Mayra Ortiz Ocaña * / Presunción de Inocencia

El 19-S sacó a la luz la solidaridad de las y los mexicanos, que se volcaron a las calles; pero también situaciones como la corrupción de las autoridades que afecta de forma grave a grupos históricamente discriminados: Uno de estos eventos trágicos fue el del edificio que se derrumbó en las calles de Bolívar y Chimalpopoca, en la colonia Obrera [CDMX].

Se trata de un fenómeno habitual en los edificios-centro laboral: La desinformación sobre la identidad precisa de las víctimas, que en este caso se agrava porque tampoco hay claridad sobre quiénes eran sus patrones; según distintas fuentes, había al menos cuatro empresas, una de las cuales confeccionaba ropa.

La sociedad civil hizo una conexión inmediata entre aquella fábrica y el perfil de las víctimas, con una sencilla deducción, pues de acuerdo con la OIT, casi el 70% de quienes trabajan en ese giro son mujeres;[1] dicha preponderancia de género es porque se considera que la de confección es una labor femenina, extensión del trabajo doméstico, y por tanto algo socialmente aceptado.[2]

Las personas que trabajaban en esa empresa se hallaban en especial vulnerabilidad al ser la mayoría mujeres migrantes en situación irregular y de pobreza, una receta para la impunidad.

En México esto no es nuevo. En el terremoto de 1985 alrededor de mil 600 trabajadoras fallecieron y muchos de sus cuerpos ni siquiera fueron reclamados. Su perfil de mujeres, madres solteras y en situación de pobreza facilitó el olvido.

La prensa informó, por otro lado, que las mujeres del edificio de Chimalpopoca tenían una situación migratoria irregular, por lo cual, como sucede también con personas migrantes, no hay registros de quiénes eran, son fantasmas; la falta de registro propicia que pasen inadvertidas y haya escaso interés sobre lo que les ocurre ―el 99% de los delitos contra personas migrantes queda impune.[3]

Las personas que trabajaban en esa empresa se hallaban en especial vulnerabilidad al ser la mayoría mujeres migrantes en situación irregular y de pobreza, una receta para la impunidad, aunque debiera implicar la protección reforzada de las autoridades locales y federales.

Por ahora no sabemos quiénes son, pero sí que son víctimas de un sistema desigual, que las expone a situaciones de precariedad y complica la garantía de su derecho de acceso a la justicia, la que debería ser una de las preocupaciones centrales del Estado.

El seguimiento y exigencia sobre este caso resulta esencial para reconocerlas y dignificarlas; de lo contrario permitiremos que el olvido y la impunidad venzan. La persecución de los delitos relacionados con lo sucedido en este caso es lo mínimo que debemos exigir a los gobiernos que permitieron esto y fallaron en prevenirlo.

[1]«Wages and working hours in the textiles,clothing, leather and footwear industries», Ginebra, OIT, 2014, párrafo 27

[2]Tager, Sabrina, «Women in the Global Clothing and Textile Industry», en Program in International Comparative StudiesDuke University, 2016, p. 19

[3]Suárez, Ximena et al., El acceso a la justicia para las personas migrantes en México: un derecho que existe sólo en el papel, Fundar, México, 2017.

Acá la Petición en change.org que exige a las autoridades competentes del gobierno de la Ciudad de México y representantes legales de la empresa textilera, a través de firmas, entreguen una relación de nombres y nacionalidades de quienes laboraban en el edificio colapsado entre Chimalpopoca y Bolivar, en el colonia Obrera.

Consulta también:

«¿Cuántas mujeres laboraban en Chimalpopoca? Ciudadanos exigen respuesta»

«Urge transparencia y seguridad en las prisiones ante el sismo*»

«#RescatePrimero: CNDH exhorta a privilegiar búsqueda y rescate de personas hasta agotar el último recurso»

*Estudia en la Facultad de Derecho y es asistente en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ambos de la UNAM, además de ser co-conductora del programa Observatorio Semanal de TV UNAM e integrante del Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA. Contáctala vía @MayrillaO