalmente “sin testigos”.

Damián Palencia observó que si bien esta situación ha prevalecido por años, desde la instauración en julio de 2014 del Plan Frontera Sur –que endureció la política migratoria con acciones de control y detención– se están vulnerando aún más los derechos de las migrantes, quienes eligen las rutas más peligrosas para evadir los puntos de inspección, control migratorio y a las bandas del crimen organizado.

Se suma que las mujeres también son víctimas de extorsión por parte de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal –que empezó a desplegarse con mayor auge con la entrada en vigor del Plan Frontera Sur–, que les piden documentos y les cobran “cuotas” para dejarlas continuar su tránsito.

Prueba de ello es que en 2014 el INM registró 127 mil 149 detenciones de personas migrantes (47 por ciento más que en 2013), de las que 14 mil 73 eran mujeres mayores de 18 años y 2 mil 700 eran niñas. Para mayo de este año la cifra de mujeres detenidas llegó a 12 mil 649.

Foca informó que también constató que la Secretaría de Salud está “ocultando” las muertes maternas de las mujeres migrantes en México, a fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio que establecen una reducción de defunciones de mujeres por esta causa.

Las organizaciones civiles recomendaron al gobierno mexicano apoyar la instauración de un observatorio que vigile los DH desde una perspectiva de género, que proporcione un lugar seguro de alojamiento y asesorías para las mujeres, combata la violencia de género, promueva los derechos sexuales y reproductivos de las migrantes, y vigile la atención de partos y pospartos.

Las activistas –entre ellas Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi)– detallaron que el Estado debe cumplir con los objetivos que plantea el Programa Especial de Migración (PEM) –que se presentó el 30 de abril de 2014–, para proteger la vida de las migrantes.

No obstante, durante 2014 el PEM no contó con presupuesto y no generó grandes avances para las mujeres en tránsito, por lo que ahora las expertas exigieron que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se integre un anexo presupuestal para este programa.