Carmen R. Ponce Meléndez/ Monedero
Cimacnoticias
La pobreza es una manifestación extrema de las múltiples facetas de la desigualdad. La insuficiencia de recursos monetarios para alcanzar un nivel de bienestar compatible con la dignidad humana es una de las formas más alarmantes en que se presentan las diferencias sociales. En ella se concentran a su vez privaciones en el acceso a los bienes y servicios básicos, y a una protección social adecuada, así como la falta de participación en los espacios fundamentales de la sociedad, entre otras.
A su vez, la elevada desigualdad y la pobreza generan desincentivos para la innovación y la inversión en los países, por lo que representan una ineficiencia de alto costo en el proceso de desarrollo.
A fin de superar la pobreza se requiere ir más allá de garantizar mínimos de bienestar como objetivo de las políticas de desarrollo. Sin abordar las desigualdades y las asimetrías entre grupos de población que se producen en el proceso de desarrollo, tanto nacional como global, no es posible lograr transformaciones económicas y sociales más profundas.
La insuficiencia de recursos debe ser abordada a través de aspectos como la igualdad en el empleo, la titularidad de los derechos y la convergencia productiva, entre otros.
Esos son señalamientos del documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) titulado: “Medición de la pobreza por ingresos. Actualización metodológica y resultados”.
En México la mujeres enfrentan niveles de pobreza muy graves por ingresos insuficientes desde hace más de 30 años; estos salarios bajos no sólo son producto de la política laboral neoliberal, también de la cultura patriarcal y machista: brecha salarial, discriminación y una desigualdad en el mercado laboral, ya sea en salarios o en acceso a derechos.
Sus trabajos son precarios y con bajas retribuciones. Por lo que hace a los otros elementos de su autonomía económica como acceso a tierra, agua, crédito y educación, su acceso es menor al de la población masculina.
Las cifras sobre capilaridad social confirman que las mujeres que están en pobreza tienen mínimas posibilidades de mejorar.
Las niñas nacidas en el segmento correspondiente al 20 por ciento más pobre tiene el doble de probabilidades de seguir en esa situación toda su vida, comparadas con los niños que se encuentran en estas condiciones.
Desde esta mirada se pueden entender las causas que llevaron a las obreras de la maquila en Matamoros, Tamaulipas, a enfrentar una huelga con la exigencia de mejorar salarios y condiciones laborales, o a las y los maestros de Michoacán, a quienes simplemente no les pagan sus salarios. Además habría que decir: sus bajos salarios.
Por primera vez en muchos años las autoridades laborales federales respetan y reconocen una huelga de las y los trabajadores. Las autoridades estatales y los empresarios tuvieron las mismas respuestas de siempre: desconocer la huelga, quejarse de las “enormes pérdidas” que esto provoca y amenazar con la pérdida de empleos. ¡Uf!
Ahora, si bien es cierto que el aumento salarial del 16 por ciento o del 100 por ciento para la frontera norte es inédito en más de tres décadas, precisamente por el gran rezago que tienen los salarios y la enorme pérdida de su poder adquisitivo, su recuperación tendrá que ser un proceso gradual, pero continúo.
De acuerdo a un estudio realizado por Picodi (publicado en el periódico El Economista el 30 de enero), una canasta básica alimenticia es compuesta por ocho productos, cuyos precios son observados y actualizados constantemente en todo el mundo: pan, leche, huevos, arroz, queso, carne, frutas y verduras.
Aunque la lista puede parecer corta estos alimentos cubren las necesidades de proteínas, carbohidratos, fibra y minerales de una persona adulta promedio. Esta canasta básica tiene un costo promedio de 1 mil 543.65 pesos y el salario mínimo vigente es de 3 mil 061 pesos mensuales netos.
Por tanto el gasto para la canasta básica considerada es la mitad del salario mínimo mensual (50.4 por ciento). Esto comparado con cinco países latinoamericanos ubica a México en el último lugar.
Por ejemplo, un australiano sólo invierte 6.7 por ciento de su salario mínimo mensual para la canasta básica alimentaria, un español destina 9.1 por ciento. Los trabajadores en Australia, Irlanda y Gran Bretaña disfrutan de las mejores condiciones salariales de la lista. Esto se debe a que un empleado australiano, irlandés o británico sólo gastará alrededor de 7 por ciento de su salario mínimo en la canasta básica alimenticia.
Conclusión: Las y los trabajadores del país básicamente trabajan para apenas comer, basta ver los precios de los alimentos que aparecen en la gráfica anterior. Los altos precios de los energéticos siguen siendo determinantes. Y el precio de las hortalizas creció más del 90 por ciento, tan sólo en los últimos cinco años. En ese mismo período el salario mínimo tuvo una tasa media de crecimiento anual de apenas el 6.4.
¿Y esto afecta más a las mujeres? Si, y en forma muy importante. Por ejemplo, solamente 10.4 por ciento de los trabajadores perciben hasta un salario mínimo, mientras que este porcentaje crece a 17.3 en las mujeres trabajadoras. De entrada aquí se tiene mayor pobreza por ingresos femenina y una desigualdad de género laboral considerable. El problema del país no sólo es la pobreza, también la desigualdad.
En los ingresos más altos sucede lo mismo. Las trabajadoras con más de cinco salarios apenas alcanzan 6.7 por ciento, en contraste los trabajadores representan el 16.6 por ciento. Aquí la brecha de género y la desigualdad económica que provoca es más amplia, en detrimento de las mujeres y sus familias (datos del segundo trimestre 2018, Enoe-Inegi).
Con este escenario habrá que ver los efectos positivos de la ampliación de la canasta básica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya no serán 23 sino 40 sus productos y estará disponible en las tiendas de Seguridad Alimentaria Mexicana, que surgió a partir de la fusión de Diconsa y Liconsa.
Pero así como las mujeres salen a las calles para exigir seguridad y un alto al feminicidio o secuestros, también deben exigir el cumplimiento de sus derechos económicos y laborales. En ambos casos es obligación del Estado atender estas justas exigencias.
*Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
