Hay una denuncia contra el Estado mexicano por el feminicidio de Rubí Fraire y por el asesinato de su madre

Ciudad de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó este 2 de noviembre al Estado mexicano que existe una denuncia interpuesta en su contra por el feminicidio de Rubí Fraire Escobedo y por el asesinato de Marisela Escobedo, ocurrido en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, cuando exigía justicia para su hija Rubí y otras víctimas de feminicidio.

En junio de 2019, la familia de Marisela Escobedo y las organizaciones acompañantes: el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la organización Mexicanos en el Exilio, decidieron denunciar ante la CIDH al Estado mexicano por su responsabilidad en el asesinato de Rubí y Marisela. 

Este noviembre — y luego de dar a conocer el caso ampliamente con la emisión del documental “Las tres muertes de Marisela Escobedo” en la plataforma Netflix– la CIDH trasladó al Estado mexicano la petición de la familia y le otorgó un plazo de tres meses para remitir sus observaciones, de acuerdo con un comunicado de prensa difundido por la CEDEHM y Cejil. 

Para las representantes legales, el inicio del trámite en la CIDH es un avance en un largo camino por la justicia. “Llevar el caso de Marisela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un compromiso con su familia y con su lucha; pero también es la vía para exigir al Estado que reconozca su responsabilidad en las graves violaciones de Derechos Humanos que se vienen cometiendo particularmente en el estado de Chihuahua”, dijo en el comunicado la directora de Cedehm, Ruth Fierro. 

“El pronto traslado de la petición por parte de la Comisión muestra que este caso es prioritario y emblemático de las deudas del Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres. No sólo porque refleja la continua impunidad persistente en los casos de feminicidio, sino también por la falta de garantías de protección de las familias de las víctimas que buscan justicia, quienes se convierten en defensoras de Derechos Humanos enfrentando un sistema corrupto y cruelmente articulado con poderes fácticos”, agregó la coordinadora jurídica de Cejil, Vanessa Coria.

Las organizaciones esperan que tras la respuesta del Estado, la CIDH decida admitir el caso y que posteriormente encuentre responsable internacionalmente a México por la violación de los Derechos Humanos de Rubí Fraire, Marisela Escobedo y su familia. “Con ello, esperamos que la caminata por el fin de la impunidad, que emprendió Marisela en 2010 continúe avanzando hasta alcanzar justicia”, expresaron.

Rubí Fraire, de 16 años, desapareció a fines de agosto de 2008, en Chihuahua. Ante la falta de avances en la investigación, su madre, Marisela Escobedo, se convirtió en investigadora y defensora de Derechos Humanos. A partir de los antecedentes que recabó de manera independiente, se determinó que Rubí fue asesinada por su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien por entonces ya había huido de Chihuahua.

Gracias a los esfuerzos de Marisela se logró capturar a Barraza, sin embargo, el proceso judicial decidió absolverlo por supuestas faltas de prueba. Ello a pesar de que Barraza admitió su culpabilidad en plena audiencia pública. 

Posteriormente, en la Sala de Casación se logró una sentencia condenatoria, pero Sergio había vuelto a escapar. Fue entonces cuando Marisela comenzó una lucha incansable para exigir la aprehensión del asesino de su hija y emprendió una serie de acciones para conseguirla. La lucha de Marisela atrajo la atención del país sobre las deficiencias del sistema de justicia mexicano y sobre la violencia contra las mujeres en el país.

El 16 de diciembre de 2010, mientras demandaba el esclarecimiento del feminicidio de Rubí, Marisela fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, y en presencia de sus familiares.

Tras el crimen, las amenazas que recibía Marisela se extendieron a su familia: su cuñado Manuel Monge fue asesinado y su familia nuclear tuvo que huir de México para solicitar asilo político, problemática que tampoco ha sido atendida por parte del Estado mexicano.