Lucía Melgar Palacios/ Transmutaciones

Cimacnoticias

A medida que se acerca el 8 de marzo, queda más claro que la agenda pendiente, truncada el año pasado por el confinamiento, debe retomarse y ampliarse con urgencia. Si en 2020 era obvio que para este gobierno las mujeres y niñas ocupan un lugar marginal, y ni su seguridad, ni su bienestar ni su salud le son prioritarias, este año corroboramos la enorme deuda de justicia que tienen el Estado, los partidos políticos y la sociedad con las mexicanas. Una deuda que se acrecienta día a día, con la acumulación de agravios contra niñas y mujeres, bajo la anuencia explícita o tácita de instituciones y personas.

A Lydia Cacho le costó 14 años y mucha valentía lograr que se detuviera a un gobernador aliado a una mafia cuya impunidad y afán de venganza la obligaron a refugiarse fuera del país; el mundo al revés. A las mujeres que han acusado de violación y abuso a Salgado Macedonio, impresentable candidato del partido oficial a la gubernatura de Guerrero, les costó años superar el trauma y atreverse a enfrentar una red de complicidades que tolera  la violación y descalifica a las víctimas. Las alumnas de la Universidad del Istmo siguen esperando una respuesta a sus denuncias de acoso; Irinea Buendía lleva más de una década exigiendo justicia para su hija Mariana, asesinada por su pareja. ¿Cuánto tiempo tendrá que esperar la familia de Mariana Sánchez, la médica pasante cuya denuncia de abuso y violación fue ignorada por sus superiores, la Secretaría de Salud de Chiapas en particular? Apenas el sábado fue destituida la directora de la clínica donde trabajaba Mariana, ¿cuándo se enjuiciará al agresor?

La dilación de justicia, o más bien su ausencia, la mecánica encubridora que favorece la perpetuación de la impunidad, han tenido efectos devastadores en miles de mexicanas violentadas, torturadas, maltratadas por familiares, desconocidos e instituciones.

La persistente impunidad de la mayoría de los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, la impunidad que llevó a Inés y Valentina y a las mujeres de Atenco hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son evidencias de una estructura institucional que parece disfuncional pero es funcional al sistema depredador, al Estado alegal (como lo llamó Sergio González Rodríguez) y hoy al autoritarismo machista, si no misógino, del gobierno. La continua reforma o expedición de leyes sólo crea una pantalla de legalidad detrás de la cual campean las complicidades y se reproduce la impunidad. ¿O para qué sirve la Ley 3 de 3 contra la violencia de género si los partidos postulan a machistas y agresores?

Así, defender la candidatura de Salgado Macedonio, como lo ha hecho la dirigencia de Morena, pese al creciente clamor de mujeres indignadas ante la posibilidad de que un presunto violador sea  gobernador, es un ejemplo más del desprecio oficial hacia las mujeres.  Asimismo, el recordatorio público de la importancia de la presunción de inocencia en el caso de este personaje y de Mario Marín no es una defensa de la legalidad sino un mensaje contra las víctimas. Resulta lamentable que desde la tribuna del poder se trivialicen la violencia sexual y la violación de Derechos Humanos mientras se estigmatiza a las voces incómodas y a las organizaciones críticas.

Minimizar o negar las acusaciones de violación sólo confirma que la integridad y la vida de las mujeres no le importan al poder. Guerrero es uno de los estados más pobres, está bajo Alerta de Violencia de Género por feminicidio, Acapulco es un foco rojo de turismo sexual. ¡Promover a un candidato misógino y violento es un agravio más a las guerrerenses!   

En marzo de 2020 cientos de miles de mujeres exigimos un alto a las violencias machistas. Hoy reafirmamos esa demanda al gobierno, a los partidos y a la sociedad, y no sólo en el caso de Guerrero.

Algunos hombres han expresado también su indignación en una carta abierta en la que afirman que la sola candidatura de Salgado Macedonio con la “complicidad de toda una organización política, es un escándalo y una burla en una país con una graves situación de violencia contra las mujeres”. Instan por tanto a retirar esa candidatura y piden al INE, al Congreso y a los partidos que pongan “candados legales y normativos” para que no puedan postularse hombres acusados de violencia de género” y señalan claramente que el argumento legalista de que no hay sentencia ( con que se ha defendido a Salgado) no es válido en un país con altísima impunidad. Este pronunciamiento ha sido ampliamente difundido en los medios pero, lo mismo que las protestas y exigencias de justicia de las mujeres, ha caído en oídos sordos.

La negación de la realidad y la terquedad de Morena y del gobierno (no puede decirse que el partido actúe por su cuenta dada la centralización de decisiones actual) no resta importancia a la oposición ciudadana. Es hora de que muchos más hombres se pronuncien y dejen de tolerar estas violencias que degradan la vida social; es hora también que las mujeres que forman parte del gabinete y que se han dicho “feministas” se manifiesten . El pacto patriarcal y mafioso se sostiene no sólo con los actos, gestos y discursos machistas y sus poderosos o mediocres cómplices, también con el silencio de los testigos, hombres y mujeres, mudos.