QUINTO PODER

ARGENTINA CASANOVA*

Desde el pasado 8 de marzo se hizo el llamado “a todos los países para mirar los crímenes de género a través del lente de la tortura, pues la explotación y trata con fines sexuales de las mujeres puede equivaler a tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes”, y bajo esta óptica se tendría que empezar por establecer sanciones administrativas y penales para quienes con sus actos contribuyan al sufrimiento de las mujeres.

Poco a poco se ha cobrado conciencia del impacto que la violencia de género tiene en la vida de mujeres y niñas, y es ahora cuando también empieza a tomarse conciencia de los efectos que tienen los crímenes de género específicamente, es decir los delitos que se cometen fundamentalmente contra las mujeres en el mundo.

En reiteradas ocasiones, en espacios nacionales e internacionales, he expuesto que la violencia de género institucional constituye en gran medida actos de tortura, incluso con acciones directas por parte de agentes del Estado que facilitan o contribuyen a que estos actos se cometan y derivan en el menoscabo de los derechos de las mujeres.

La participación activa de agentes del Estado en redes de trata; la de servidores públicos de hospitales que causan daño y sufrimiento innecesario en el cuerpo de las mujeres durante las intervenciones ginecológicas; la exhibición de sus cuerpos como “objeto de estudio” sin considerar el daño que esto ocasiona a las mujeres que pasan por las salas de parto y que no desean ser parte de ese ritual de enseñanza médica, pero sobre todo de las veces que son tratadas con desdén y humillación en las salas de parto, constituyen tortura.

Lo que hace que un acto sea tortura de acuerdo con la definición internacional es: que sea cometida por agentes del Estado, que tenga como fin obtener una información, causar un sufrimiento o castigo por algo que se piensa hizo la persona o para que se autoinculpe la persona.

En los casos definidos, el castigo es muchas veces un acto inconsciente que se ejerce sobre las mujeres que transgreden el orden establecido o su lugar de objeto-pasivo.

Pero también es tortura cuando es alentado o permitido por agentes del Estado, y esto es el equivalente en los casos de redes de trata y explotación sexual que son auspiciadas por la permisividad de las autoridades y su indiferencia, lo que hace posible que otros delitos se cometan contra las mujeres.

Vivir en una sociedad en la que las mujeres son asesinadas diariamente, salir a la calle en un estado en el que no se emite la Alerta de Violencia de Género, y se desarrollan políticas públicas sin recursos efectivos para incidir en el cambio, constituye la exposición de las mujeres a vivir en una situación de estrés y tensión, miedo a vivir en una sociedad en la que ser mujer es la única razón para ser asesinada.

El efecto del terrorismo sexista contra las mujeres es precisamente sembrar el terror, hacerlas desistir, hacerlas ver que no pueden abandonar los espacios seguros, que no pueden transgredir y ubicarse en la periferia con actitudes que las lleven a ser identificadas dentro de las estructuras de género como “mujeres malas”, a las que todo les puede pasar y el Estado no alcanza a proteger.

Por eso se insiste tanto en que a las mujeres que están en la periferia es a las que les suele ocurrir algo grave, ser violadas, ser asaltadas, ser asesinadas.

Se pondera por sobre todo las características de la mujer que la hacer ser vista como una “transgresora”: “era puta”, “era bailarina”, “era una callejera”, “vivía en la calle”, “era una alcohólica”, o simplemente era “mala madre”, y eso es suficiente para privarla de su condición de persona y que todo lo malo puede ocurrir sobre ella, incluso que el Estado mismo se olvide de que tiene derechos y con ella su madre, sus hermanas y todas las mujeres que como ella no pueden ser protegidas como ciudadanas “ideales”.

La explotación sexual de las mujeres tiene tras de sí la indiferencia del Estado que reconoce que es una “profesión”, y su participación se limita a ser un explotador más a través de agentes que ejercen presión directa sobre las mujeres, al pedir cuotas en los espacios en los que trabajan, o peor en el caso de videos hechos por personajes que se autoerigen jueces morales, brazos ejecutores de la sociedad que castigan a las transgresoras, a exhibirlas como objetos sin valor que merecen recibir castigo.

El Estado actuando así a través de sus agentes comete actos de tortura, es cómplice, es aliado y al no ejecutar castigos ejemplares sobre las y los servidores públicos que violentan a las mujeres que se deciden a denunciar abusos, se constituyen como verdugos en un acto del sistema patriarcal con el castigo sobre las mujeres transgresoras.

Lo que hay detrás de esos y muchos otros actos cometidos por aquiescencia del Estado es eso: tortura y es una extensión de los guardianes y guardianas del patriarcado.

*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.