México, D. F. Al 30 de abril había 7 mil 60 denuncias por desaparición de mujeres en el fuero común, y 18 mil 338 por desaparición de varones

Hay un afán de las autoridades de decir que están abatiendo la violencia y negar lo que sucede, coinciden

ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ

Cimacnoticias 

Es el miedo de la ciudadanía –y no la baja en el delito– lo que deriva en que haya menos denuncias de este flagelo en el país, alertan activistas

El clima de miedo durante los recientes tres años (2012-2015) provocaron menos denuncias por desapariciones de mujeres, pero el delito sigue en incremento, subrayan grupos civiles

Aunque las autoridades traten de negarlo, los asesinatos y desapariciones de personas –que se desataron con la estrategia de seguridad emprendida por Felipe Calderón de 2006 a 2012– siguen presentes en el gobierno de Enrique Peña Nieto.  

Los crímenes que se registraron en la administración panista, de acuerdo con activistas que han documentado graves violaciones a los Derechos Humanos (DH), continúan vigentes pero advierten que ahora no son notorios porque las familias “tienen miedo a denunciar”.

En los datos preliminares del Tercer Informe de Gobierno, que se presentará este 1 de septiembre, no hay cifras de desapariciones de mujeres y sólo se menciona que los homicidios en general disminuyeron 24 por ciento, y que en 2014 se tuvo la tasa más baja en seis años.

A decir de grupos ciudadanos, ello está lejos de la verdad, y es que según el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), hasta el 30 de abril de este año había 125 denuncias de mujeres desaparecidas en el fuero federal, y 506 por desapariciones de hombres.

Al 30 de abril había 7 mil 60 denuncias por desaparición de mujeres en el fuero común, y 18 mil 338 por desaparición de varones, por lo que este delito sigue ocurriendo sin que haya acciones concretas para enfrentarlo, como lo han solicitado instancias de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.

En un estudio, la Academia Mexicana de Derechos Humanos señala que en los sexenios panistas (de 2000 a 2010) se emitieron 279 recomendaciones que emanaron de 22 informes de diversos mecanismos internacionales sobre los derechos femeninos. Ahí se encuentran encomiendas puntuales para detener las desapariciones de mujeres y niñas.

En 2012 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) manifestó su preocupación por la violencia intrafamiliar, las desapariciones, la tortura y los asesinatos de mujeres en México.

El Comité señaló que esos crímenes los cometían agentes del Estado, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de las fuerzas de seguridad, así como la delincuencia organizada.

En ese entonces –cuando Peña Nieto iniciaba su administración– el mecanismo internacional destacó que crecían las desapariciones de mujeres y jóvenes en Veracruz, Chihuahua y Nuevo León.

La desaparición de mujeres preocupó al Comité de la CEDAW al considerar que este flagelo está ligado a la trata de personas, un delito en el que las víctimas son explotadas sexual o laboralmente.

NIEGAN DESAPARICIONES

Gabino Gómez, responsable del Área de Desapariciones Forzadas y Defensoras y Defensores del Centro de Derechos Humanos de la Mujeres de Chihuahua (Cedehm), sostiene que hay un afán de las autoridades de decir que están abatiendo la violencia y negar lo que sucede.

En Chihuahua la desaparición de mujeres, advierte el activista, se da porque los sicarios las consideran un “botín de guerra”, o porque caen en redes de explotación sexual. 

De acuerdo con Gómez, el Estado trata de ocultar las desapariciones con una política de comunicación social para minimizar los casos.

Por ello, dice Gabino Gómez, no es que las violaciones a DH estén a la baja sino que es un tema ignorado porque en Chihuahua se pregona que no hay desapariciones, mientras que grupos civiles documentan los casos.

Liz Sánchez, coordinadora de Ciudadanos en Apoyo en Derechos Humanos en Nuevo León, explica que de 2009 a la fecha su organización ha documentado más de mil 300 personas desaparecidas, lo que demuestra la gravedad del problema.

De acuerdo con sus registros, en el caso de mujeres desaparecidas hay indicios de que son víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.

Sánchez asegura además que 2011 y 2012 fueron los años más violentos debido a la política de militarizar la seguridad pública, una estrategia que generó violaciones a DH en la entidad.

En tanto, Janahuy Paredes Lanchino, integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, en Michoacán, afirma que desde 2006 con el Operativo Conjunto en el estado hubo un incremento de la violencia y las desapariciones.

Sostiene que “nada cambió” en 2012 con la nueva administración federal, y tampoco hubo una baja de la criminalidad, así que las y los jóvenes –precisa– de diversos oficios o incluso profesionistas, activistas y periodistas, siguen siendo víctimas de este crimen.

Janahuy, quien desde el 26 de septiembre de 2007 busca a su padre, Francisco Paredes Ruiz, asegura que ahora el único cambio es que “la represión y el miedo” inhiben las denuncias por las desapariciones.

INVESTIGACIÓN

Organizaciones civiles advierten que el gobierno federal incluye los DH en el discurso, pero critican que a pesar de la Ley General de Atención de Víctimas –promulgada en enero de 2013– en realidad las desapariciones continúan aunque ahora “ya no se vean de la misma manera o con la misma importancia”.

Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, recalca que las estrategias de seguridad “no han funcionado”. Con los seis años de Calderón y tres de Peña Nieto –destaca– es casi una década sin que el gobierno pueda garantizar la paz ni la seguridad a la ciudadanía.

Agrega que en los años recientes se ha visto que en delitos como la desaparición están involucrados elementos de las fuerzas armadas y de la policía, además de que en los operativos se detiene a personas inocentes. Todo ello ha generado –insiste– la desconfianza de la ciudadanía que prefiere no denunciar.

Ramos Vázquez detalla que las organizaciones civiles exigen al Legislativo federal una ley que especifique que hay casos de desaparición cometidos por agentes estatales, pero que también considere que hay otros casos en los que están implicados particulares, como las desapariciones de mujeres, que también deben ser investigados.

En tal propuesta de ley se pide considerar los tratados y recomendaciones internacionales, tipificar este delito en todos los códigos penales locales, generar un registro oficial, y garantizar la activación de los protocolos de búsqueda en vigor, como lo sugirió en su momento la CEDAW.