Lucía Lagunes Huerta / Zona de Reflexión

Cimacnoticias

Este mes se unen dos hechos históricos distantes en el tiempo, pero con elementos comunes.  La brutalidad policial y el uso de la tortura sexual como instrumentos oprobiosos para las mujeres que irrumpen en el espacio público.

Hace 16 años la represión ocurrida en San salvador Atenco, en el Estado de México, nos mostró lo que un gobierno autoritario es capaz de hacer. Poner toda la fuerza policial en contra de una población, y utilizar la tortura sexual contra las mujeres para someterlas y humillarlas, aprovechando su vulnerabilidad frente a los policías y basándose en estereotipos sexistas.

Entonces parecía aislado lo que había ocurrido en Atenco. Con el paso de los años se ha podido evidenciar que la tortura sexual, es una práctica nefasta sistemática para las mujeres detenidas y en especial para aquellas que irrumpen en el espacio público, que participan en manifestaciones y que exigen defensa de derechos.

De acuerdo con la investigación de Araceli Magdalena Olivos Portugal la tortura que se comete contra mujeres detenidas en México está encastrada en las instituciones policiales y castrenses de nuestro país, basada en el machismo, la misoginia, la cultura de la violación y la violencia feminicida.

Esta conclusión a la que llega Olivos se comprende cuando se ven los resultados de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad, en la cual 15 por ciento de las mujeres detenidas reconoce haber vivido violencia sexual en su detención por parte de policías, pero puedo asegurar que es mucho más, el centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (ProDH) aseguró en una investigación que es mucho más.

Si a esta práctica se le suma un discurso de odio antifeminista que se desarrolla desde las instancias del gobierno federal, los efectos combinados de estos dos factores son terribles. Y lo hemos visto en estos tres años, y especialmente este fin de semana en Irapuato Guanajuato, donde vimos la brutalidad policial contras las manifestantes que demandaban alto a la violencia contra las mujeres y las desapariciones, y fueron reprimidas de manera inhumana, brutal, incluso mujeres que pasaban por ahí también fueron detenidas y maltratadas, esta brutalidad policial lo que nos muestra es la animadversión que se ha ido construyendo contra las feministas.

De acuerdo con el estudio de Amnistía Internacional: “Estigma y violencia contra mujeres que protestan”, existe una acción sistemática contra las feministas por parte de las policías que caen en violaciones a los Derechos Humanos como son las detenciones arbitrarias, agresiones verbales y físicas, amenazas e incluso abusos sexuales.

Esto mismo ha sido denunciado por mujeres detenidas en Irapuato, quienes han sido sujetas a proceso en un acto de persecución y atentado contra el derecho a la legítima protesta, y esto ocurre frente a la tibieza de las autoridades, federal, estatal y  en este caso, de la presidenta municipal Lorena Alfaro.

De ahí la importancia del cumplimiento a cabalidad de la sentencia emitida por la Corte Interamericana en 2018 contra el Estado mexicano sobre lo ocurrido en Atenco y que hoy sería de gran ayuda para la protección no sólo de quienes se manifiesten sino incluso para la protección de periodistas, porque en varios de sus casos, los policías son sus principales agresores.

La medida que mandata la Corte de realizar un observatorio independiente que monitoree el actuar de la fuerza policial –la cual no se ha cumplido– puede contribuir a hacer los cambios y construir los instrumentos necesarios para garantizar que las policías actúan conforme a los Derechos Humanos.

No solo nos evitaríamos lo ocurrido en Irapuato, sino los lamentables hechos en Quintana Roo en el 2020, Chihuahua, Ciudad de México, Chimalhuacán, el desalojo de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tantos otros casos en los que hemos visto el actuar brutal de las policías.

Porque ese machismo y misoginia de la cual habla Olivo que está incrustado entre las policías, se recrudece cuando se construye un odio contra un grupo, que en este caso es el feminista, pues ese discurso incita a la violencia y otorga la permisividad para agredirlas.

Porque lo que vemos que se reitera en la violencia verbal contra las manifestantes por parte de las policías en estos tres años, es la insistencia de llamarlas feminazis, revoltosas, argüenderas, locas, etcétera.

En estos actos represivos vemos como se repite en las detenciones los abusos sexuales contra las mujeres y esto hace que la violencia sexual sea un instrumento de represión, al ser una invasión a lo más íntimo de las mujeres.

La defensa tan digna que han hecho las sobrevivientes de Atenco para evitar que vuelvan a ocurrir acciones autoritarias e indignantes como las que ellas vivieron, sigue siendo una deuda no sólo con ellas sino con todas las mujeres que hoy en día siguen viviendo la brutalidad policía, la violencia sexual y el discurso estigmatizante.

El observatorio independiente del actuar policial y el diagnóstico nacional de la tortura sexual en México, que mandata la Corte Interamericana al Estado Mexicano, no se han cumplido a cabalidad debido a un cálculo político, porque hacerlo llevaría a corroborar que en materia de Derechos Humanos en México no hemos avanzado, que incluso en algunos temas nodales hemos retrocedido y que para este gobierno no es prioridad garantizar el derecho a la protesta y más si son mujeres y más si son feministas, porque estas han sido la única piedra en el zapato de este sexenio.