Lila Zaire Flores Fernández *
La política criminal es una de las manifestaciones del poder público desarrollada a través de normas, estrategias, directrices, programas y acciones dirigidas, tendentes a disminuir los índices de criminalidad, en aras de garantizar la convivencia social a través de la prevención y/o represión de las conductas antisociales que afectan los intereses esenciales de la sociedad y el Estado.
En términos generales, este último está facultado para reprimir la criminalidad por medio de instrumentos de control social tales como la legislación penal sustantiva y procesal, la policía preventiva, los órganos de procuración de justicia, los tribunales y las instituciones de reinserción social, herramientas e instituciones que se integran como una respuesta hacia el fenómeno criminal.
Asimismo, la política criminal comprende un conjunto de normas jurídicas y acciones diseñadas e implementadas para asegurar la eficacia y eficiencia del sistema penal. Sin embargo, es importante considerar que el derecho penal debe ser la última razón del derecho y que este se encuentra enmarcado en el principio de mínima intervención, según el cual la represión penal opera cuando las demás alternativas no han sido suficientes para atender una problemática social; es decir, la criminalización de las conductas y las sanciones penales son los últimos recursos a los que debe llegar el Estado, siempre que se tenga la convicción de que son los adecuados.
No obstante, ante el aumento de la incidencia delictiva y las distintas formas de criminalidad, nuestros legisladores ven como estrategia de política criminal o una especie de «populismo legislativo» la tipificación de conductas y el endurecimiento de penas.
El endurecimiento de las penas no ha funcionado como medida disuasoria de un acto delictivo ni mucho menos contribuido a la eficiencia del sistema de justicia penal
Una verdadera política criminal va más allá de la represión; atiende a las causas que originan los fenómenos delictivos e implementa acciones específicas dirigidas a abatir los factores que favorecen, permiten, contribuyen y reproducen dichas conductas.
El endurecimiento de las penas no ha funcionado como medida disuasoria de un acto delictivo ni mucho menos contribuido a la eficiencia del sistema de justicia penal, pues concuerda con los principios que lo rigen. Las penas elevadas disminuyen las posibilidades de hacer uso de las salidas alternas al procedimiento penal, así como el acceso a beneficios durante la ejecución de las sentencias, lo que conlleva un aumento de las penas privativas de libertad y, por ende, el incremento en la población penitenciaria.
Actualmente la capacidad de los centros penitenciarios del país está rebasada, las condiciones en las que habitan las personas sentenciadas no son apropiadas y no se cumple con el objetivo último de la privación de la libertad, que es la reinserción del sentenciado a la sociedad y la procuración de que no vuelva a delinquir.
Es necesaria una política criminal que atienda a las causas del delito y sea conforme al principio de mínima intervención del derecho penal; la disminución de las penas privativas de libertad que en nada favorecen la eficacia y eficiencia del sistema penal; y el diseño de una política penitenciaria que propicie el acceso de los sentenciados a beneficios, de tal manera que tengan un incentivo para cumplir con su programa de reinserción y, eventualmente, reintegrarse a su vida en sociedad.
Fuentes:
Cesar Madrigal, Sergio Avalos. (2005). «La construcción de una política criminal orientada al mejoramiento del sistema de justicia penal: una propuesta para el estado de Tabasco». Episteme, 6 de diciembre de 2014: http://www.uvmnet.edu/investigacion/episteme/numero5-05/enfoque/a_politica.asp
Jorge Ojeda Velázquez. (2012). «Reinserción social y función de la pena». Derecho y criminalística. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3169
Claus Roxin. (2012). «Problemas actuales de la política criminal». Problemas fundamentales de política criminal y derecho penal. México. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/40/5.pdf
*Maestra en Derecho Internacional con especialidad en justicia constitucional, derechos fundamentales y procesos de Amparo, y estudia el Doctorado en Derecho. Se he desarrollado profesionalmente en distintas áreas del Derecho, desde el litigio hasta la investigación, y hoy es consultora de operaciones en proyectos de implementación del nuevo sistema de justicia penal.
