Ana Aguilar García * / Presunción de Inocencia
¿Cuántos más Ayotzinapas, Tlatlayas, Palmaritos, socavones, #GobiernoEspías y Odebrechts estamos dispuestxs a dejar pasar? ¿Cuántas víctimas más de la corrupción y la impunidad necesitamos para reaccionar y exigir verdad y justicia? ¿Cuánto tiempo más podemos tolerar una Procuraduría General de la República que no hace su trabajo?
Quienes vivimos el sistema de justicia penal desde diferentes ángulos ―a través del litigio, como víctimas o acompañándolas, a través de la investigación o la incidencia― somos testigos de que el uso de la persecución penal con fines políticos y la selectividad del sistema, que concentra sus esfuerzos en los sectores sociales más vulnerables, no cesan. Y, desafortunadamente, la implantación del sistema acusatorio no ha garantizado investigaciones de calidad.
#FiscalíaQueSirva nace como un movimiento colectivo amplio y diverso que reúne a más de 100 organizaciones de la sociedad civil interesadas en cambiar esto. Queremos una institución del Ministerio Público que haga bien su trabajo, no actúe arbitrariamente y ejerza sus facultades y obligaciones en beneficio de toda la sociedad.
Para lograrlo, proponemos una Fiscalía General de la República autónoma e independiente. La reforma política de 2014 nos abrió la puerta para lograrlo. Hoy la Constitución, en su artículo 102-A, prevé un órgano constitucional autónomo que hará las funciones de Ministerio Público. Sin embargo, este texto es insuficiente y hasta peligroso: ¡Admite el pase automático de quien sea procurador al momento de ser aprobadas las leyes secundarias en la materia! Así que, aunque ya existen iniciativas para reformar esta parte, pensamos que podemos ir por más.
Hoy, con #VamosPorMás, te presentamos nuestra iniciativa ciudadana. Ayúdanos a difundir el mensaje. Danos tu opinión y súbete al barco contra la impunidad
Entre otros, planteamos los siguientes mínimos:
Un proceso de designación del o la fiscal con participación ciudadana, que introduzca de forma obligatoria un perfil y criterios de selección para elegir a la mejor persona y más capacitada, sin conflictos de interés ni vínculos con el poder político. Esto también significa que necesitamos un proceso de remoción estricto, que no esté sujeto a la voluntad del Poder Ejecutivo. Sin esto nuestros derechos al debido proceso y de acceso a la justicia están en riesgo.
Un modelo de gestión adecuado a los nuevos sistemas acusatorio y de ejecución penal, y modelos de investigación flexible, que cuenten con recursos técnicos y materiales para la investigación eficaz de los delitos en contextos de macrocriminalidad y violaciones de derechos humanos.
Un servicio profesional de carrera que haga de la función de Ministerio Público una profesión a la que pueda aspirarse. Que solo quienes cumplan con perfiles predeterminados accedan a la institución por sus propios méritos y que su remoción no esté sujeta a la voluntad del o la fiscal.
Un régimen de transición que incluya un plan de liquidación de la PGR y evite la simple transferencia de personal no calificado.
Independencia y autonomía de los servicios periciales.
Además, proponemos la reglamentación clara de competencias entre los ámbitos federal y local; planes obligatorios de persecución penal; fiscalías especializadas en materia electoral, anticorrupción y derechos humanos, y mecanismos internos de control y rendición de cuentas.
Hoy, con #VamosPorMás, te presentamos nuestra iniciativa ciudadana. Ayúdanos a difundir el mensaje. Danos tu opinión y súbete al barco contra la impunidad.
Consulta también:
«Comunicado: OSC exigen una modificación profunda del 102 constitucional y transitorios para garantizar una Fiscalía Autónoma»
«¿Por qué necesitamos una #FiscalíaQueSirva en México?»
«Tres aspectos fundamentales de la discusión sobre la Fiscalía General de México»
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· *Abogada por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México; maestra en Derechos
Humanos por la Universidad de Europa Central, en Budapest, Hungría. Actualmente cursa
el Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana de la Cd.
de México. Cuenta con un Diplomado en Docencia y Reflexión Universitaria por la
Universidad Iberoamericana y un Diploma de Perfeccionamiento en Derecho
Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Humanos por la Universidad de Pisa
en Italia. Fundadora y Directora de Proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.
(IJPP). Es profesora titular de las materias “Temas Selectos de Derechos Humanos” en la
Escuela Libre de Derecho y “Los derechos humanos en la sociedad actual” en la
Universidad Iberoamericana. Es coautora del libro “Servicios Previos al Juicio. Manual de
Implementación”, autora del fascículo “Presunción de Inocencia” publicado por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otros artículos de libros y revistas
especializadas en temas de derechos humanos del proceso penal.
