Diputadas analizan reformar proceso para activar AVG; Actualmente hay dos tipos; por violencia feminicida y por agravio comparado

Cimacnoticias | Ciudad de México

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados analiza aprobar una reforma legislativa para modificar el proceso de activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) y crear la alerta por “violencia estructural contra las mujeres”.

Este viernes las diputadas se reunieron en San Lázaro para revisar cinco propuestas que buscan mejorar el funcionamiento de la AVG: dos de diputadas del Partido de la Revolucionario Institucional (PRI); una del Partido Acción Nacional (PAN), una de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y otra apoyada por todas las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género.

En la mesa de trabajo, encabezada por la diputada presidenta de la Comisión, Wendy Briseño Zuloaga, y que contó con la participación de la comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, se describieron las principales modificaciones que se harán al mecanismo de AVG, entre ellas incluir un nuevo tipo de Alerta por “violencia estructural contra las mujeres”.

Actualmente existen dos tipos de AVG; por violencia feminicida, que se activa cuando en un territorio específico los casos de feminicidio son elevados; y otra por agravio comparado, que permite señalar ordenamientos jurídicos o políticas públicas que transgredan los derechos de las mujeres.

Las legisladoras plantean incluir la violencia estructural como un tipo de AVG, para no atender únicamente cuando se presenta la violencia más extrema contra las mujeres; el feminicidio, sino también atender otros tipos de violencias.

Las reformas se harán a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) donde se establece la AVG, y a su reglamento. Estas reformas también buscan hacer más eficiente el proceso de solicitud de la Alerta, que actualmente está activa en 411 municipios de 18 entidades federativas.

En principio, se plantea que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reciba las peticiones de Alerta de Género, las cuales pueden ser presentadas por organizaciones de la sociedad civil, organismos de Derechos Humanos, y ahora se propone que la Conavim y el Inmujeres puedan solicitar que se active una AVG cuando conozcan de contextos de violencia extrema contra las mujeres.

También se busca crear un cuerpo técnico con independencia que tengan representantes de la Conavim, el Inmujeres, el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, una académica de alguna institución universitaria y un apersona de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Este grupo de expertas se encargará de investigar los hechos denunciados en la petición de Alerta, por ello se busca que quede claro en la ley que para integrarse al grupo un requisito fundamental será que se trate de expertas en Derechos Humanos, justicia, perspectiva de género, sociología y antropología.

Este grupo tendría 45 días hábiles para indagar las violencias denunciadas e integrar una investigación y emitir un informe; de ahí, la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá seis días hábiles, sin permitir prorrogas, para determinar si se activa el mecanismo de AVG.

La propuesta también pretende que exista rendición de cuentas y transparencia por parte de los gobiernos locales. La Segob revisaría cada tres meses los avances en el cumplimiento de Alertas a partir de informes que presentan los gobiernos estatales.

De notar mejorías, la Secretaría de Gobernación podría levantar la AVG. Actualmente hay Alertas que llevan cuatro años activas como el caso del Estado de México y Morelos, no obstante, no se tienen informes de rendición de cuentas ni del impacto que ha causado el mecanismo frente a la violencia de género.

Para ello, en el dictamen de declaratoria se deben plantear los montos de presupuesto, acciones de mediano y largo plazo, y hacer explícitos los plazos de cumplimiento.

En el caso de agravio comparado, Segob propondrá a los congresos estatales la redacción de las normativas a fin de que beneficien a las mujeres. Actualmente sólo en el estado de Veracruz está activa una AVG por agravio comparado, aunque se solicitó al Congreso del estado despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, la acción no se ha cumplido.

Las organizaciones de la sociedad civil quienes han exigido formar parte de los grupos de investigación quedarían fuera del proceso. La comisionada Candelaria Ochoa explicó que desde la Conavim buscan crear “contralorías de las AVG”, ahí participaría una representante de la sociedad civil por estado, pero lo ideal es que no fuera una integrante de la organización peticionaria de la alerta, para evitar conflictos de intereses.

Por otra parte, durante la discusión, la diputada perredista Guadalupe Almaguer Pardo, planteó la necesidad de establecer sanciones a las personas funcionarias públicas que no cumplan con la AVG, pues las Alertas de Género, dijo, no han sido eficientes por la simulación de los gobiernos.

Estas son propuestas de cómo quedaría el dictamen de reforma, las legisladoras todavía realizarán dos reuniones más para consensuar los cambios, analizar deficiencias como los tiempos del proceso al mecanismo y otras fallas detectadas por organizaciones civiles e incluso por un estudio que hizo la Unión Europea.

La última reforma al reglamento que regula el funcionamiento de la AVG fue en 2013. Actualmente el mecanismo está activo en municipios del Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, y Puebla.