Opinión

maizal secoAbigail Correa Cisneros / De Norte a Sur

80 años en los que casi muere el campo nacional por una pésima gestión e intereses personales de dirigentes corporativistas.

2019 será el año del “Caudillo del Sur”.

Durante décadas el corporativismo en el sector rural del país, representado por las organizaciones que han utilizado a los campesinos y a los trabajadores del mar mares de la nación para intereses mezquinos de líderes o del partido en turno en el poder, agoniza gracias a las estrategias impulsadas por la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El seis de enero se conmemoró el 104 aniversario de la Ley Agraria, ordenamiento que recogió las demandas de los campesinos durante la Revolución, pero que, desde hace años, se utilizaba para demostrar la fuerza política de la Confederación Nacional Campesina (CNC), organismo priísta que se encuentra al borde de la extinción por traicionar los intereses del pueblo.

Las estrategias propuestas por el gobierno de AMLO son un golpe de timón a las políticas que han dejado una brecha cada vez más grande entre el agro productivo y exportador y el otro campo, uno donde la pobreza y marginación se multiplica y lastima a más de 25 millones de habitantes.

Esta nueva visión va encaminada, según el propio titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer Falcón, a terminar con la manipulación, la represión, el clientelismo y el asistencialismo en el que vive la población rural ampliada que comprende hasta el 37 por ciento del total nacional. El funcionario federal apuntó en la Ciudad de Veracruz que actualmente los núcleos agrarios se encuentran bajo condiciones de amenaza por el despojo de su territorio, por intereses privados, la pobreza y el desgaste de los recursos naturales; a lo que hay que agregar la constante presión de los líderes campesinos que los utilizan como carne de cañón para exigir prebendas políticas que lleven a estos dirigentes a ocupar puestos políticos para tener más poder y de paso fuero.

Es necesario buscar una verdadera unidad entre todos los actores que están vinculados a la generación de alimentos en México, con el objetivo de conseguir un desarrollo equitativo en el campo, donde se reduzca la brecha que existe entre los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

Por ello, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, en el marco de la misma conmemoración, reiteró que una de las prioridades del Gobierno de México es rescatar al campo, lo que significa hacer de las actividades agropecuarias un motor de desarrollo local, regional y nacional.

De esta forma, los programas de precios de garantía a productos básicos; de Crédito a la palabra para la ganadería; de Fertilizantes y el de Producción para el bienestar, junto con otros componentes de apoyo, serán parte de la estrategia para impulsar al sector.

Cabe recordar que el Presupuesto aprobado para la SADER, es de 65 mil 434 millones de pesos, mientras que el año pasado el presupuesto para la SAGARPA fue de aproximadamente 72.5 mil millones de pesos, lo que refleja una reducción de aproximadamente siete mil millones de pesos.

Empero, en lo que trabaja el nuevo gobierno es en hacer más transparente, sencilla y directa la entrega de apoyos e incentivos a los trabajadores del campo y los mares, para terminar con el intermediarismo y “coyotaje” que practican inescrupulosamente las organizaciones campesinas, sometiendo a sus agremiados por medio de la ignorancia o las amenazas.

Estamos viviendo una nueva época, una transformación en el país, basada en la racionalización de recursos, donde se hará más con menos y cada peso que se destine al desarrollo y mejoramiento de los productores llegue a ese objetivo sin distraerse hacia otros fines o se quede en los bolsillos de los líderes. Es a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió y es lo que se espera que cumpla.

El corporativismo añejo del PRI en el campo está llegando a su fin, así lo refleja la desesperación de los líderes partidarios que quieren recuperar un sector al que abandonaron, sobajaron y menospreciaron y al que ahora no encuentran cómo resucitar, luego de que el exsenador, Ismael Hernández Deras, le está dando el golpe de gracia con su incapacidad y despotismo.

Durante la conmemoración de la Ley Agraria en Veracruz, funcionarios federales se reunieron con integrantes del Movimiento Campesino, Indígena, Afromexicano “Plan de Ayala Siglo XXI 2.0”, las cuales conforman una serie de organizaciones agrícolas, pecuarias, acuícolas y sociales que buscan la unidad del sector campesino.

