Teresa C. Ulloa Ziáurriz/ Mujeres Cautivas

Cimacnoticias

El próximo 30 de julio se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas, y en todos los países, también en México y en la Ciudad de México, se preparan discursos, eventos, foros, conferencias, afiches, pero ninguna de estas acciones combate los delitos que se conocen como la esclavitud moderna.

Sin embargo, y a pesar de que el próximo año se cumplen ya 20 años de la aprobación del Protocolo de Palermo por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y aunque hubo un incremento en el combate a estos delitos, casos detectados y sentencias, lo cierto es que fue “llamarada de petate”, porque no han vuelto a disminuir. Los casos detectados no han disminuido, los mecanismos interinstitucionales no han generado estrategias para coordinar acciones de prevención, protección y asistencia y persecución de los delitos en materia de trata de personas. Ni las fiscalías autónomas, ni los poderes ejecutivos, ni los legislativos y tampoco el judicial. Los niveles de impunidad son alarmantes.

Lo más grave es que siguen siendo las mujeres y las niñas las víctimas más frecuentes, sobre todo para la explotación sexual, los matrimonios forzados, uso para actividades de la delincuencia organizada, mendicidad forzada y ahora también para los vientres de alquiler que conforman la explotación reproductiva de las mujeres y el tráfico de bebés que se compran por contrato.

En México violan a una mujer cada seis minutos, nueve mujeres desaparecen diariamente y a doce las asesinan. Hasta en el pueblo más pequeño no faltan los burdeles y la prostitución; y ni se diga sobre la pornografía y los vientres de alquiler.

Como escribí en febrero pasado, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), “Las niñas son explotadas principalmente con fines sexuales, mientras que los niños lo son para trabajos forzados. América Latina es una de las regiones con mayor cantidad de niñas y mujeres víctimas de la trata, que también incluye mendicidad, matrimonios forzados, actividades delictivas y hasta extracción de órganos.  

El número de niñas entre las víctimas de trata se ha triplicado en los últimos 15 años, y el porcentaje de niños se ha multiplicado por cinco, asegura el nuevo informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Según el Informe Global, las niñas son víctimas de trata, principalmente, con fines de explotación sexual, mientras que los niños son utilizados para trabajos forzados.

En 2018, 148 países detectaron y denunciaron alrededor de 50 mil víctimas de trata de personas. Sin embargo, dada la naturaleza oculta de este delito, el número real de víctimas es mucho mayor.

El informe muestra que los tratantes se aprovechan de las personas más vulnerables, como migrantes y personas sin trabajo, y es probable que la recesión inducida por el COVID-19 haya puesto a más personas en riesgo.

“Millones de mujeres, niños y hombres en todo el mundo están sin trabajo, sin escuelas y sin apoyo social en la continua crisis del COVID-19, lo que los deja en mayor riesgo de trata de personas. Necesitamos acciones específicas para evitar que los tratantes criminales se aprovechen de la pandemia para explotar a las personas vulnerables”, expresó en un comunicado la Directora Ejecutiva de UNODC, Ghada Waly.

“…De cada 10 víctimas que se han detectado a nivel global, 5 son mujeres adultas y 2 son niñas. Migrantes son la población donde se detectó el mayor número de víctimas en todas las regiones. Los tratantes se aprovechan de las mujeres y niñas más marginadas y empobrecidas.

De los casos que examinó la UNODC encontró que por lo menos la mitad de las víctimas fueron reclutadas debido a sus necesidades económicas. Las niñas y niños que viven en hogares extremadamente pobres son especialmente vulnerables y los países de Africa del Oeste, el Sur de Asia y Centroamérica y el Caribe, son donde se reporta el mayor número de infancia detectada.

¿Pero qué sucede? Hay reuniones nacionales, internacionales, pero no hay planes nacionales. En el caso de México se acerca la fecha de aniversario de que el gobierno federal y de la Ciudad de México asumieron el poder y el tema de los delitos en materia de trata de personas, pero no están en la agenda pública, no existen presupuestos etiquetados para la prevención, entendida ésta como resolver las causas de vulnerabilidad en las comunidades con mayor incidencia de reclutamiento, o bien la construcción de opciones de vida digna o salida para quienes han sido explotadas y victimizadas, o medidas de protección, incluso de la identidad de las víctimas, derecho constitucional que el poder judicial viola reiteradamente.

Hay una serie de medidas que se contemplan en la legislación de México que no se han implementado. Y yo me pregunto, tanto en México como en Latinoamérica ¿será porque nuestros gobiernos son profundamente patriarcales? Prefieren permitir la discusión de legalizar la prostitución, en lugar de sancionar a la demanda; prefieren invertir en megaproyectos, que rescatar, proteger y asistir a las víctimas y sus familias o prevenir las causas de vulnerabilidad en las comunidades en mayor grado de exclusión. Y sí, no cabe duda que se niegan a abandonar los privilegios de los hombres y otros intereses que explotan los cuerpos de las mujeres ya sea sexual o reproductivamente.

Frente a la pandemia se han incrementado los delitos de reclutamiento en línea, y la falta de empleo, ingresos y oportunidades de sobrevivencia. Con muchos millones más de mujeres, hombres, niñas y niños sin escuelas, sin trabajo, sin apoyo social y enfrentando despidos y marginación, se hace necesario tomar medidas urgentes para detener delitos como éste que también se ha convertido en una pandemia. 

Es verdad que para poder combatir de manera más eficiente esta problemática tenemos que entender los factores que facilitan los delitos en materia de trata de personas. El informe de la UNODC se construyó con datos de 148 países y explora temas de especial relevancia en la actual crisis, incluyendo el impacto de factores socioeconómicos, que han aumentado considerablemente la trata de niñas y niños, tanto para la explotación sexual como para trabajo forzoso y el uso de los tratantes del internet como medio de reclutamiento y para la venta de pornografía y servicios sexuales a través de cámaras web, donde los perpetradores operan cubiertos en la sombra, llenándose los bolsillos con la explotación de mujeres, niñas y niños. 

Y es el cuento de nunca acabar, porque cada vez que cambian los gobiernos, llegan personas a hacerse cargo de los puestos relacionados con las 4 estrategias reconocidas internacionales como las mejores prácticas para abordar estos delitos, que son conocidas como las 4 P, la Prevención, la Protección y Asistencia, la Persecución y Sanción y la Participación Social, que desconocen que la Ley General tiene la intención de generar una política de Estado que no debe ser modificada o sufrir tropiezos por los cambios gubernamentales. Y bueno, con un congreso federal que no ha etiquetado un sólo peso para la aplicación de la Ley General en la materia. ¿Será ignorancia o dolo patriarcal?