Teresa Morales Duke / Express Zacatecas
El gobierno de la República calificó excesivo el Informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos, OEA, en el que señala que el país atraviesa una grave crisis de derechos humanos, dada la situación extrema de inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad.
Mientras, para los ciudadanos se ilustra un retrato muy parecido a la realidad, incluso recién la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) 2015, mostró que la percepción de inseguridad alcanzó a 72.3 por ciento de la población nacional, así como que 9 de cada 10 delitos no son castigados, lo que hace sonar “familiar” la referencia del organismo interamericano.
La inseguridad en México se expresó en 33 millones 700 mil delitos perpetrados en todo el país durante 2014, con una prevalencia de 28 mil 200 víctimas por cada 100 mil habitantes. Un integrante de cada tres hogares fue víctima de algún delito, esto es, en 33.2 por ciento de los 10 millones 800 mil hogares que hay en el país. ¿No es ésta una crisis de inseguridad?
El sentir social de inseguridad creció, aún, en relación a los últimos años del gobierno de Felipe Calderón, cuando sacudió al país una ola de homicidios luego de declararle la guerra a los cárteles del narcotráfico a finales del 2006.
La Envipe, basada en 2014, evidenció que el porcentaje de delitos que no fueron denunciados ante la autoridad o que no obtuvieron una averiguación previa, alcanzó 92.8 por ciento. ¿No es esto una crisis de impunidad?
¿No es violatorio de los derechos humanos que la integridad del individuo no esté garantizada en el país y, todavía más, que la justicia no se aplique. Que se muera en el intento de exigirla?, porque no es gratuita la desconfianza para no denunciar, ni tampoco el desaliento para acudir a las instancias de procuración de justicia y perder el tiempo embalsamados en la burocracia.
Acudimos en estos momentos a la guerra entre los discursos oficiales, cada vez más endurecidos, para repeler la verdad y el sentir social de la traición de quienes nos gobiernan porque prometen y prometen servir a los ciudadanos, pero a la hora de la hora, ahí están los resultados.
Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino al país, a cinco estados, especialmente con el cometido de hacer un trabajo de campo respecto a lo ocurrido hace un año en Iguala, Guerrero, es decir, la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, donde se encontró con el camposanto de fosas clandestinas, que ya no se sabe cuántos desaparecidos y desaparecidas suman, y esto no es solo en Guerrero, sino en muchas partes del país, terrible expresión de la crisis de violencia que no se quiere aceptar.
Dichos crímenes se le imputan a la delincuencia organizada, pero lamentablemente, también, a "manos negras" del Estado, en particular de las corporaciones y fuerzas armadas que estarían para proteger a los ciudadanos.
En la búsqueda del rastro de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada, el diagnóstico difiere de las líneas de investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), por lo que propone reencauzar el seguimiento, ésto viene también a retroalimentar la desconfianza y falta de credibilidad en las autoridades de justicia.
Lo que es comprensible para la sociedad, es este horror de “democracia” entre comillas, donde la verdad, la neta, lo cierto, trata de ocultarse, minimizarse, soterrarse, con la hipocresía de una élite gobernante divorciada sistemáticamente de la problemática real y de la verdad, o de plano, de la mano del cinismo.
Cabe mencionar que la Encuesta de referencia no contabiliza delitos relacionados con el narcotráfico, delincuencia organizada y trata de personas, sino robos, asaltos, fraudes, extorsiiones, amenazas, lesiones, secuestros y delitos sexuales. ¿Entonces si se midieran, estaríamos peor que los resultados que ofrece la CIDH?
