ARGENTINA CASANOVA*

Cimacnoticias

Oficialmente en 2011 se celebraron en México poco más de 84 mil casamientos en los que la contrayente era una niña. En el estado de Campeche, la semana pasada se logró la eliminación de la permisividad del matrimonio infantil, mediante una iniciativa aprobada en el Congreso local que establece como edad mínima los 18 años. Aún falta hacer efectiva la prohibición en la práctica.

Campeche es una entidad en la que el matrimonio infantil se encontraba tan naturalizado como ocurre en todo el país. En todo México la pobreza suele ser una de las causas de los embarazos y matrimonios de niñas, al punto de naturalizarse como algo ligado a la población de ciertas zonas del país y algunos grupos étnicos.

En el caso de Campeche, en los municipios, e incluso en la zona urbana, una de las constantes que más se escucha es la “denuncia” que pide anonimato, de casos de violencia sexual contra niñas por incesto o por figuras de poder frente a las niñas.

Otro de los problemas constantes es el de las niñas que son “casadas” o “entregadas en matrimonio” a hombres mucho mayores a cambio de unos pesos para la familia. Algunas veces lo único que obtiene la adolescente es la posibilidad de no morir de hambre, pues la familia piensa que si en casa no tienen para alimentarla, al menos eso hará en la casa a la que va.

La realidad no dista para nada de lo que ocurre en la vida de las niñas que son sometidas a esclavitud en la India. Nada diferente a las niñas que son “vendidas” a cambio de una vaca en África, con la diferencia de que aquí en nuestro país puede ser incluso “un cartón de cervezas”.

La gente se divide entre la que habla de esos casos y la que responde escéptica. Cuando oye que hablo o escribo del tema, me preguntaba “¿acaso ocurre eso en nuestro país?”. Es de no dar crédito a esa pregunta, cómo es posible que cerremos los ojos y pretendamos no mirar esa realidad que no es exclusiva de un estado, sino que es una mala práctica patriarcal disfrazada de “uso y costumbre”.

En el ejercicio de incidencia comunitaria para la Campaña de Eliminación del Matrimonio Infantil en el estado de Campeche, a través de un proyecto para promover la iniciativa legislativa, participaban mujeres de las comunidades que intervenían en los espacios de diálogo y reflexión sobre este tema, en los municipios con mayor incidencia de esta problemática: Candelaria, Hopelchén y Calakmul, que se caracterizan por elevados índices de pobreza y marginación.

Hay coincidencia: todas estaban conscientes que de haber postergado la maternidad, de haber podido elegir, de haber estudiado, su vida sería diferente.

Mujeres que lloraron al escucharse a ellas mismas contar sus historias de ser arrancadas o expulsadas del hogar, para dejar el sueño de un aula por una realidad de trabajo, parir, golpes y envejecimiento prematuro.

Esa es la realidad en la vida de las mujeres en muchas partes del país, y cambiar las leyes es sólo el primer paso, lo que sigue es transformar las sociedades, hacer conciencia de que si cortamos la raíz de la violencia contra las niñas estamos incidiendo en una mejor condición de vida para la futura generación.

Unicef señala que una niña de un hogar pobre tiene tres veces más probabilidades de contraer matrimonio que una niña de un hogar con mejores ingresos, y ahí se incrementan los factores de la pobreza generacional. Matrimonios a temprana edad se vuelven sinónimo violencia y abuso contra las niñas de familia en familia, sin romper ese ciclo de explotación.

En todo México, la problemática toma distintas direcciones y cuestiones que se entrelazan, desde el embarazo en adolescentes, la explotación laboral de las niñas y la violencia sexual detrás de las uniones de niñas de menos de 12 años, son como los ejes más graves que forman la base de la pirámide de la violencia contra las mujeres.

En México está totalmente “normalizado” que las niñas sean atacadas sexualmente y abandonadas embarazadas; otra “alternativa” es que sean obligadas a irse con hombres que las han abusado o “raptado”, con sistemas de leyes que funcionan más como extensión de la violencia, como son las figuras de “estupro” y “rapto”.

No se puede evitar demandar el fin del matrimonio infantil dando el argumento de que se trata de “derechos reproductivos” de las y los adolescentes, mentira que sólo ha servido para que evadan la responsabilidad de intervenir con políticas públicas y legislaciones que restrinjan el matrimonio y que las niñas sean arrancadas de las escuelas y obligadas a trabajar en condiciones de esclavas.

Se trata de no confundir que una práctica sexual, la que efectivamente forma parte de los derechos reproductivos de las y los adolescentes, no es sinónimo de matrimonio, y sólo hasta que se reconozca la urgencia de la educación sexual en los espacios educativos se empezará a reconocer que la omisión del Estado es la que ha favorecido contextos de abuso, y que las menores de edad sean obligadas a contraer matrimonio para pasar el resto de sus vidas como esposas-esclavas. Así como el derecho a decidir y a la interrupción del embarazo.

Por el derecho a una vida libre de violencia: ?#?CampechesinMatrimonioInfantil vamos por un #?MéxicosinMatrimonioInfantil!

*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.