LAURA OLÍAS*

Hace unos días, en medio de grandes celebraciones, los países de la ONU respaldaron un acuerdo para luchar contra la pobreza y la desigualdad hasta 2030. Dos meses antes, muchos de ellos, entre los que se encontraban los países ricos, bloquearon un mecanismo para evitar el fraude y la evasión fiscal. Son medidas que reman en direcciones contrarias, como también lo son “promover sociedades pacíficas” y luego vender armas a actores involucrados en guerras. Algunos países han tumbado o rebajado algunas de las propuestas más innovadoras de la nueva agenda de desarrollo para los próximos 15 años y algunas de sus políticas nacionales son incoherentes con los compromisos que acuerdan a nivel internacional.

Las organizaciones de la sociedad civil encuentran contradicciones en algunas de las medidas adoptadas por parte de los países firmantes de la Agenda 2030.

A dos meses de la aprobación de la Agenda 2030, los países se reunieron en Etiopía en la Cumbre de Financiación de Addis Abeba para decidir cómo pagar el proyecto. Los países ricos, entre otros, bloquearon la propuesta de los estados empobrecidos y emergentes de crear un organismo independiente para luchar contra el fraude y la evasión fiscal.

Según los cálculos de Oxfam Intermón, “cada año los países en desarrollo pierden al menos 100.000 millones de dólares por abusos fiscales de grandes transnacionales, tanto por evasión y elusión fiscal como por los incentivos discrecionales concedidos a algunas grandes empresas”.

El propio texto de la agenda contiene contradicciones entre sus diferentes apartados, dicen desde la sociedad civil. Recoge el apoyo a pequeños productores, campesinos locales y microempresas. Y también “apunta que hay que promover el sector más dinámico en la economía, el sector privado según dicen, y que hay que favorecer a nivel internacional el libre comercio”, explica Marco Gordillo, de la Coordinadora ONGD de España. Insiste en que la dimensión económica ha quedado por encima de la social y la ambiental en la agenda.

En 2012, en la Conferencia de Río, se puso en duda la relación entre el crecimiento económico medido mediante el Producto Interior Bruto (PIB) y el desarrollo de las sociedades. “Vimos que habíamos aumentado la riqueza mundial, pero a costa de mayores desigualdades y un deterioro ambiental”, explica Marco Gordillo. Esa visión más crítica ha caído en la agenda final para 2030.

“La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) propuso una limitación de la especulación en mercados agrícolas, que hace que suba el precio de los alimentos, y se ha caído de la agenda”.

La agenda 2030 no ha incluido en sus objetivos un compromiso claro con los derechos humanos, otra de las grandes faltas para la sociedad civil. “Los ODS no han incluido el enfoque de derechos. Toda persona tiene derecho, por ejemplo, a la sanidad. Por tanto, es una responsabilidad del estado garantizar los derechos”, argumenta Martínez Osés.

Sin embargo, sin esta perspectiva, los compromisos se relajan y se demuestra en el lenguaje. “Vemos que se ha sustituido la palabra ‘garantizar’ por la de ‘promover” en lo relativo a muchos derechos, afirma Gordillo.

“No pueden sermonear sobre la paz cuando se es el mayor fabricante de armas del mundo”, dijo en su discurso en la ONU el secretario general de Amnistía Internacional. Washington acordó con el rey saudí la venta de otros 1.000 millones de dólares en armas. Arabia Saudí participa en bombardeos en Siria, facilita armas a grupos yihadistas y ataca Yemen. La coalición que encabeza en su ofensiva contra Yemen se ha cobrado dos tercios de las víctimas civiles del conflicto, según anunció la ONU este martes.

A la relajación del lenguaje de la agenda final se suma que la estrategia no es vinculante. Los objetivos no son de obligado cumplimiento, ni hay sanciones a los países que no alcancen las metas, porque así lo han decidido los países firmantes.

Los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) –la estrategia en materia de desarrollo desde el año 2000 a 2015– tampoco lo eran y, según admite Gordillo, no había muchas esperanzas de que este punto cambiara. Finalmente, se confirmaron los pronósticos: los estados solo rendirán cuentas ante la opinión pública y en el escaparate internacional cuando se publiquen las evaluaciones de resultados.

Artículo del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
*Periodista de eldiario.es
Twitter: @laura_olias