Ambigú
MARTHA ELBA TORRES MARTÍNEZ
SemMéxico, Morelia, Mich.
De 2005 a la fecha, han sido asesinados más de un centenar de presidentes municipales en México. En Michoacán, desde 2015 no se registraba un atentado contra esta autoridad, pero este octubre de 2017 ya son dos al hilo, uno de ellos fatal.
De acuerdo a la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), los estados de mayor riesgo para los
ediles son Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Michoacán. ¿Por qué tomar el referente histórico desde 2006? Porque para el caso de Michoacán -que es el que ocupa- resulta el punto de partida de la era de terror criminal que sufrió la entidad. La madrugada del miércoles 6 de septiembre de ese año, un comando de 20 encapuchados armados, entraron al antro “Luz y Sombra” de Uruapan y arrojaron a la pista de baile cinco cabezas humanas. Así hacía su presentación pública “La Familia Michoacana”: “No mata por paga. No mata mujeres, no mata inocentes, sólo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente, esto es justicia divina”.
Pero fueron miles de asesinados o desaparecidos. Cualquier cifra sobre el número de muertos durante el reinado de este grupo criminal que transmutó en “Los Caballeros Templarios” es mera especulación. Eso sí, el sello siempre fue el mismo: su inaudita crueldad y su objetivo, escalar a lo más alto de la estructura gubernamental. Ponía candidatos; quitaba autoridades a plomazos; movía todas las funciones de seguridad pública y disponía de los contratos de obra pública.
Empresario, agricultor y comerciante –así fuera una humilde vendedora de fruta en Zitácuaro- tenía que pagar “la cuota”.
Lo más curioso, por incomprensible que pareciera, es que lo sabía el entonces presidente Vicente Fox y los gobernadores, Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy y Fausto Vallejo; llegó Felipe Calderón a Los Pinos y les armó la guerra. No pudo. Lo vencieron. Entonces Enrique Peña encargó a su cuate Alfredo Castillo su aniquilación. Sí. Literalmente los cazó con la gran ayuda de las autodefensas, cuyos líderes y un centenar de tropa terminaron en la cárcel por uso ilegal de armas.
El 27 de junio de 2014, en la cúspide de la fama por su guerra antitemplaria, fue detenido el doctor José Manuel Mireles acusado por portación de armas prohibidas. Bajo la causa penal 137/2014-II- M, la defensa alegó que fue el gobierno quien armó a estos grupos para combatir en la lucha contra el cártel. En su declaración ministerial por escrito, Castillo Cervantes lo negó y por esta ruta paró el asunto.
Apegados al tecnicismo, el ex comisionado presidencial no mintió.
Cuando los autodefensas se levantan en febrero de 2013, ya estaban armados hasta los dientes, pero fueron mejorando sus arsenales con el botín de guerra. Armamento, vehículos, equipos de telecomunicación; del dinero y joyas que se despojaba a los cadáveres o en las casas de seguridad, nunca de los nuncas se supo nada, mucho menos de todos los recursos públicos tanto federales como estatales, de que dispuso Castillo Cervantes. En enero de 2015 compareció ante diputados federales y senadores pero no fue tema para los legisladores.
A lo que voy con todo este recuento histórico, es a una noticia que poco trascendió esta semana, pero que tiene relevancia.
A partir del homicidio de Stalin Sánchez, de Paracho y el atentado a Misael Morales, de Coalcomán, ediles michoacanos ya consideraron replantear la posibilidad de que se les permita
portar armas para “tener siquiera con qué defenderse”.
Entrevistado por esta columnista un día después de que también ejecutaran al priísta Crispín Gutiérrez, alcalde de Ixtlahuacán, Colima, Mauricio Acosta, de Tacámbaro, fue muy directo.
“Nos agarran a mansalva, porque saben que no traemos escolta, ni camioneta blindada ni armas. Sobrevivir a un atentado, es un milagro”.
Me contó que en 2016, casi todos los alcaldes del PRI plantearon a la titular del secretariado ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública –a cargo entonces de Ángeles Nazares- los
apoyara para tramitar la licencia colectiva para portación de armas, pero les fue negado. Cierto, no es la gran solución, pero da una idea de la condición de abandono e impotencia en que se
encuentra el eslabón más débil y vulnerable de la estructura de gobierno.
Porque los de arriba, el Presidente, secretarios de Estado y gobernadores traen más elementos de seguridad, que toda la policía de municipios medios de Michoacán. Y cuentan, además, con sus Suburbans blindadas nivel 7.
Blindar un auto en México cuesta entre 28,000 y 35,000 dólares (560,000 y 700,000 pesos), dependiendo del tipo de vehículo y nivel de protección, según la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA) que reporta un blindaje, anualmente, de 2 mil 500 unidades en México.
No me imagino entonces, por ejemplo, al presidente municipal de Tzitzio, con un presupuesto
anual de 6 millones de pesos, disponiendo de cerca de un millón para transitar seguro. ¡Lo linchan!... pero sus gobernados o la oposición.
