Lesiones permanentes en sobrevivientes

Cimacnoticias

María, Alejandro, Martha, Juan Carlos, Manuela y Alonso son nombres de mujeres, hombres, niños y niñas escogidos al azar de entre los 45 que aparecen en la lista de las personas que fueron asesinadas el 22 de diciembre de 1997 en la comunidad de Acteal, del municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas, al sureste de México.

Ya han pasado 19 años de la matanza de Acteal -zona de influencia zapatista- perpetrada por un grupo paramilitar contra los miembros de la Sociedad Civil Las Abejas cuando éstos hacían una jornada de ayuno y oración por la paz en Chiapas.

Desde entonces, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en conjunto con integrantes de la comunidad, emprendió un camino de búsqueda de la verdad y reparación del daño para las víctimas y sobrevivientes de la matanza. En estos años ha tocado diversas puertas de instancias para encontrar justicia, pero la impunidad persiste.

El 2 de marzo del 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recibió la petición de admisibilidad del caso Manuel Santiz Culebra y otros (Masacre de Acteal) México; y en noviembre de 2010 lo admitió.

En octubre de 2015, un mes antes de su admisibilidad, se realizó la audiencia pública durante el 156 periodo de sesiones de la CIDH, donde estuvieron representantes del Estado mexicano, del Centro de Derechos Humanos (DH) Fray Bartolomé de las Casas e integrantes de la comunidad de Acteal.

En la audiencia, el director del Fray Bartolomé (Frayba) Pedro Faro Navarro, narró ante los comisionados que en 1995, el presidente Ernesto Zedillo recién arribado al poder (en 1994) inició una nueva etapa en el conflicto armado interno en Chiapas.

El defensor de DH llamó a esta etapa de contrainsurgencia, que consistió en socavar el apoyo de la población civil a la guerrilla, en las zonas Altos y Norte con acciones policiacas y paramilitares, bajo el mando del Ejército mexicano y su Fuerza de Tarea Arcoíris comandada por el General Mario Renán Castillo.

A decir del defensor, la estrategia fue develada en un documento conocido como “Plan de Campaña Chiapas 94”  y por información de la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA) sobre archivos desclasificados obtenidos por Caty Doyle.

Según esta información existió apoyo directo del Ejército mexicano a grupos armados en Chiapas y describe una red clandestina de “equipos humanos de inteligencia” creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente, Carlos Salinas, que trabajaban dentro de las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los “simpatizantes” zapatistas.

Y narró también que los “equipos humanos de inteligencia” daban “entrenamiento y protección de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullaban la región”.

El plan de campaña Chiapas 94, agregó el defensor de DH, privilegió la acción paramilitar, cometiendo ataques sistemáticos en contra de la población, considerada por el Ejército mexicano como la “secretaría de masas” de la guerrilla.

Ante los comisionados narró que “los grupos paramilitares eran constituidos en su mayoría por campesinos indígenas que pertenecían al Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes cometían ejecuciones, desapariciones, amenazas, robos, quemas de casas, desplazamientos forzados, se reunían previamente para planear los actos a ejecutar, seleccionando a sus víctimas; contaban con el apoyo de diversas autoridades desde los ámbitos municipales, estatales y federales, utilizaban armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y uniformes del tipo de la Policía de Seguridad Pública.

Recordó cómo en Chenalhó, se suscitaron diversos avisos para alertar de la situación de riesgo a la vida e integridad personal que estaba sufriendo la población civil.

El 4 de diciembre de 1997-18 días previos a la matanza- la Misión Civil Nacional e Internacional de Observación para la Paz en Chiapas anticipó que si el gobierno no detenía la violencia y la militarización en la entidad habría una masacre derivada de una guerra civil.

Faro Navarro dijo que desde agosto de 1996, la violencia se incrementó como respuesta a la creación del Municipio Autónomo Rebelde Zapatista de San Pedro Polhó. Desde entonces las amenazas, robos, homicidios, desapariciones, despojos, secuestros, entre otros, se habían convertido en eventos cotidianos en la región, que provocaban el desplazamiento forzado de miles de familias que
huían de dichas agresiones.

En la misma audiencia, el representante de los sobrevivientes de la masacre de Acteal- quien perdió a su padre en la matanza- Juan Vázquez Luna, relató que el 22 de diciembre a las 11 horas, en el campamento de desplazados “Los Naranjos” ubicado en la comunidad de Acteal, fueron ejecutadas 45 personas “más 4 que aún no nacían”.

Afirmó que el crimen fue cometido por el grupo paramilitar priísta creado, entrenado y financiado por el gobierno mexicano y que actuaba impunemente en el municipio.

Frente a los comisionados, narró cómo los hechos se prolongaron hasta las 5 de la tarde sin que la policía que se encontraba a escasos 200 metros actuara para impedir la masacre.

“El resultado de este ataque fue la ejecución de: 18 mujeres adultas, cuatro de ellas con embarazos de entre 5 y 8 meses de gestación,
7 hombres adultos, 16 mujeres adolescentes o niñas de entre los 17 años y 8 meses de edad, 4 niños entre los 15 y 2 años de edad”, recordó.

Entre los heridos, dijo, se contaron 26, en su mayoría menores de edad. Aseveró que los sobrevivientes viven con lesiones permanentes como dolores, cicatrices y algunos más presentan afectaciones en algunos de sus órganos.

