La organización Artículo 19 considera que es una represalia por su trabajo y por denunciar tortura

Redacción

Cimacnoticias | Ciudad de México

Este domingo 21 de julio dos sujetos desconocidos allanaron la casa de la periodista y defensora de Derechos Humanos Lydia Cacho Ribeiro, de donde robaron equipo de trabajo y material periodístico, además mataron a una perra que protegía la casa y a otra la envenenaron.

En un comunicado, la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19 aseguró que se trata de un acto de represalia contra la periodista, quien recientemente logró que un tribunal girara orden de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres -que permanece prófugo- y del empresario Kamel Nacif Borge, quienes presuntamente ordenaron torturarla en 2005.

De acuerdo con Artículo 19, cerca de las 18:30 horas y después de romper los cables de las cámaras de seguridad y desactivar la alarma, los agresores irrumpieron en el domicilio, ubicado en Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo.

En la casa sustrajeron equipo de trabajo, incluyendo una grabadora de audio, 3 cámaras fotográficas, varias tarjetas de memoria, una computadora portátil, y 10 discos duros con información de alto interés público relacionada con casos de pederastia. Afortunadamente, explicaron, la periodista tiene respaldos de seguridad en el extranjero.

Además del robo de información, desordenaron su recamara, destrozaron objetos, entre ellos fotografías familiares y ropa interior, y mataron a una perra que protegía la casa y a otra la envenenaron.

Esto sucede, afirmó la organización, en el contexto de la búsqueda de justicia de Lydia Cacho por la tortura de la que fue víctima en 2005 por parte de "un grupo criminal de poder", encabezado por altos funcionarios y empresarios de los estados de Puebla y Quintana Roo.

En 2005 Cacho fue detenida en las oficinas del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM), Quintana Roo, por un contingente de 10 personas, entre ellas 5 empleados del empresario Kamel Nacif, y fue trasladada a Puebla, trayecto durante el cual fue torturada.

La detención se dio después de la publicación del libro “Los demonios del edén” en el cual exhibió una red de pederastas y que le valió ser acusada del delito de difamación.

El caso hizo que el 31 de julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a México responsable por la tortura a la que fue sujeta en diciembre de 2005 y por la falta de debida diligencia en la investigación.

Expertos en seguridad, consultados por la periodista después del allanamiento, aseguran que “iban por ella” y que, afortunadamente, no se encontraba en su hogar.

Artículo 19 dijo que el pasado 11 de abril la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) giró órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, los empresarios Kamel Nacif y Juan Sánchez Moreno y el excomandante Hugo Adolfo Karam, por su probable responsabilidad como autores intelectuales por los hechos de tortura en contra de la periodista.

En abril los medios de comunicación locales informaron que el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, en el estado de Quintana Roo, giró orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Puebla y los empresarios por su presunta participación en la tortura de la periodista.

Para la organización, las agresiones del día de este 21 de julio constituyen un ataque frontal a la búsqueda de justicia de Lydia Cacho, que suma más de 14 años. En su momento el CDH señaló que “las agresiones que sufrió la periodista habían sido focalizadas y con contenido discriminatorio en razón de género y connotación sexual”.

El mismo patrón sucedido en 2005, aseguró la organización, se repite en las agresiones del domingo: la ruptura de fotos familiares, de su ropa íntima y el asesinato de su perra, pretenden dar un mensaje amenazador e intimidante para la periodista.

El allanamiento y la sustracción de material periodístico con información de interés público figuran como elementos intimidatorios que pretenden generar un efecto inhibidor en el activismo, defensa Derechos Humanos y ejercicio de la libertad de expresión de Cacho Ribeiro, quien hoy es una referencia a nivel internacional sobre el ejercicio periodístico y la defensa los derechos de las mujeres y la niñez.

Por ello, a pocos días del primer aniversario del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU y a casi 5 meses de la disculpa pública del Estado mexicano, Artículo 19 exigió a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República, especialmente a la FEADLE, cumplir las garantías de no repetición, se garantice su seguridad y su vida en todo momento y se sancione a los responsables de estos hechos.