Hace poco, el secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Bernardo Corona, admitió que solo cuatro de los 113 municipios, cuentan con una cantidad de policías mas o menos aceptable: Morelia, Uruapan, La Piedad y Zitácuaro. Pero hay otros, como Tumbiscatío, que solo tiene 7 elementos y el director, o San Lucas, cuyos pocos elementos tienen que repeler ataques a mentadas de madre porque ni con equipamiento cuentan.
Por eso es comprensible que alcaldes quieran portar armas para siquiera defenderse.
Pero el de Tacámbaro también me reveló un detalle sobre la reciente reunión que sostuvieron los alcaldes priístas con las autoridades estatales de seguridad. Sin vehículo blindado, ni escolta, ni armas, les sugirieron trabajar de 10 a 4 de la tarde y no salir de noche.
Primero, los matan a plena luz del día y en unas plazas públicas y segundo, -alega Mauricio Acosta- “ni modo que dejemos de ir a las comunidades y arriesgar a la gente a que venga a la cabecera. Eso no puede ser”.
Pero Humberto García, de Huiramba y también del PRI, no comparte la idea. “Porque no es la solución armarnos para protegernos. Para eso existen las instancias de seguridad correspondientes que son la estatal y federal que nos brindan apoyo con elementos”. La otra opción –narró- “tenemos el ofrecimiento que nosotros escojamos a nuestras propias escoltas, personas de nuestra absolutísima confianza para que sean capacitados y acreditados”.
Esto nos brinda también una idea, del nivel de desconfianza entre corporaciones responsables de la seguridad pública.
Recuerdo el caso muy dramático, de Fernando “el Güero” Chávez, alcalde priísta de Buenavista Tomatlán, de donde es oriundo otro famoso ex líder de las autodefensas, Hipólito Mora.
Al “Güero” se lo echaron en julio 2005 a tres cuadras de la presidencia municipal y lo entregaron sus propios policías municipales, según trascendió entonces. A finales del 2004, en Apatzingán, de frente, un desconocido le asestó dos disparos con una 9 milímetros, una bala le entró por la boca y salió por la nuca. Pero no le tocaba todavía.
El asesinato del “Güero” Chávez nunca se aclaró como la inmensa mayoría de estos casos, pero es importante considerar que ese año ya operaba el cártel que derrotó a Felipe Calderón en su tierra y que Fernando no era de los que se doblaban facílmente.
Pero en el tema de los alcaldes armados, otra ruta la marca Octavio Ocampo, de Tuzantla y coordinador de los perredistas. También en entrevista, opinó que una licencia de portación, puede ser tramitada de manera personal y no necesariamente de manera colectiva. “Quien quiera y cree que la necesita, lo puede hacer como otro ciudadano que siente en riesgo su vida. Lo que sí creo, es que requerimos condiciones mínimas de seguridad. ¿Cuáles? Horarios, zonas de riesgo y cuidar a la familia”.
A Ocampo Córdova lo acompañan dos escoltas que le comisionó el gobierno del estado y no trae camioneta blindada pero si toma sus precauciones en tránsito. A sus compañeros recomienda reiteradamente “a andar con cuidado y que aprovechen los beneficios de la Coordinación con los otros niveles de gobierno, “porque no es lo mismo ser presidente municipal de Morelia, que de Áporo o Tuzantla”.
Pero aún hay otra opción, me dice otro alcalde que reservo su identidad por razones obvias: -¡¿Para qué licencia?! Si los otros cabrones andan armados y ni permiso tienen; cuando los agarran al rato ya andan otra vez en la calle. Yo por eso sí traigo con qué… porque si me dan, por lo menos me cargo a uno o dos por delante.
Tiene toda la razón. ¿Para qué pedir permiso?, si en este México de leyes e instituciones, cualquier cabrón puede portar arma…
***
Y esta semana que Antonio García Conejo, medio hermano de Silvano Aureoles Conejo, regresó al Congreso local como diputado suplente tras la licencia del propietario Pascual Sigala, quien se incorporó al gabinete estatal, se desbordó la crítica al parentesco.
Amerita el abordaje, porque en Michoacán el referente existente es el famoso prófugo todavía, Julio César Godoy Toscano, medio hermano del ex gobernador Leonel Godoy Rangel. Julio César fue diputado federal por unas semanas y desaforado para enfrentar la justicia por los delitos de delincuencia organizada y narcotráfico. La realidad es que la PGR nunca lo quiso capturar y entre Morelia y el puerto, se le veía transitar como chucho por su casa.
Pero hay diferencias abismales entre estos medios hermanos de gobernadores.
Toño García ha hecho su carrera política al margen de Silvano. Fue presidente municipal de Huetamo y diputado local y luego federal, por mayoría, mientras que Julio César trascendió por sus nexos con “La Tuta”, más que como regidor del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y alcalde interino tras la renuncia de Manuel Santamaría, por actos de corrupción. En este caso, sí llegó a la Cámara Baja por sus lazos filiales y de negocios con el narcotraficante.
Pero es la cruz que tiene que cargar: que no le reconozcan méritos propios. Mejor que lo vea de esta manera, que lo señalen por la consanguinidad y no por corrupto. Porque si a esas va, en el estado también hay un hijo de gobernador que se hizo famoso por tomar cerveza con “La Tuta”…
