Mexicanos contra la corrupción y la impunidad advierte: 77.4 por ciento de los contratos se han entregado de manera directa mientras que las licitaciones abiertas sólo se han usado en 15.9

En marzo de 2019 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revisó las compras de la nueva administración y señaló que 74 por ciento de los 28 mil 458 contratos otorgados hasta ese momento se habían entregado a través de adjudicaciones directas, mientras que la licitación pública (que es el mecanismo que debería ser usado como regla), sólo había sido utilizado en 18% por ciento de los contratos.

A mitad del año, realizamos un nuevo corte de información para saber cómo compra y contrata el gobierno.

La cifra total de contratos registrados en la plataforma COMPRANET ha llegado a 76 mil 613. Las adjudicaciones directas no sólo siguen siendo el método de asignación favorito del gobierno, sino que se han incrementado en comparación con el trimestre anterior: al 30 de junio, 77.4 por ciento de los contratos se han entregado de manera directa mientras que las licitaciones abiertas sólo se han usado en 15.9 por ciento de los contratos.

Si se compara con otros años, esto significa una continuidad con las administraciones previas. Entre 2010 y 2018, en promedio, las asignaciones directas se usaron en 72 por ciento de las compras, mientras que las licitaciones públicas sólo se usaron 14.5% de las ocasiones. De esta manera, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tal como sus predecesores, continúa asignando directamente 3 de cada 4 contratos gubernamentales.

Esta práctica no sólo vulnera la Constitución y las leyes que establecen que las licitaciones públicas deberían de ser la norma y no la excepción, sino que se encuentra en abierta contradicción con las propias promesas, discursos y objetivos legales definidos por el presidente.

En su libro 2018. La salida, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador escribió que «es fundamental que exista acompañamiento y fiscalización ciudadana en las adquisiciones y contratos de obras y de servicios públicos» y, para las compras de gobierno, recomendó varias medidas, entre las que destacan «licitaciones abiertas y la vigilancia de la ciudadanía». La promesa no se ha cumplido.

En su informe del 1 de julio, López Obrador omitió el tema específico de los contratos del gobierno, pero en el Plan Nacional de Desarrollo se establece «prohibir las adjudicaciones directas» como una de las medidas para el combate a la corrupción, así como la eliminación del tráfico de influencias, el amiguismo y el compadrazgo.

Si se habla de que no estamos frente a un simple cambio de gobierno, sino un cambio de régimen, lo menos que podría esperarse es que la nociva práctica de las adjudicaciones directas como la regla y no la excepción se reduzca al mínimo.