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CARMEN R. PONCE MELÉNDEZ*

Cimacnoticias 

Ni una más, Ni una menos

Tal parece que no se quiere entender ni atender el grave problema de la violencia contra las mujeres. Decir que la provoca la cultura patriarcal y el machismo es decir todo y no decir nada, sobre todo no hacer nada para resolver esta problemática que va creciendo. Es como cuando se dice que la corrupción es “cultural”, significa impunidad y proteger la corrupción.

Se han vuelto afirmaciones “deterministas”, como si ese fuera el destino fatal de las mujeres, sin remedio. Por fortuna no es cierto.
Una de las principales causas de esta violencia rampante es la desigualdad de género. Desigualdad que abarca todos los ámbitos y esferas de las mujeres y que es nacional. Es económica, laboral, política; represiva si la mujer se atreve a tomar decisiones sobre su cuerpo; sin atención a su salud sexual y reproductiva; acompañada de discriminación social. En fin, una amplia brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, en detrimento de estas últimas.

Pero las medidas correctivas para esta desigualdad -que aplica el Estado- son muy limitadas y a todas luces insuficientes, o simplemente inexistentes.

El mejor ejemplo de esta situación es el Gasto Público etiquetado en programas para la “igualdad de género” que año con año presenta al Congreso el Ejecutivo, en el Paquete Económico, el llamado Anexo 13 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que comprende y abarca a todas las entidades del Sector Público.

Los recursos que se destinan a las mujeres son muy escasos y además crecen anualmente muy poco, definitivamente no se quiere resolver la brecha de género y eso es responsabilidad del Estado, involucra a los poderes Legislativo y Ejecutivo. Del poder Judicial es mejor no hablar porque la cuestión empeora.

Con el agravante de que en este país esa desigualdad de género, la violencia contra las mujeres y el feminicidio se dan en un entorno de una amplísima desigualdad de ingresos, acompañada de pobreza feminizada.

Sin duda eso debilita y ha debilitado a la sociedad civil y desde luego a las organizaciones de mujeres. Pero aún así no dan tregua y pelean por sus derechos (el de una vida libre de violencia). Para que estos recursos del gasto público crezcan, lleguen efectivamente a los programas para los que fueron etiquetados.

Una breve revisión de estos presupuestos (2012-2018) indica que su crecimiento anual cada vez es menor, como se aprecia claramente en la gráfica. En el período 2012-2014 tuvo incrementos anuales importantes. Sin embargo a partir de 2015 su tendencia ha sido decreciente, al punto de que para 2018 se proyecta un aumento de este gasto de únicamente el 3.0 por ciento, con 28 mil 093 millones 091 mil 287 pesos.

Ver gráfica aquí

Este proyecto para la igualdad propone para el próximo año más de cien líneas programáticas. Ya sea por su importancia para alcanzar la igualdad o por el monto de los recursos asignados destacan:
Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, cuya asignación es menor en 27 millones de pesos a la que se ejerce en este año, a pesar de la trascendencia que reviste para las mujeres este programa que está a cargo de la Secretaría de Gobernación.

A juzgar por los resultados que mostró recientemente la encuesta sobre las relaciones en los hogares que aplicó Inegi, -donde se dice que más del 60 por ciento de las mujeres es o ha sido víctima de violencia-, y después de ver en los medios las que han sido y son asesinadas, es más que evidente que este programa no está dando resultados; si bien tiene muy pocos recursos (179 millones 754 mil 388 pesos), seguramente no debe ser la única razón.

Los primeros en aplicar violencia y desapariciones o secuestros de mujeres es la policía federal, que justamente depende de Gobernación, no predica con el ejemplo el Secretario de esa dependencia.

También está el programa de apoyos a pequeñas productoras, a cargo de Sagarpa, básico para la mujer rural. En la Secretaría de Educación el programa nacional de Becas, aquí la propuesta para 2018 contempla un crecimiento en su asignación, afortunadamente.

En el caso de Salud no se puede decir lo mismo. Salud materna, sexual y reproductiva, así como las estancias infantiles para apoyar a las mujeres trabajadoras están con asignaciones menores a las que tienen actualmente. Ambos programas son fundamentales para la igualdad de género, ya de por sí sus recursos son muy bajos (237 millones 423 mil 927 pesos en estancias). Estos programas lo que necesitan es crecer, por lo menos en la programación de sus recursos para el próximo año.

Cabe aclarar que el total del estimado para guarderías a cargo de: Salud, Desarrollo Social y el IMSS asciende a 16 mil 215 millones 908 mil 406 pesos, implica un crecimiento del 10 por ciento respecto al presupuesto actual, gracias al IMSS.

Igual son insuficientes, entre otras razones porque la mayoría de las mujeres trabajadoras con hijos pequeños no tienen acceso a esta institución de Seguridad Social.

En conclusión, ni los recursos ni las acciones están acordes con las necesidades actuales de la mayoría de las mujeres del país (más de la mitad de la población), pero igual hay que defenderlo y claro, buscar que mejore. Es vital contar con un gasto público destinado a la igualdad de género.

* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce