Plan b*

LYDIA CACHO

Cimacnoticias

Como afanador que lleva un balde de agua sucia para limpiar la casa, el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, siguió las instrucciones de presidencia para aclarar que Ayotzinapa es caso aislado, que los militares no apoyaron a las víctimas porque en caso de haber sido llamados por la policía ellos habrían ayudado a los oficiales y no a los ciudadanos, porque su labor como coadyuvantes de las fuerzas de seguridad municipal y estatal en las comunidades tiene como meta proteger y apoyar a la autoridad y no a las y los ciudadanos (a quienes deja implícito, se considera criminales potenciales). Medina Mora esquivó preguntas no aprobadas por Los Pinos.

 
Los extranjeros encuentran incomprensible aquello que se explicaría más o menos así:
 
Somos una República Federal con 31 estados libres y soberanos; cada uno con poder judicial y cuerpos de seguridad independientes, la Procuraduría General de la República (PGR) se encarga de los delitos federales. En la última década, debido a la “guerra contra las drogas”  diversos crímenes relacionados con la delincuencia organizada se federalizaron, ya que dentro del Plan Mérida se contemplaba la urgencia de reestructurar a los cuerpos policíacos y a los poderes judiciales estatales a fin de romper vínculos con los cárteles y erradicar la corrupción institucionalizada.
 
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es responsable de la seguridad interna del país pero Felipe Calderón y el Congreso de la Unión le autorizaron llevar a cabo labores policíacas mientras se reestructuraba a las policías estatales (cosa que nunca sucedió cabalmente). Por otro lado los estados sin cárceles de alta seguridad se llenaron de  detenidos por narcotráfico, por homicidio y secuestro, detenidos sin proceso y sin sentencia que se apropiaron de al menos un 50 por ciento de las cárceles municipales del país.
 
El gobierno federal, junto con la Sedena, la Secretaría de Gobernación (Segob), el poder legislativo y los asesores de seguridad, como bomberos, hacen el trabajo de seguridad a gobernadores ineptos. La PGR comenzó a purgar a sus delegados en los estados para evitar se coludieran con los cárteles, los procuradores locales comenzaron a desentenderse de sus casos más complicados aduciendo incompetencia jurídica por ser delitos federales. Las delegaciones de PGR se convirtieron en castillos de papel, saturadas de casos, sin recursos ni personal suficiente para investigarlos. Mientras Genaro García Luna y Calderón hacían montajes mediatizados para hacer de la justicia un espectáculo casi pornográfico, en que se declaraba culpables a los detenidos sin el Debido Proceso.
 
Durante seis años se instauró un ambiente de linchamiento en el que se normalizaron  las desapariciones forzadas y las masacres; Peña cambió el discurso pero no la realidad. La palabra fosa se convirtió en pseudónimo de muerte y abandono.  Los números fueron aumentando de mil a diez mil, a cien mil.
 
Nos acostumbramos a un discurso en que la muerte era sucedáneo de justicia, justicia de los narcos hacia sus adversarios, justicia de las autoridades para con las y los sospechosos. La Agencia de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen, antes revisora que exigía transparencia en la purga policíaca y la modernización del Poder Judicial para rescatar el Estado de Derecho, se convirtió en cómplice cómodo, premiando a gobernadores por hacer un trabajo malo, mediocre y lleno de falsos reportes sobre supuestos avances.
 
Mientras tanto, la sociedad civil entró en un creciente  estado de alerta, agotador y solidario, marchas, muertes, secuestros, feminicidio, trata de personas, periodistas encarceladas, periodistas asesinados. La guerra contra las drogas se convirtió en la guerra contra la cordura. Peña Nieto, entonces gobernador y el PRI/PAN en el Senado dejaron que todo sucediera “que se hunda el país, para que se hunda el PAN y regrese el PRI” parecían decir esos legisladores de siempre que, inmutables, dejaron hacer y dejaron pasar.
 
Llegó Peña a presidencia y se montó la gran farsa, en la que participaron medios internacionales que hoy reclaman las mentiras que dieron por buenas. Dijeron que ya no había guerra, pero las masacres siguieron, los gobernadores volvieron a sus andanzas acallando a la prensa con plata o plomo. El ejército continúa sus labores policíacas al lado de narcopolicías. Los gobernadores negocian con el narco, los procuradores siguen enviando casos a una PGR rebasada e infiltrada al mismo tiempo. La sociedad civil, atribulada y desesperada, sigue sus marchas plagadas de cruces, de rezos, de poesía. Viudas y viudos,  madres, padres huérfanos de sus hijas e hijos, hermanos buscando a los suyos en fosas. Gobernantes surgidos de las filas del narco, partidos políticos (todos) irresponsables que aceptan al mejor candidato aunque sea criminal.
 
Un gobernador que paseaba en yate para no ver de cerca la catástrofe. Un alcalde impune de un pueblo donde nació la guerrilla (donde se independizó la educación, donde la gente se cansó del cacicazgo criminal), siguió gobernando mientras la PGR  tenía su  grueso expediente por homicidio, por amenazas, perdido en una montaña de papel en poder de las autoridades federales.  La ausencia de Estado de Derecho no es una casualidad, es el resultado de una desgraciada estrategia de políticos ineficientes y mafiosos.
 

*Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.