ARGENTINA CASANOVA*

Cimacnoticias 

Como parte de la política pública de prevención de la violencia contra las mujeres, se crearon los comités para la denuncia del acoso y el hostigamiento sexual/laboral en las instituciones públicas, integrantes del programa de Cultura Institucional.

Incluso se crearon los protocolos y procedimientos para que estas denuncias fueran anónimas y confiables. Ahí tienen sin duda alguna recursos que cada institución utilizó y justificó para ello y de ahí se derivan algunas “líneas telefónicas” en las que las trabajadoras podrían denunciar cuando fueran víctimas de estos hechos.

Recientemente Cimacnoticias dio a conocer la denuncia de trabajadoras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y en este proceso uno de los hechos que más llama la atención es la escasa información y respuesta por parte de ese comité donde las trabajadoras podrían haber denunciado.

Lo sorprendente es que exista tanta indiferencia frente a los problemas que las mujeres viven en instituciones donde aún prevalecen prácticas misóginas disfrazadas de “tradición” o formas de convivencia en la propia institución, que no se sustrae a las responsabilidades que tiene el Estado mexicano frente a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belem Do Pará).

Si buscamos información al respecto, en el caso de la CFE un promocional ofrece el teléfono 01800Función (es decir con los números 3862466), en el cual se puede denunciar ante la Secretaría de la Función Pública si una trabajadora es víctima de acoso u hostigamiento sexual.

Sin embargo al marcar el número, desde hace bastante tiempo y todavía ahora, nadie responde. Timbra como si no existiera y nadie contesta. Y las mujeres que quisieran denunciar se quedan sin tener a dónde reportar el hecho.

Por si eso fuera poco, cuando una mujer denuncia un hecho así se ve sujeta a una investigación en la que la señalada es ella; es curioso, pero la respuesta es idéntica a la que se registra cuando una mujer en una comunidad rural se atreve a acusar que ha sido víctima de violencia sexual o se ha registrado un incidente de este tipo contra una niña o adolescente.

La respuesta de la comunidad es castigarla por atreverse a “descontextualizar”, “enmarcar” o poner en evidencia que ese grupo social vulnera a las mujeres, pero castigándola a ella con “la ley del hielo”, la burla o incluso la agresión.

Así está documentado en localidades rurales, lo mismo ha sucedido cuando una mujer denuncia un hecho de hostigamiento en un espacio institucional en el que, al denunciarlo evidencia también que otras mujeres pudieron vivirlo antes.

Así, rompe el ciclo de complicidad-silencio, expone, evidencia, saca de lo “íntimo” y deja abierta la posibilidad de que otras personas también hayan sido víctimas, y eso es lo que más enoja al resto de la comunidad.

En estudios sobre víctimas de violencia se identifican estos elementos del castigo de la “sociedad” hacia las víctimas, pero también es la razón del por qué las autoridades se niegan a atenderlas o por qué si les aceptan la denuncia y se inicia una investigación tiene que ser bajo ciertas condiciones de “castigo” para ellas: horarios extenuantes, procedimientos de revictimización, entrevistadores hombres, cuestionamientos que parten de la duda y no creer a quien denuncia.

Ésa es la realidad para las víctimas de violencia sexual, y es la misma realidad para las mujeres víctimas del acoso y el hostigamiento sexual en los espacios laborales, y que a pesar de considerarse dentro de la Cultura Institucional, persiste en instituciones donde prevalece personal masculino y la resistencia a la integración laboral plena de las mujeres por su perspectiva y prácticas machistas y misóginas, en las que las mujeres “tienen que probar” que aguantan los comentarios sexistas o de connotación sexual, palabras altisonantes, prácticas, expresiones y juegos, incluso que se las confiera a roles sexistas sin ninguna posibilidad de reconocimiento a su inteligencia y capacidad laboral.

Ese rechazo a la participación de las mujeres es el mismo que prevalece en otros espacios. No es casual que los partidos políticos se resistan a la paridad que por ética y justicia les corresponde a las mujeres.

No es casual que nadie verifique que no existe el número para que las mujeres puedan denunciar un delito que históricamente es cometido contra las mujeres: el hostigamiento y el acoso sexual, porque al final de cuentas está tan naturalizado, y muchas de ellas aunque lo hayan vivido prefieren olvidarse de ello y que nadie les recuerde que trabajan en un espacio donde no son respetadas.

*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.