Guillermo Nicora
Instituto de Justicia Procesal Penal
Escribí hace unos años, en ocasión de un evento por el décimo aniversario de la reforma chilena:
«Nuestros Ministerios Públicos, por representar el interés general de la sociedad en la región más desigual e injusta del planeta, necesitan, tanto como cualquier otra agencia estatal, y más aún que sus pares del mundo desarrollado, un diseño institucional que les facilite ser eficaces y al mismo tiempo, democráticos.»
La selectividad regresiva del sistema penal (la preferencia por la criminalización de los sectores vulnerables de la sociedad y la defensa del interés de los poderosos) hace que el sistema penal, en lugar de prestar a la sociedad un servicio pacificador, genere más injusticia, abuso de poder y violencia.
El problema, sostengo, entronca directamente con el control social y político del Ministerio Público: si no logra sintonizar con la sociedad, no podrá representar sus intereses. Si busca quedarse en una posición pretendidamente aséptica y apolítica, seguirá siendo funcional a los intereses de las minorías del privilegio. Siempre esa postura ocultó y negó la selectividad, volviéndola incontrolable y eximiendo a las agencias penales de toda obligación de rendir cuentas.
El jefe de los fiscales nunca puede ser un déspota, pero tampoco puede conducirlos completamente autónomos, librepensadores sin responsabilidad política
Creo que es posible y deseable una real democratización del Ministerio Público, su politización en el mejor de los sentidos; que tenga una política criminal explícita, visible, participativa, vinculada al interés de las mayorías, pero no hegemónica; respetuosa de la pluralidad y, sobre todo, sujeta al escrutinio público y a controles cruzados como cualquier institución de una república.
Debe entregarse al jefe del MP una gran capacidad de decidir y orientar la política criminal, con la obligación de rendir cuentas ante el pueblo, limitando su poder a dos puntas:
Con órganos internos democráticamente elegidos por fiscales que tengan una auténtica carrera, garantía de profesionalismo y estabilización del MP: el jefe de los fiscales nunca puede ser un déspota, pero tampoco puede conducirlos completamente autónomos, librepensadores sin responsabilidad política; con instancias de control externo, como comisiones parlamentarias, mecanismos electorales (directos o no) de los cargos de jefatura, hasta formas de democracia directa (¿grand jury?). La configuración histórica de cada país o Estado dará ecuaciones distintas, y distintos modelos de control externo. Lo importante es desarrollar esos modelos, y estudiarlos comparativamente.
En resumen, ni ingenuidad política, ni dependencia. Si el Ministerio Público es tan independiente que no responde a nadie, inexorablemente responderá a los intereses ocultos de siempre. Si no ponemos a la vista del pueblo que él es el auténtico jefe del jefe de los fiscales, seguiremos estando en problemas.
Consulta también:
«Control de convencionalidad desde la perspectiva del fiscal», en IJPPtv [febrero 7, 2014]
«Fiscales, ¿susto o dulce?», de Guillermo Nicora