El también dirigente de Las Abejas, explicó que los 45 cuerpos fueron llevados a Tuxtla Gutiérrez, a una distancia de más de 4 horas de camino. “Nunca se tomó el consentimiento de sus familiares para ese traslado; todos ellos fueron amontonados en un convoy de redilas, de la misma policía, sin tomar ninguna medida, sin compasión. Allá en Tuxtla les quitaron sus órganos, nos los entregaron todos vacíos y algunos con un alto grado de descomposición. Eso fue muy duro para nosotros porque esa no es nuestra costumbre tsotsil, esa no es la forma de vivir el duelo”, agregó.

Para los defensores de Derechos Humanos del Frayba, y para la propia comunidad de Acteal, la masacre respondió a la política sistemática del Estado mexicano diseñada con el objetivo de eliminar y aniquilar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo, así como a las organizaciones sociales y comunitarias que trabajan por la paz en Chiapas; tal es el caso de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, tal cual lo manifestaron en la audiencia de la CIDH.

DERECHOS VIOLADOS

Los peticionarios pidieron a la CIDH, emitir un informe de fondo donde se declare que el Estado mexicano violó los artículos
 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 17 (Protección a la Familia), 19 (Derechos del Niño) y 25 (Protección Judicial) reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) del mismo.

Pidieron que en sus recomendaciones al Estado mexicano se encuentren tomar todas las medidas que sean necesarias para esclarecer los hechos cometidos en la masacre de Acteal.

Investigar, identificar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales; reparar integralmente el daño causado a todas las víctimas del presente caso; garantizar que estas graves violaciones a DH nunca vuelvan a repetirse en Chiapas ni en cualquier otro lugar de nuestro país”.

LA MAÑANA DE ACTEAL

Durante años, el Estado mexicano ha sostenido que el conflicto no fue con él sino intercomunitario, incluso interfamiliar. El entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo, afirmó que el origen de la matanza tenía tres causas: las pugnas históricas entre los diferentes grupos indígenas de la zona; la instauración ilegal del Concejo Municipal Autónomo de Polhó, establecido en 1996, así como la ausencia de un Estado de derecho.

La Sociedad Civil de Las Abejas fue uno de los grupos afectados por los constantes ataques paramilitares promovidos por el gobierno municipal en Chenalhó, entonces encabezado por el priista Jacinto Arias Cruz.

Las Abejas fue fundada en 1992 en la localidad de Tzanembolom en el municipio de Chenalhó. Hasta 1998 contaba con miembros en 24 comunidades de ese municipio. Esta organización se definió como parte de la sociedad civil que trabajaba por la paz y la justicia.

En este sentido, mantuvo su autonomía de la dirigencia zapatista y sus asentamientos se consideraron territorio neutral. Sus integrantes eran indígenas católicos vinculados a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y al CDHFBC. Desde sus orígenes impulsaron el trabajo organizativo de las mujeres, quienes han jugado un papel fundamental en la organización.

El 22 de diciembre a las 11 de la mañana, la comunidad de Acteal se encontraba reunida, rezando en una ermita, pidiendo que la paz regresara al lugar, luego del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el primer día de enero de 1994 y la respuesta militar del Estado en contra también de las comunidades a quienes suponía zapatistas.

Un grupo de más de cien hombres con armas de fuego, entre las que se encontraron de uso exclusivo del Ejército, machetes y cuchillos, entraron a la Ermita. Tras rodearla, iniciaron el fuego contra quienes ahí se encontraban dentro y fuera, muchos de las y los indígenas alcanzaron a salir y esconderse, otros más ya no pudieron hacerlo y fueron masacrados por los paramilitares, de acuerdo a los recuentos que el Frayba ha hecho sobre la masacre.

A los 16 días de la matanza, el entonces gobernador de la entidad, el priista Julio César Luis Ferro, renunció sustituyéndolo el también priista Roberto Albores Guillén; mientras que el presidente municipal en Chenalhó Jacinto Arias Cruz, fue aprehendido como sospechoso de haber proporcionado el armamento al grupo que masacró a Las Abejas.

También fueron removidos de su cargo el secretario de gobierno Homero Tovilla, y el subsecretario Uriel Jarquín y el entonces secretario de Gobernación Emilio Chuayffet.

Por su parte la Procuraduría General de la República (PGR), en los resultados previos de las averiguaciones, señaló que la mayoría de los 45 indígenas fueron asesinados por la espalda con armas como la AK-47, mejor conocida como Cuerno de Chivo.

En un informe de 1998 el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ) señaló que "los atacantes persiguieron a las víctimas hasta las cuevas y la cañada en donde estaban huyendo. Los mutilaron con armas blancas y desgarraron los vientres de mujeres embarazadas".

A 19 años de la matanza, el Frayba afirmó en un comunicado, que el caso permanece en total impunidad: no se ha investigado ni sancionado a los autores materiales e intelectuales de los hechos, ni se ha reparado el daño integral a quienes se les violentaron sus Derechos Humanos en este Crimen de Estado.

“Ante ello, las víctimas sobrevivientes, las familias y la Organización Sociedad Civil Las Abejas, se mantienen en su lucha digna por la Verdad, Memoria y en la construcción de Otra Justicia la cual sea plena, completa, cabal”, dice el comunicado.

Para una de las abogadas de este Centro de DH, Itzel Silva, “la justicia no es sólo que los responsables materiales del crimen estén en la cárcel. La justicia consiste en saber la verdad completa y mientras no haya reparación del daño para las víctimas y un juicio a los autores intelectuales, no habrá justicia".

*Con información de Mónica Pérez y Lourdes Godínez