Desenredo

ROSALINDA HERNÁNDEZ ALARCÓN*

Cimacnoticias | Guatemala, Gua.

Mientras agrupaciones sociales exigen en manifestaciones públicas se le retire el antejuicio al presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, 104 congresistas (del total de 158), votaron a favor de que se le mantenga, luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitara investigarlo por presunto financiamiento electoral ilícito.

El 25 de agosto pasado, el Ministerio Público (MP) de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) revelaron que Morales, siendo secretario general del partido FCN-Nación, manejó de forma anómala recursos durante su campaña electoral, por lo que era necesario desaforarlo a fin de profundizar las investigaciones.

Dos días después, el mandatario de Guatemala declaró a Iván Velázquez, titular de la CICIG, como “non grato” y le pidió abandonar el país de inmediato, pero lo hizo mediante un procedimiento irregular por lo que esa medida fue anulada por la CSJ.

Después de 15 días de silencio, Morales manifestó su confianza porque mantiene el antejuicio y Velázquez reafirmó una vez más su compromiso de continuar con sus funciones, en coordinación con el MP, para erradicar la impunidad en Guatemala.

Así las cosas, la disyuntiva entre apoyar a Velázquez o a Morales representa una mirada muy limitada para quienes exigen intensificar la lucha contra la corrupción, porque saben que se han articulado mafias para perfeccionar los abusos de poder, el litigio malicioso y la desinformación para generar miedo/confusión, así como para impedir las reformas al sistema de justicia y de partidos políticos.

Hay movimientos sociales, entre ellos, el de mujeres y feministas que sus exigencias para derribar la impunidad las vinculan a la construcción de agendas que aborden problemáticas urgentes y perfilen alternativas emancipadoras porque sólo así será posible acabar con las múltiples desigualdades.

Algunos analistas en este país centroamericano insistan en asegurar que la verdadera disputa es entre empresarios mercantilistas y fascistas, y que pronto se resolverá a favor de los primeros, además aseguran que las acciones de protesta están totalmente manipuladas por dineros gringos para que se acepte el Plan Alianza por la Prosperidad (financiado por el gobierno estadounidense).

Lo cierto es que existen fuerzas ciudadanas independientes –algunas con experiencias de acción reciente y otras con años de participación política– las cuales coinciden en ejercer sus derechos sin la cobija de ningún partido o agrupación política, algunas cuentan con liderazgos reconocidos y otras no, pero están motivadas por su hartazgo a la corrupción y la impunidad.

Lo interesante es que ahora, con los casos que se juzgan a partir de 2015, se ha hecho más evidente que el enojo ciudadano a los saqueadores del Estado, también conlleva un rechazo explícito al modelo económico extractivista que es racista y está generando mayor pobreza, desempleo, hechos delictivos y múltiples formas de violencia contra las mujeres.

Así también, se está demostrando mediante los procesos judiciales que entre los corruptos hay funcionarios públicos, jefes militares, empresarios, presta nombres, abogados, banqueros, guardaespaldas.

La lucha contra todo tipo de corrupción tiene que continuar, el MP y CICIG tienen mucho más por hacer. En la lista están las empresas privadas de seguridad (que tienen aproximadamente 45 mil guardias), para las que es común que se les escapen tiros, como aquél que le arrancó la vida de Patricia Samayoa, según dijo el exjefe de recursos humanos de Shield Security, Héctor Monroy.

* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.