DORIA VÉLEZ / Presunción de Inocencia
Una vez más conocimos acerca del aumento del homicidio doloso en nuestro país, a partir de las estadísticas reportadas por las instituciones de procuración de justicia, las cuales refieren una tasa de 12.43 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, de enero a septiembre de 2016.
Una vez más, cuando algunas autoridades fueron cuestionadas sobre este incremento, lo desestimaron argumentando que era «no sustancial». Una vez más pareciera que quienes encabezan nuestras instituciones se niegan a aceptar que atravesamos por una crisis de seguridad.
Y una vez más nos damos cuenta de que, mediante líneas discursivas estratégicas, está intentándose excluir crónicamente la violencia tanto de la historia como de nuestra memoria, hasta un punto donde sus cicatrices sean casi imperceptibles en términos individuales y comunitarios.
Vale la pena identificar los efectos que esto puede tener en la justicia, pues no solo obstaculiza el acceso a esta mediante el lenguaje. Considero fundamental retomar el concepto de justicia transicional, para considerar sus posibles implicaciones no solo en el contexto actual, sino en el futuro, cuando todos los actores sociales apuesten por la construcción y establecimiento de la paz.
La trivialización y el silencio de las autoridades federales respecto al aumento de pérdida de vidas a causa de la violencia implica la negación de la verdad en un futuro, debido a que imposibilita nombrarla, investigarla y ubicarla en México.
Me permito traer a colación la propuesta conceptual mediante la que se plantean estos procesos como respuesta a las situaciones post-conflicto en países con contextos violentos. En este sentido, hay que considerar que dichos procesos, más allá de si se trata de una transición total o parcial, persiguen la protección de los derechos de las víctimas y la consolidación del Estado, de manera que no deje espacio a la impunidad en violaciones a derechos humanos.
Esta aproximación conceptual y teórica ubica a las víctimas en el centro del sistema de justicia, además de que posiciona los términos bajo los cuales el Estado debe responderles respecto del daño generado, en el sentido de justicia, verdad, reparación y no repetición de los hechos.
Si recuperamos este modelo, en conjunto con el planteamiento de Alejandro Castillejos[1] sobre la justicia transicional, constatamos que la trivialización y el silencio de las autoridades federales respecto al aumento de pérdida de vidas a causa de la violencia implica la negación de la verdad en un futuro, debido a que imposibilita nombrarla, investigarla y ubicarla en México.
Desde esta perspectiva, las líneas discursivas de las autoridades tienen consecuencias que van más allá de la mera comunicación. Afectan la definición de nuestras miradas ante la historia en materia de seguridad y el dolor que ha conllevado el aumento de la violencia y la delincuencia. En otras palabras, tienen un impacto en la construcción de memorias democráticas sobre la crisis de seguridad humana que enfrentamos y, por ende, no deberían ser pronunciadas a la ligera.
[1] Alejandro Castillejos. Los Archivos del Dolor: Ensayos sobre la Violencia y el Recuerdo Colectivo en la Sudáfrica Contemporánea. Bogotá: Universidad de los Andes, 2009.
