INE determinó sancionar a organizaciones aspirantes por aportaciones de personas no identificadas y entes prohibidos, egresos e ingresos no reportados, no comprobados 

Conductas como la aportación de recursos por parte de personas no identificadas, deberán ser consideradas para otorgar o no el registro a nuevos partidos: Ciro Murayama

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó sanciones por las irregularidades encontradas en la revisión de los informes mensuales de Ingresos y Egresos de las Organizaciones de Ciudadanos que presentaron solicitud formal para obtener su registro como partido político nacional, por un monto global preliminar de 6.14 millones de pesos.

Estos montos corresponden a los propuestos en el proyecto de acuerdo; sin embargo, podrían modificarse si de los engroses ordenados por el Consejo General se desprende una variación en la sanción.

La revisión de los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos estuvo comprendida en el periodo de enero de 2019 a febrero de 2020, periodo en el que estas asociaciones realizaron actividades para cumplir con los requisitos y apoyos necesarios para ser partido político.

Las siete organizaciones que presentaron solicitud formal para obtener su registro como partido político nacional, reportaron en sus informes mensuales un total de ingresos por un monto de $113 millones 391 mil 044.41 y de gastos por $108 millones 883 mil 085.62.

Es la ciudadanía quien otorga y quita el registro a los partidos políticos

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, destacó que el otorgamiento del registro a un nuevo partido político es un procedimiento que se abre cada seis años y en el que es la ciudadanía quien con su apoyo otorga su registro.

“Es el apoyo ciudadano el que determina qué organizaciones políticas obtienen su registro; de la misma manera en la que, en cada elección federal, la ciudadanía es la que decide, con su voto, qué partidos mantienen su registro y qué partidos pueden llegar a perderlo”.

Córdova expresó que la fiscalización de estas organizaciones no es un tema menor. “Se trata, ni más ni menos, que de la valoración hecha por la Unidad Técnica de Fiscalización respecto a las conductas financieras de aquellas organizaciones que aspiran a obtener un registro para insertarse en ese sistema democrático”.

La Consejera Adriana Favela Herrera, presidenta de la Comisión de Fiscalización señaló que, de las irregularidades determinadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, se advierte un monto involucrado de 17 millones 729 mil 940 pesos.

Explicó que las irregularidades detectadas se conjuntan en 11 rubros, entre los que destacan: aportaciones de personas no identificadas, egresos no reportados, egresos no comprobados, ingresos no comprobados, aportaciones en efectivo superiores a 90 UMAS (equivalentes a 7,819 pesos) y aportaciones de ente prohibido.

Aportaciones de personas no identificadas es ilegal

En la fiscalización realizada por el INE, la autoridad electoral encontró en los registros contables de todas las organizaciones aportaciones por parte de personas no identificadas por un total de 13.3 millones de pesos.

El INE dará vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de las organizaciones Fuerza Social por México, Libertad y Responsabilidad Democrática A.C, Redes sociales Progresistas y Súmate a Nosotros, debido a que sus aportaciones de personas no identificadas rebasan las 1500 UMAS, equivalentes a 130 mil 320 pesos.

Al respecto, el Consejero Ciro Murayama mencionó que el dinero que fluye a la actividad política debe seguir el principio de máxima publicidad, y están prohibidas las aportaciones anónimas o de origen no identificado.

“Todas las organizaciones que buscan ser partidos se financiaron, exclusivamente, con recursos privados, y dichos recursos solo pueden provenir de personas físicas debidamente identificadas; cuando ello no ocurre en los hechos se está teniendo acceso a financiamiento privado opaco de origen desconocido y, por tanto, ilegal. El dinero que se usa sin conocer bien a bien de dónde viene, en la política, es dinero prohibido”.

Murayama afirmó que la magnitud de financiamiento de origen irregular en que incurrieron algunas organizaciones, en particular aquellas donde esta conducta es determinante en su capacidad de organización y de afiliación, debe ser un elemento a considerar cuando el Consejo General del INE decida otorgar o no el registro como partido político en las próximas semanas.

Modificaciones al proyecto de fiscalización

Durante la sesión, el Consejero José Roberto Ruiz Saldaña, propuso diversas modificaciones a la fiscalización que implicarán la revisión y adecuación (engrose) de los proyectos, ya que estos fueron aprobados por mayoría de votos.

En primer lugar, para el caso de Fundación Alternativa  A.C. y Fuerza Social por México, en el proyecto se daban por buenos contratos en copias simples, de los cuales no se constata su autenticidad, por lo cual el INE deberá exigir los originales y no tomar como buenos dichos contratos.

Asimismo, el Consejo determinó revisar el gasto de propaganda en Facebook que reportó Libertad y Responsabilidad Democrática, ya que –explicó el Consejero Ruiz- no basta con tener acreditado el contrato y el pago de la organización a un intermediario. “Necesitamos también las constancias de los pagos del intermediario hacia Facebook, porque puede haber absoluta disparidad entre un tramo y el otro”.

Estas determinaciones podrían impactar el monto de las sanciones establecidas en los proyectos.

Se abre procedimiento oficioso por aportaciones provenientes de personas sindicalizadas

A solicitud del representante del Poder Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, Marco Antonio Gómez Alcántar, por mayoría de votos, el Consejo General determinó abrir un procedimiento oficioso por posible financiamiento de ente prohibido, ya que, según el diputado, dos organizaciones recibieron un porcentaje representativo de financiamiento de miembros sindicalizados (55 y 25 por ciento respectivamente).

El objetivo de estos procesos que se iniciarán será dilucidar si el origen de los recursos es lícito, para tener plena certeza que quienes obtengan su registro serán partidos libres sin injerencia sindical.