Porfirio Muñoz Ledo

La denuncia sobre el carácter cerrado de la partidocracia no es novedosa. El sociólogo Robert Michels explicó en 1911 que los partidos, principales instituciones de la democracia, no son organizaciones democráticas. Añadió que en toda organización, ya sea partido, gremio profesional o asociación semejante, se manifiestan tendencias oligárquicas. De ahí “el dominio de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes y de los delegados sobre los delegadores”.

A pesar de las atenuantes encontradas por la vía de las candidaturas independientes y de los mecanismos de participación directa de la ciudadanía, ese fenómeno se ha reproducido en casi todo el mundo en virtud de la influencia creciente de los poderes fácticos, de la propaganda engañosa e incluso de las decisiones impuestas por instancias transnacionales y organismos supranacionales, al punto que la sociedad ha sido expulsada del Estado provocando una abierta insatisfacción con el funcionamiento de las instituciones representativas.

Hoy presenciamos en España un proceso político inédito que podría marcar el fin del bipartidismo y colocar a fuerzas y personalidades  emergentes en el centro de las decisiones políticas. Aun en México se observa, de modo incipiente, el rechazo a la participación electoral y el rebasamiento del sistema de partidos que provoca un temor casi histérico del establecimiento político.

Hace cinco años en “La vía radical para refundar la República” abogué por una revolución de las conciencias que condujese al despertar ciudadano para dotarse de una nueva constitucionalidad y apropiarse del poder político. Los hechos ocurridos recientemente confirman el grave deterioro de los procesos políticos por el predominio de la violencia y la compra del sufragio.

Bastaría recordar la eclosión de la protesta social en los últimos años, los cambios de régimen político en América Latina, la Primavera Árabe y la aparición de Syriza en Grecia para entender que se está gestando una nueva morfología social que debiera desembocar en una relación distinta entre los poderes públicos y la ciudadanía.

La reciente revolución tecnológica ha sido un detonante indiscutible. A través de las redes sociales se han generado nuevas formas de movilización, escrutinio a los gobernantes, denuncia a sus abusos,  excesos y documentación puntual de los actos de corrupción. Los poderes prevalecientes han reaccionado criminalizando la protesta, asesinando a los periodistas, reprimiendo a los jóvenes y gestando una inevitable revancha social.

Diversos analistas coinciden en que nos encontramos frente al arribo de una cuarta ola democratizadora, ya que los acontecimientos confluyen en desmontar las claves políticas de los regímenes actuales, obligan a emprender negociaciones en profundidad y a conceder procesos referendarios para dirimir planteamientos separatistas, utilización de recursos naturales y reorientación de políticas económicas lesivas para la población.

En el caso de España, considerada durante mucho tiempo como una transición ejemplar, se observa el claro agotamiento de un ciclo histórico. Por una parte el cambio  no resolvió la cuestión del pasado, ya que si bien reconvirtieron el aparato estatal de la dictadura, dejaron a un lado la herencia moral de la República.

Los pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978 dejaron cuestiones fundamentales sin resolver, como la naturaleza y destino de las autonomías; restablecieron por razones coyunturales los privilegios de una monarquía, que si bien fue útil para la estabilidad de los primeros años, se ha erosionado por sus propios excesos. La adhesión a la Unión Europea reportó a ese país beneficios indiscutibles que ahora se han revertido por una implacable política de austeridad. 

El surgimiento de “Podemos” y las victorias electorales de personalidades independientes anuncian el fin de un modelo político. Han incluido en la agenda inmediata la convocatoria a un Constituyente cuyos componentes esenciales no serían obviamente semejantes al andamiaje que se construyó hace cerca de cuarenta años.

Las fuerzas ciudadanas aparecidas en España y en diversas partes del mundo pugnan por una transformación radical de regímenes sustentados en complicidades oligárquicas y abogan por un nuevo pacto social capaz de abolir un pasado cimentado en los privilegios. Para nuestro país es hora también de definición fundamentales: desterrar los vicios de la partidocracia y construir una nueva plataforma nacional que nos devuelva el progreso y el orgullo esencial de ser mexicanos.