DENISSE BRAUER
La iniciativa fue presentada por la diputada Marisela Contreras del PRD
SemMéxico. Ciudad de México. De aprobarse el proyecto de decreto elaborado por la diputada del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la violencia política será tipificada y objeto de prohibición en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El citado proyecto de decreto establece como violencia política en el artículo adicionado V Bis: “cualquier acto o conducta agresiva cometidas por una o varias personas, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en agravio de una mujer o varias mujeres o de sus familias, que tengan por objeto para impedir o restringir el ejercicio de sus derechos políticos, electorales o de asociación o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad o de la ley”.
Asimismo, el capítulo adicionado IV Bis relativo a la violencia política, se establece que los servidores públicos de orden federal, estatal y municipal, están obligados a abstenerse de:
Imponer por estereotipos de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones propias del cargo público que las mujeres ostenten o en cualquier ámbito de ejercicio de los derechos político electorales o de asociación de las mujeres;
Asignen responsabilidades que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función político-pública de las mujeres;
III. Restrinjan el uso de la palabra, en las sesiones u otras reuniones y su participación en comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo, conforme a la reglamentación establecida;
Impongan a las mujeres sanciones injustificadas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos;
Divulguen o revelen información personal y privada, de las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de sus funciones político-públicas, con el objetivo de menoscabar su dignidad como seres humanos y utilizar la misma para obtener contra su voluntad la renuncia y/o licencia al cargo que ejercen o postulan; y
Presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.
En la exposición de motivos, la legisladora expone que aunque se han logrado avances en cuanto al reconocimiento de los derechos de las mujeres, en el ámbito de la política, las mujeres continúan siendo objeto de violencia política por parte de partidos políticos, instituciones electorales y diversas autoridades, que no garantizan el pleno ejercicio de sus derechos, inhibiendo el ejercicio del derecho a participar y a formar parte de las decisiones públicas.
Enuncia que en el ámbito del quehacer público, a la mujer se le encomienda la realización de actividades impuestas por estereotipos de género; la realización de tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo; cuando es candidata se le proporciona información falsa; se le critica por su vida privada; se le amenaza, chantajea, intimida; es objeto de desaparición forzada para que no pueda competir por un cargo.
Además, se realizan registros fraudulentos de candidatas; asignación de registro de mujeres en distritos donde su partido pierde históricamente; se le imponen obstáculos para acceder a recursos para campañas; se le desestima y descalifica en sus propuestas; es objeto de agresiones verbales estereotipadas y discriminatorias, además de agresiones físicas, violencia sexual, acoso e incluso asesinatos.
El proyecto de decreto fue turnado a la Comisión de Igualdad de Género, para su análisis y eventual aprobación.
