GUILLERMO CORREA BÁRCENAS / DE NORTE A SUR

Ahora que han salido a la luz escándalos de reconocidos personajes del extranjero acusados de acoso sexual que han provocado un repudio en todo el mundo, vale la pena preguntar lo que sucede en México y por qué, a diferencia de otros países, aquí parece reinar la impunidad.

Insistiremos entonces en lo que en mayo de este año desarrollamos superficialmente. Se trata de hechos registrados en el entorno  periodístico mexicano, que se repiten con frecuencia. Pero tomaremos sólo un caso de los que seguramente se dan por miles. Tiene que ver con el  ex director del Canal Judicial, Enrique Rodríguez Martínez, así como de los ex subdirectores Francisco Barradas Ricardez y Marco Antonio Silva Martínez, que en no pocas ocasiones ha provocado la irritación del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, quien incluso pidió la renuncia de los mencionados por haber ensuciado el prestigio de esa magna institución.

Recordamos que el escándalo creció cuando agentes de la Procuraduría General de la República realizaron un cateo en las oficinas del Canal Judicial y hallaron drogas. El expediente C.I 6/2015 de la Contraloría Interna de la SCJN detalla también pornografía, incluidos videos, y la práctica de un ritual denominado “manto sagrado”, que consistía en dar golpizas a los trabajadores de la comunicación de recién ingreso.

Las denuncias públicas de las empleadas datan desde 2012. Si bien han sido reiterados los anuncios de que habrá castigo ejemplar, hasta el momento impera la impunidad, al grado de que Enrique Rodríguez es hoy coordinador de Comunicación Social en la Profeco y Francisco Barradas Ricardez despacha con el mismo cargo en la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Cabe señalar que lo acontecido ha sido denunciado reiteradamente en distintas publicaciones a través de colegas preocupados por lo que han sufrido otros y otras por personajes como los nombrados. Uno de ellos fue Jesús Aranda quien en febrero pasado lo hizo en La Jornada, antes de que nos abandonara en esta vida. Fue el 27 de febrero pasado cuando informó que desde marzo de 2015 el Ministro Presidente ordenó a la Contraloría del máximo tribunal iniciar las indagatorias correspondientes con respecto a las denuncias del grave delito, para las víctimas, del llamado acoso sexual. Una semana antes de la fecha citada el expediente fue turnado al Ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea para que elaborara el proyecto correspondiente y presentara al pleno en sesión privada su documento a fin de deslindar responsabilidades en el asunto que marcó negativamente no sólo al Canal Judicial sino a la propia SCJN.

En junio pasado, Salvador García Soto en su reconocida columna Serpientes y Escaleras publicó: “Pornografía y videos explícitos de contenido sexual en computadoras oficiales, prácticas de maltrato y agresiones físicas contra trabajadores golpeados en extraños rituales, acoso sexual directo y ambiental contra empleados hombres y mujeres, torneos de videojuegos y consumo de bebidas alcohólicas en oficinas públicas en horas laborales, fueron algunas ‘infracciones graves’ que la Contraloría Interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación documentó en contra del ex director del Canal Judicial, Enrique Rodríguez Martínez, de los subdirectores, Francisco Barradas Ricardez y Marco Antonio Silva Martínez, y de dos empleados más, a los que se iniciaron desde mayo pasado ‘procedimientos administrativos’ que aún no concluyen”.

Detalló, con el expediente en su poder, que a más de 2 años no se habían conocido sanciones contra los presuntos responsables de esas violaciones ‘graves’ a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Claro, dijo el autor, que esos ‘procesos de responsabilidad’ continúan aunque demasiado lentos cuando oficialmente existen los elementos probatorios de las conductas ilegales de los funcionarios denunciados por sus propios subalternos.

El caso es que en el expediente de la investigación de la Contraloría de más de 57 páginas –abundó García Soto--, el ex director Enrique Rodríguez está acusado de “uso indebido de recursos públicos”, por haberse encontrado en su computadora de uso oficial 79 imágenes de contenido pornográfico o sexual, dos correos con el mismo contenido y consulta a páginas de contenido pornográfico. La inspección física de esos equipos de cómputo oficiales, también encontraron “imágenes, videos, diapositivas, páginas de inicio de Internet y páginas web con contenido pornográfico y sexual” en los equipos asignados a Barradas, Silva, Villa Dávalos y Díaz Gutiérrez. Testimonios de al menos 20 empleados, declararon que era “común que vieran pornografía en las computadoras” y que tuvieran imágenes explícitas a la vista de otros trabajadores, además de usar un lenguaje con frases “de contenido sexual explícito” frente a mujeres en las oficinas.

La acusación de “acoso laboral, en la modalidad de maltrato físico” fue formulada y probada, según los testimonios de la Contraloría. El sujeto al que le tocaba el ‘Manto Sagrado’ era llamado por Silva a su oficina, se le obligaba a cubrirse con la manta y todos lo golpeaban aún tirado en el suelo, incluido el director Enrique Rodríguez, que según varios testimonios llegó a golpear a los empleados cubiertos con un objeto de plástico que les dejó lesiones visibles en la cara. La práctica era ‘obligatoria’ y a aquel que se resistiera o se quejara de las golpizas era marginado y relegado por los directivos del canal incluso con la disminución de prestaciones, órdenes de trabajo o lo comenzaban a aislar por no ser ‘de confianza’.

Las acusaciones de “acoso sexual ambiental” denunciado por varias mujeres y hombres que laboraban en el Canal Judicial, fueron documentadas y probadas, con base en diversos testimonios. “Esas prácticas efectuadas en forma sistemática y persistente en el centro del trabajo… resultaban humillantes y ofensivas para quien las percibe”, concluyó la Contraloría en su investigación.

Por lo menos 20 testimonios de empleados del canal judicial, reporteros, camarógrafos, conductores, dijeron haber visto a Barradas en repetidas ocasiones consumiendo bebidas alcohólicas, que mandaba comprar a los mismos empleados, y que consumía en su oficina en vasos de plástico o en botellas de refresco, “mientras subía las piernas en su escritorio”. Varios declarantes dijeron que era frecuente que el subdirector del canal llegara en estado alcoholizado a sus labores, sobre todo después de la hora de comida.

Mientras fuera del país las denuncias de acoso sexual acaban o dañan con las trayectorias de famosos, por ejemplo Knight Landesman, codirector de la revista ArtForum; Kevin Spacey, estrella de House of Cards; Roman Polansky, Woody Allen y Harvey Weinstein, todos ellos relacionados con la actividad cinematográfica, en México, por el contrario, se les premia con puestos directivos, como si nada hubiera pasado. En el caso particular de este texto, se cuestiona también la falta de protesta de legisladoras cenecistas que conocen del caso y lo ignoran, funcionarias, organizaciones dedicadas a la defensa de las mujeres, incluso de las propias trabajadoras del gremio periodístico que hasta el momento no han expresado siquiera solidaridad con las víctimas del Canal Judicial.

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