Manuel Ibarra Santos
La llegada a nuestro país por la vía de la extradición de España a México, del exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya, para ser juzgado por la comisión de múltiples delitos en contra del patrimonio de la Nación, le ha dado una bandera adicional al gobierno de López Obrador para continuar con la tarea que ayude a desmontar la dictadura de la corrupción, que ha dañado por décadas a la sociedad mexicana (de la que no está exenta Zacatecas), fenómeno que ha servido también como método ilegitimo y perverso para concentrar la riqueza en unas cuantas manos y engendrar en consecuencia millones de miserables y pobres. Además, ha producido una democracia altamente corrupta, que no ha servido al desarrollo de la República.
Este acontecimiento asociado a la extradición de Emilio Lozoya, casi en automático, ha puesto en el patíbulo y salpicado, a toda una generación plural (procedente de diferentes signos ideológicos) de políticos mexicanos que gozan, en el imaginario colectivo, de una profusa fama de ser presuntos “corruptos”, aun antes de ser juzgados por las autoridades jurisdiccionales. La sociedad ya los sentenció y los ha llevado a la hoguera y al cadalso, en espera de que los tribunales hagan lo que les corresponde.
Algunos de esos políticos son de origen zacatecano, en particular los vinculados íntimamente a Enrique Peña Nieto, en especial aquellos que se enriquecieron a costa del erario público y que fueron utilizados para legitimar, en su momento, las reformas estructurales, entre ellas la energética, de principios de la administración “peñista”.
En México la corrupción como práctica institucionalizada, se ha constituido como una singular técnica para lograr dos cosas: Primero, concentrar inmoralmente, como un embudo, la riqueza y los privilegios en unas cuantas familias y élites; y, segundo, como método de modernización de la vida nacional. Y ahí tenemos, como ejemplo, la firma del “Pacto por México”, que se concretó en el 2012, con la entrega a políticos y empresarios, de grandes cantidades de dinero, de privilegios, de concesiones fiscales, contratos y posiciones públicas, entre otras cosas.
La corrupción que le cuesta a México 10 puntos porcentuales del PIB/Nacional (de acuerdo a datos de la UNAM), engendra al menos 6 efectos negativos en nuestra sociedad: 1).Profundiza la pobreza y la desigualdad; 2).Crea contextos de inequidad; 3).Pervierte la democracia; 4).Destruye el orden legal y produce violencia criminal, como la que hoy se vive; 5).Genera un trato social indigno; y 6).Es un factor detonante de la distribución injusta de la riqueza.
Sí por los profundos niveles de desigualdad y pobreza se pudiese calificar a una sociedad como corrupta o no, diríamos entonces que Zacatecas (considerado entre los 10 en el país que más pobres produce), es un Estado donde prevalece el dominio de la corrupción y la ineficiencia, debido a que la renta y la riqueza de concentra en muy pocas manos.
Por eso, que importante resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya emprendido una cruzada para combatir este fenómeno. Y lo ha hecho, en tres niveles: I).-En contra de la corrupción política; II).Atacando la corrupción empresarial, al terminar con el trato de excepción que permitía antes a los grandes corporativos privados no pagar impuestos; y III).-Combatiendo la corrupción en los circuitos de la justicia penal y congelando miles de cuentas bancarias a los grupos del crimen organizado.
Si AMLO desmantela la estructura de la dictadura de la impunidad y la democracia corrupta que ha gobernado por décadas a México, mucho se habrá avanzado en la construcción de un nuevo régimen político nacional.
LOS EX/GOBERNADORES Y LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN.
De 1944 a la fecha, de Leobardo Reynoso a Tello, Zacatecas ha tenido 14 gobernadores, uno de ellos interino. Si revisa uno con detenimiento la historia política de la entidad, nunca antes ningún ex/gobernador se había visto envuelto en el centro de la polémica por denuncias de presunta corrupción, como Miguel Alonso, el antecesor del actual mandatario zacatecano.
Este hecho local ocurre en una coyuntura marcada por la extradición a México del exdirector de PEMEX y de la aprehensión en Estados Unidos, del exgobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte, por su implicación en innumerables delitos de corrupción.
El caso de Zacatecas ha merecido incluso comentarios de reprobación por parte del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y de denuncias interpuestas en la tribuna del Congreso de la Unión, así como en instancias judiciales competentes, por las senadoras Soledad Luévano y Geovana Bañuelos.
Debido a esos actos jurídicamente incorrectos, Zacatecas vive ahora una situación financiera muy difícil, que se ha agravado aún más por los efectos negativos de la pandemia del covid-19.
Todo parece indicar que, en los comicios del 2021 en Zacatecas, el tema anti/corrupción, será un factor que determinará, por mucho, el desenlace y el triunfo electoral.
