Lucía Melgar Palacios/ Transmutaciones

Cimacnoticias

El 16 de octubre de 2017, Daphne Caruana Galizia murió en un atentado con bomba perpetrado por dos sicarios que presuntamente había contratado un empresario ligado a los más altos funcionarios del gobierno de Malta.  Con esa terrible muerte culminaba una  intensa campaña de desprestigio y amenazas de muerte contra la periodista  y bloguera de 53 años que se había atrevido a desnudar los bajos fondos mafiosos de este país que apenas ingresó a la Unión Europea en 2003.

La ejemplar lucha de Daphne contra la corrupción y la opacidad, le valió todo tipo de insultos y amenazas de muerte, sobre todo a raíz de sus revelaciones basadas en los Panama Papers que, como en otros países, sacaron a la luz los trapos sucios de empresas opacas y políticos corruptos. Según declarara en una entrevista poco antes de su asesinato, sus enemigos la llamaban “bruja”, lo que exhibía la mentalidad “medieval” de la sociedad maltesa.

Su transformación en enemiga pública por develar las corruptelas de “ciudadanos distinguidos” en una isla de apenas 430 mil  habitantes (“sus vecinos”, como sugieren Ben Taub y otros periodistas)  muestra el  gran riesgo que corren quienes buscan y develan la verdad en sociedades conservadoras, cerradas y donde las alianzas mafiosas le han ganado terreno a la legalidad.

Contra la verdad, sin embargo, las armas de la violencia no son omnipotentes. Si bien pudieron acallar a Daphne y sus revelaciones sobre la corrupción del gobierno, los personajes involucrados directa o indirectamente en los ataques contra ella no quedaron impunes, o no todos, gracias al empeño de los hermanos Caruana por encontrar justicia para su madre y completar su trabajo.

El gobierno de la época cayó, tres de los autores materiales han sido condenados y se ha investigado a presuntos autores intelectuales.

Uno de los resultados más significativos de la tarea de justicia y reparación que impulsaron los hijos de Daphne y periodistas de investigación es el reciente informe sobre su muerte en que tres ex magistrados concluyen que el Estado maltés debe reconocer su responsabilidad en este asesinato ya que “quien lo planeó y llevó a cabo lo hizo a sabiendas de que lo protegerían aquéllos interesados en acallar a la periodista”. El Estado creó y favoreció además una “cultura de la impunidad”.

En México, el 31 de julio se cumplieron 6 años del cruel asesinato de Mile Virginia Martín , Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, la estudiante y activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, quien había dejado Veracruz tras repetidas amenazas por cubrir movimientos sociales y resultar “incómodo” para el gobierno de Javier Duarte.  Tras seis años de silencio impuesto, sobre Rubén y sobre la sociedad, con un alto costo, como ha señalado Artículo 19, el caso Narvarte sigue impune.

Además del acallamiento de Espinosa y otros 140 periodistas asesinados desde el año 2000, la “cultura de la impunidad” que también prevalece en México ha favorecido o tolerado la estigmatización de las víctimas sin consecuencia alguna para sus autores materiales e intelectuales. Nadie ha sido sancionado por revictimizar a Mile Virginia mediante filtraciones a la prensa o “reportajes” para estigmatizarla; nadie se ha hecho responsable por torcer las investigaciones y no ligar los crímenes con el trabajo de Espinosa o el activismo de Nadia Vera.

Este caso, menos conocido que el de Daphne Caruana fuera del país es, en muchos sentidos, tan paradigmático como aquél: en el Veracruz de Duarte como en el México de Fox, Calderón, Peña y López Obrador, el periodismo de investigación es una actividad de alto riesgo que no cuenta con la protección del Estado.

Por ello, aquí como en Malta, es importante recordar que según la comisión de exmagistrados que investigó el asesinato de Caruana:  “es obligación del Estado defender la vida de los/las periodistas, la libertad de expresión como derecho fundamental, aun cuando el periodista exprese opiniones duras contra el gobierno en turno.”