Porfirio Muñoz Ledo
Característica saliente del período neoliberal es la insistencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en impulsar políticas que violan numerosos tratados y convenciones suscritos en el marco de otras agencias o conferencias de Naciones Unidas. Hace cerca de veinte años que han promovido leyes y programas destinados a la privatización del agua en desdén de que el derecho a ese liquido vital ha sido reconocido como derecho humano.
El Plan de Acción de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua estableció que “todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso a agua potable en cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas”. A partir de entonces se han celebrado diversos acuerdos internacionales que obligan a todos los Estados a la elaboración de planes que amplíen progresivamente el acceso equitativo a este esencial recurso.
Queda claro que la mercantilización del agua contraria los avances internacionales en la materia, además de generar graves consecuencias para la población, tal como ocurrió en Tanzania, Bolivia, Puerto Rico, Uruguay y otros; países que tuvieron que emprender grandes esfuerzos para revertir los efectos perniciosos de la privatización: la exclusión social generada por las altas tarifas, la insuficiencia en el suministro del agua debido al control discrecional de las empresas y la omisión en la garantía del derecho al saneamiento al abastecer agua de mala calidad.
La regresión jurídica parece ser la pauta central de esta administración: en el dictamen de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, promovida por el Ejecutivo federal, se introdujeron modificaciones que desconocen las obligaciones nacionales e internacionales del Estado mexicano al dejar en manos de Conagua la definición del porcentaje de participación privada en los proyectos de infraestructura, explotación, distribución, facturación y cobro de agua potable, de acuerdo con un reglamento al que los legisladores no tienen acceso.
Esta ley privilegia las grandes concentraciones urbanas, pero a las poblaciones marginadas no se les considera prioritarias. También afecta a los pueblos indígenas en contravención al Convenio 169 de la OIT que obliga al Estado a obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades nativas sobre el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales.
Si las leyes actuales posibilitan la inequidad en el acceso de las personas al agua, la reforma en curso la agudizaría en violación fragrante al artículo 4° constitucional que otorga a cada persona el acceso, disposición y saneamiento de agua, para consumo personal y doméstico. La reforma que se pretende imponer dejaría en la indefensión a Estados, Municipios y comunidades en el manejo de los recursos hídricos para favorecer a consorcios privados nacionales y extranjeros.
Según los expertos de la UNAM, se ignoran las experiencias de otros países sobre la mercantilización del agua; reduce el mínimo vital de 100 litros por persona, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, y lo fija arbitrariamente en 50 litros; excluye la investigación académica y el monitoreo social; y, con el pretexto de la “Utilidad pública”, se permite el trasvase indiscriminado del agua. Se pretende, en suma, eliminar los aspectos sociales de la actual legislación para convertir el manejo del agua en un negocio y dejarlo a la lógica del mercado.
Una de las principales intenciones de esta ley es cerrar la pinza que dejó abierta la reforma energética en materia de extracción de gas shale y de procedimientos químicos y mecánicos de limpieza de minerales, tan severamente cuestionados como el fracking.
De prosperar la imposición de esta ley, se sumaría a la larga cuenta de agravios cometidos por el poder en los últimos meses y pondría a prueba la capacidad de los movimientos sociales en la defensa de sus derechos. Resulta desolador confirmar que, pese a la creciente impopularidad de la administración y la cercanía de una crisis económica de gran envergadura, el grupo en el poder sigue sin admitir los grandes desajustes provocados por las reformas estructurales recientes, que parecen confirmar la existencia de un Estado fallido, llevando la privatización prácticamente a todas las áreas del quehacer nacional.
