Porfirio Muñoz Ledo
Históricamente las sucesivas estrategias de política exterior de las potencias son resultado del consenso de sectores y grupos de poder prevalecientes dentro de su clase dominante. Parte de esa táctica es el uso de los medios de comunicación, que responde directamente a los intereses que los respaldan y se convierten en una herramienta para mermar la imagen internacional y la capacidad de negociación de países más débiles.
Hace cerca de dos años los grandes medios de comunicación se esmeraron en ponderar la llegada de Enrique Peña Nieto al poder, elogiaban sin mayor sentido crítico el “Pacto por México” y hablaban de un “Momento mexicano” en que se habían logrado acuerdos plurales para impulsar enérgicamente el desarrollo del país. Parece claro que esos pactos eran gratos a los intereses norteamericanos, sobre todo las reformas en materia energética, que no daban lugar alguno de un entendimiento previo con los intereses del exterior.
No obstante, en las recientes semanas el gobierno mexicano ha sido objeto de embestidas de medios informativos internacionales por diversos casos de corrupción. Estas afirmaciones, mientras no sean plenamente comprobadas, pertenecen al ámbito de las opiniones y habría que tener una mirada más fina para conocer cuáles son sus orígenes e intenciones.
Para nadie es ajena la situación de violencia generalizada que padece México y la grave vulneración a los derechos humanos. Estas transgresiones han aumentado de manera alarmante en los tres órdenes de gobierno y, sus casos extremos (Tlatlaya y Ayotzinapa), han generado un movimiento de protesta al que se han sumado ciudadanos de diversos países. Esto quiere decir acaso, que las faltas atribuibles a nuestro gobierno resultaron más convincentes que los intereses compartidos entre países y ahora nos encontramos con alianzas consentidas, pero sin respeto por parte de los gobiernos y de la opinión pública internacional.
En las últimas décadas se ha asumido con gran relevancia el tema de los derechos humanos como un instrumento de modulación para las presiones que ejercen los países desarrollados sobre aquellos emergentes, ya que los primeros los establecen como parámetros para evaluar la legitimidad con que se ejerce el poder público.
Sin embargo no es posible confundir las campañas de prensa por más informadas que estas sean, con las obligaciones jurídicas que el Estado mexicano ha contraído en los diversos instrumentos de derechos humanos que ha suscrito y ante las instancias internacionales encargadas de aplicarlos. Al desdeñar opiniones y juicios de organismos calificados, el Estado mexicano está a un paso de retroceder a las argumentaciones “soberanistas” que antaño lo caracterizaron.
A pesar de los más de doscientos convenios y tratados que en materia de derechos humanos ha firmado México y del consecuente sometimiento a la jurisdicción de diversos organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional, el gobierno persiste en negar la competencia de dichos organismos e incumplir sus informes, recomendaciones y sentencias.
Nuestros gobernantes aún no han dimensionado los alcances que tiene la reforma al artículo 1° de nuestra Constitución, la cual derivó en la conformación de un bloque constitucional y convencional de derechos que, reforzado por el principio pro persona, obliga a las autoridades a cumplir los estándares internacionales en la materia. Resulta pues inadmisible la descalificación que se hace de los informes y recomendaciones como el de la “ONU en desaparición forzada” que se ha emitido recientemente. No es válido acusar a la mala fe o a la falta de información de estas instancias, sino simple y llanamente cumplir nuestras obligaciones internacionales.
Es necesario zanjar la diferencia evidente entre las campañas periodísticas derivadas de intereses políticos y económicos, con las resoluciones de los organismos internacionales. La mejor manera que tiene el Estado mexicano para que los escándalos mediáticos no se conviertan en instrumentos de chantaje de los poderes fácticos internos y externos, es la cabal protección, promoción y garantía de los derechos humanos. De otra manera estaríamos perdiendo en todos los frentes: en el de nuestra capacidad de negociación y en el de nuestro prestigio, que deben a México tan valiosas aportaciones internacionales; y abonando al de nuestra maltrecha economía y a la sistemática violación al estado de derecho.
