PORFIRIO MUÑOZ LEDO

La condena nacional e internacional sobre la violación de los Derechos Humanos en México se ha vuelto indetenible. El gobierno ha tratado inútilmente de atemperarlas o de contradecirlas con disculpas históricas del Ejército y torpes forcejeos con los organismos multilaterales -como la suspensión unilateral de la tarea del GIEI- a fin de disfrazar el fracaso de una estrategia de seguridad que encubre los intereses económicos del trasiego de armas y drogas.

El video que muestra la tortura de una mujer por parte del Ejército y la Policía Federal se convirtió en una alerta mundial como ocurrió en Irak y Guantánamo. Dio la razón a las organizaciones que han asentando el carácter generalizado de esta práctica,  parte sustantiva de lo que  se entiende por “investigación” por parte de las fuerzas del orden.

La revelación de que por lo menos dos federales participaron en la desaparición de hasta 20 de los 43 normalistas representó un viraje definitivo en la inverosímil trama construida por la PGR y falazmente divulgada como la “verdad histórica”. Estos hechos atestiguan la mentira sistemática del gobierno respecto de la injerencia de autoridades y agentes públicos en escandalosos atentados.

En adelante los dirigentes políticos de los países desarrollados no podrán hacer caso omiso de esos fenómenos, lo que empañará irremisiblemente los viajes de Estado del Jefe del Ejecutivo en busca de inversiones extranjeras. Así ocurrió ya en los discursos de la canciller alemana y del primer ministro de Dinamarca. La voz internacional más significativa vino del Departamento de Estado norteamericano, que en su último informe establece que en 2015  ocurrieron en México graves y numerosas violaciones, acentuando “los casos en que han participado elementos de las fuerzas armadas y policías de distintos niveles de gobierno”.

Las declaraciones vertidas por Hillary Clinton refiriéndose a los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya y Ajuchitán representan una ominosa advertencia respecto del futuro de nuestras relaciones bilaterales, más aguda que los excesos de su contendiente Donald Trump. La candidata sentenció que nuestro gobierno debe borrar los estigmas de “corrupción e impunidad” que “debilitan el futuro de los mexicanos” y finalizó “no quiero que México ignore las leyes internacionales”.

Las personalidades nacionales se ven constreñidas a tomar posición aquí y en el extranjero. Fernando del Paso antes de recibir el Premio Cervantes externó: “México es un país en decadencia” en el que “hemos tenido muchos gobernantes ineptos y corruptos”, pero también “una bulimia en el pueblo que tiene que reaccionar de una vez”, venciendo “el escepticismo” que nos lleva a “ya no creer en nuestro país”.

Resulta insostenible que, a contrapelo de una opinión pública abrumadora, el gobierno no reconozca las fallas estructurales de su estrategia, ni el pantano en el que se han hundido las normas fundamentales de respeto a los Derechos Humanos. El Ejecutivo mexicano, que no pudo eludir su presencia en la Asamblea General de la ONU, tuvo que reconocer que el prohibicionismo no ha logrado inhibir la producción, el tráfico ni el consumo en el mundo. Admitió el fracaso de la llamada “guerra contra las drogas”, pero inexplicablemente añadió que en ella México “no está inmerso” cuando ha sido el abanderado ostensible de esa estrategia.

Frente al descenso dramático de su aceptación por parte de la ciudadanía, el gobierno intenta ponerse en sintonía con la corriente mayoritaria que desaprueba sus políticas, pero no se atreve a cambiarlas. Las declaraciones del Presidente a su regreso del viaje representan apenas una vuelta de tuerca en sentido inverso a la maquinaria de represión que sigue en marcha. El anuncio de la elevación de la dosis de marihuana autorizada para uso personal a 28 gramos –una onza- puede agradar a los consumidores, pero resulta absurdo que se finja poner en el centro la política de salud y no se diga una palabra sobre el combate a las adicciones. Además, mientras no se modifique el modelo de producción y distribución se corre el riesgo de enriquecer aún más a los narcotraficantes.  

El mundo espera mucho más de México y nosotros con mayor razón. El cambio está por venir, pero ello exige una movilización social con la dimensión de los problemas que afrontamos.