Sin embargo, algunas de las organizaciones que componen este Plan, están dirigidas por los mismos líderes desde hace por lo menos una década, sin un asomo de democracia interna dentro de sus grupos y a quienes se les suele ver en automóviles de lujo durante las manifestaciones donde los campesinos son utilizados para presionar a las autoridades.

Entre las organizaciones que conforman este nuevo Plan se encuentran la Central Campesina Cardenista (CCC), la Coordinadora Nacional Plan De Ayala (CNPA), la Central Independiente De Obreros Agrícolas Y Campesinos “José Dolores López Domínguez” (CIOAC-JDLD), la Asociación Nacional De Empresas Comercializadoras De Productores Del Campo (ANEC) y Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCyP).

El “Plan de Ayala Siglo XXI 2.0” emitió una proclama política, donde señaló que es necesario tener como ejes la soberanía alimentaria; la política de Estado; la reorientación del gasto público hacia las pequeñas unidades de producción; el comercio con una agenda de desarrollo; la agroecología; el Ejido, las Comunidades; el Derecho a la Agroalimentación Nutricional y a la vida libre de violencia, entre otros puntos.

Las organizaciones firmantes resaltaron que 35 años de políticas neoliberales colapsaron al campo y arruinaron a los campesinos en beneficio de las grandes corporaciones, provocaron más pobreza, malnutrición, deterioro ambiental, migración, inseguridad y violencia.

Señalaron que al amparo de los gobiernos priístas y panistas se generaron leyes privatizadoras como la minera y la energética, se intensificó el saqueo de las tierras para desarrollar megaproyectos que arrinconaron a las comunidades y destruyen el medio ambiente, se ha propiciado el despojo del ejido mediante la renta y la venta de parcelas y miles de campesinos han sido expulsados del proceso productivo.

En este sentido, el próximo 12 de enero, el presidente López Obrador declarará oficialmente el 2019 como el “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”, durante una visita que realizará al estado de Morelos, en el marco del centenario de la muerte del revolucionario, quien promulgó el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911. El presidente sostuvo una reunión con los descendientes de Emiliano Zapata, entre ellos Jorge Zapata González, Crescencio Morales Ávila, Edgardo Zapata Hernández, Nadia Sonia Salazar Sánchez, Benjamín Zapata Amaro, Manuel Manríquez Zapata, Roberto Manríquez Zapata y María Concepción Leticia Jiménez Martínez, Fernando Méndez Castro, Alejandro García Rueda y Francisco Villa Betancourt.

Existen varias posturas de las organizaciones campesinas hacia el cambio que está llevando el gobierno de México en la Cuarta transformación, muchas critican la reducción del presupuesto de la ahora SADER y del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC), pero su motivación no es por los campesinos, sino porque se les está cerrando la llave de los recursos de los cuales se habían enriquecido hasta el momento.

DESDE EL CENTRO

El combate contra el robo de combustible provocó filas kilométricas para la compra de gasolina, lo cual ha generado la molestia de los ciudadanos. Pero ante el robo de 60 mil millones de pesos al año a PEMEX algo se tiene que hacer. Esperemos que a la larga el cierre de las válvulas a los “huachicoleros” nos beneficie y frene a los ladrones que muchos años han robado a la nación. Por lo pronto se investiga a quien fuera subdirector de Salvaguarda Estratégica de PEMEX en la gestión de EPN, el general Eduardo León Trauwitz… La supuesta crisis fronteriza declarada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es calificada como una artimaña basada en el miedo para lograr la construcción del muro, lo cual ya parece guion de la serie estadounidense American Horror Story. Ante la pregunta de Trump ¿Cuánta más sangre estadounidense tendrá que ser derramada antes de establecer seguridad en la frontera? Habría que pedirle que mejor reaccione ante las 40 mil muertes provocadas por arma de fuego en su país el año pasado, según estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Esta nación tiene el 48 por ciento de los 650 millones de armas a manos de civiles en el mundo.

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