QUINTO PODER
ARGENTINA CASANOVA*
Cimacnoticias
Desde sentencias que son 60 por ciento más elevadas por los mismos delitos que en los hombres, homicidios calificados, sentencias por crimen organizado, trata, homicidio en grado de parentesco y filicidio, son las constantes acusaciones que llevan a las mujeres a las cárceles mexicanas, en casos en los que no tienen acceso a un proceso justo sin defensa adecuada, sin promoción de recursos, apelaciones, pruebas o consideración de atenuantes que favorece un incremento en el número de mujeres presas.
Sin existir espacios específicos, ya que la mayoría son anexos habilitados dentro de las cárceles de hombres, las mujeres en situación de reclusión afrontan el cisma de la violencia de género, no sólo como contexto que muchas veces favoreció la comisión del delito, sino como condición para el abandono y el olvido de la familia, del esposo o de los propios hijos e hijas.
Hablamos de infraestructuras viejas, deterioradas que la mayoría de las veces son resanadas para una mejor apariencia, pero que siguen sin ser espacios idóneos. La otra circunstancia es que en las cárceles de mujeres que se han construido empiezan a notarse graves violaciones a sus derechos, al ser transferidas desde todos los puntos del país y alejándolas de la poca familia que las visita.
La criminalización de la pobreza
A nivel mundial se dice que “la pobreza tiene rostro de mujer”, y muchas de las mujeres que están en la prisión vivían afuera en esas condiciones, al punto de que una mayoría prefieren estar recluidas, sobre todo si son adultas mayores porque en libertad no tienen un sustento, ni dónde dormir, ni qué comer.
No es el mismo contexto en todas las cárceles, pero por todo el país abundan los casos de mujeres que fueron detenidas y encarceladas por robos considerados como “famélicos”. Los informes sobre ese tipo de delito señalan que más del 80 por ciento de quienes los cometen son mujeres, y se trata de robo en productos como botellas de agua, leche, “gerber”, pañales, desodorantes o sopa instantánea, entre otros productos.
En estos, al igual que en los demás delitos, prevalece una mirada prejuiciada hacia las mujeres que los cometen, además de la política de las cadenas de supermercados que tienen la consigna de denunciar todos los casos, como si del presupuesto público se tratara.
El resultado es mujeres que están esperando hasta ocho meses a que se resuelva su situación, sin información de sus abogados -a los cuales, la mayoría de las veces nunca vieron durante el proceso-, y saben de él porque alguien les dijo que tenían un defensor público. Este es otro de los aspectos que evidencia las debilidades del Sistema de Justicia mexicano que se quiebra en la violencia de género extendida hacia el Sistema Penitenciario.
Los prejuicios y los estigmas son en gran medida causa de muchos de los delitos, que sólo lo son cuando son cometidos por las mujeres, pero no así en los casos de hombres que reciben penas menos elevadas, sus testimonios son utilizados en contra de las mujeres y ellos reciben a cambio beneficios, que sucede en delitos como aborto, filicidio, trata y explotación de menores, por mencionar algunos.
Otro tema ligado a las mujeres y la prisión es la maternidad. En cada cárcel de mujeres en el país, hay niñas y niños que pueden permanecer junto a la madre hasta los cinco años en promedio. Con todo lo que conlleva a que una niña o niño crezca en ese contexto, aunque no sea un factor que se tome en cuenta o favorezca la excarcelación temprana, en aquellos casos en los que no hay delitos graves o sentencias que no llegan y se demoran.
Numerosos casos en los que no tienen ni idea de quién fue su abogado, en qué etapa del proceso está o aquellas que sólo supieron de la justicia cuando les fue notificada la sentencia, pero reciben reprimendas si preguntan o piden información sobre su situación legal o dan autorización a defensoras para que investiguen el estado de sus casos.
A pesar de que se dispone de una recientemente aprobada Ley de Ejecución de Penas, las mujeres en las cárceles continúan recibiendo cursos de manualidades y belleza, sin oportunidades reales -en la mayoría de las cárceles-, de recibir una capacitación para el empleo. Ni siquiera se dispone de talleres como los que cuentan las áreas varoniles, con carpintería, plomería, herrería o reparación de aparatos eléctricos.
Me quedo corta de espacio para abordar todas las aristas de la situación de cárcel que viven las mujeres, pero ocuparemos otras entregas de la columna para hablar sobre algunas de las particulares que consideramos están sesgadas por la discriminación de género, y que contribuyen a la criminalización de las mujeres en la sociedad.
La pregunta que nos podemos hacer es ¿qué clase de sociedad tenemos, en la que algunas de las mujeres privadas de su libertad se sienten más seguras y tranquilas en las cárceles, o al menos sienten que pueden tener un lugar donde dormir y comida segura?
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.