Norma Julieta del Río  reconoce que las organizaciones civiles son aliadas estratégicas en la promoción y difusión de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, con un enfoque de utilidad social

EL INAI a través del Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE) a financiado 102 proyectos con una inversión de 17 mdp; cierra la convocatoria 2022.

“El trabajo estratégico, coordinado y cooperativo con la sociedad civil organizada, fortalece la participación e inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad a través de la difusión de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales para mejorar su vida y cambiar realidades, pero es importante llegar y trabajar donde estén”, explicó Norma Julieta del Río Venegas, Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al cierre de la convocatoria del Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (PROSEDE), Julieta del Río, coordinadora de la Comisión Permanente de Promoción y Vinculación del Derecho del INAI, reconoció la labor de las organizaciones de la sociedad civil que presentaron sus proyectos a postulación. Su labor permitirá concretar buenas intenciones para que, a través del acceso a la información, se ejerzan otros derechos.

La comisionada del Río ejemplificó el beneficio del programa con casos prácticos que han explicado quienes han participado en él: “Hay personas con alguna discapacidad que, a través del programa de sensibilización de derechos pudieron acceder a diversos apoyos que desde el IMSS podían otorgarles. También comunidades indígenas de Oaxaca que después de ser partícipes de este programa, pudieron acceder a programas de apoyo en sus territorios. O personas trans que a través del ejercicio de los derechos ARCO pidieron la rectificación de sus documentos una vez que concluyeron su proceso de transición”.

“Por ello es importante sensibilizar a la sociedad en la difusión de sus derechos nos permite mejorar su realidad, y por ello es importante aliarse con organizaciones de la sociedad civil, para acercarse a grupos en situación de vulnerabilidad”, agregó.

El programa PROSEDE reconoce y apoya con financiamiento a proyectos que promuevan y difundan los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, que benefician a personas en situación de vulnerabilidad y que preferentemente se encuentren en zonas de alta marginación, para que continúen desarrollando su función social.

De acuerdo con información de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad del INAI, desde la primera edición del programa, en 2015 a 2021, el INAI recibió 571 propuestas de distintas organizaciones y financió 102 con una inversión aproximada de 17 millones 564 mil 34 pesos. Además, en seis años, las iniciativas respaldadas por el Programa han impactado, de manera directa e indirecta, a más de 3 millones y medio de personas.

A partir del cierre de la convocatoria, inicia la siguiente fase del Programa con la publicación de los proyectos seleccionados en http//eventos.inai.org.mx/prosede, el 27 de mayo. Al 24 de mayo, se tiene registrados 19 proyectos. 

Las propuestas que se seleccionan son aquellas donde, después de una fase de deliberación del jurado (integrado por especialistas en temas de acceso a la información y protección de datos), se cuentan con características que permitirán a grupos en situación de vulnerabilidad ejercer los derechos tutelados por el INAI para que sean usados como llave para ejercer otros derechos humanos que permitan mejorar sus condiciones de vida.

Luego, del 30 de mayo al 3 de junio, las organizaciones incorporarán las recomendaciones efectualdas por el Jurado a los proyectos seleccionados y entregarán los documentos necesarios para elaborar el convenio que firmarán del 6 al 17 de junio.

El periodo de implementación de los programas arranca el 20 de junio y concluye el 14 de octubre de este año. Durante esta etapa las organizaciones seleccionadas realizarán talleres, cursos, pláticas y dinámicas relacionadas con grupos o personas en específico para seguir una ruta que permita llevar a la práctica el ejercicio de sus derechos de acuerdo con sus problemáticas. La entrega del informe final de conclusión será el 28 de octubre. Los resultados serán expuestos al público en general en noviembre.