En REMA apostamos por fortalecer la autodeterminación de las comunidades
En la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) partimos de la premisa de que no existe la minería verde, sustentable, socialmente responsable, ambientalmente amigable, climáticamente inteligente, descarbonizada o cualquiera de los mecanismos y oximorones que han querido poner a esta actividad para ocultar su verdadera naturaleza destructiva. En la REMA reconocemos que el modelo extractivo se basa en la existencia de condiciones de tremenda desigualdad (mismas que profundiza) y que a partir de estas condiciones hace un gran negocio de la destrucción masiva, al externalizar los daños y costos socioambientales de su acción. Por estas razones, desde la REMA no apostamos a “mejorar” la actividad minera sino a prohibir su entrada dentro de nuestros territorios.
En la REMA no apostamos por “nivelar” jurídicamente las condiciones entre los implicados (pueblos y empresas) para hacer así de la minería un negocio “mejor administrado” o “más justo”, sino que apostamos por fortalecer la autodeterminación de las comunidades para que tengan la información sobre los impactos a corto y largo plazo que conlleva esta actividad, y ejerzan sus derechos colectivos para evitar convertirse en una zona de sacrificio más de este modelo de falso desarrollo. Por esto, creemos que cualquier reforma a la ley minera que no plantea la prohibición y cierre planificado de esta actividad nociva en el país, justificada y acompañada por la reparación de daños por décadas y siglos de acumulación de desechos tóxicos en cientos de puntos del país, es una simulación que solamente va a seguir legitimando y dando pie a la expansión del modelo extractivo.
En la REMA sabíamos que tratar de modificar la ley minera, tal como se hizo el viernes 28 de abril por el pleno del Senado y que aún no ha sido publicado, no resuelve el grave problema de la devastación en los territorios por el Modelo Extractivo Minero que aceleró la reforma al Artículo 27 constitucional en 1992 y la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá (ahora conocido como el T-MEC) que la 4T no ha querido tocar. Tampoco resuelve el despojo, el desplazamiento forzado, los daños a la salud de la población, así como la militarización y la violencia del crimen organizado, entre muchas otras causas de colapso territorial que muchas comunidades enfrentan en una guerra sin cuartel, en donde estos proyectos de muerte se instalan de manera impune. Era de esperar que las cámaras terminaran cediendo a las presiones de las empresas mineras (empresas nacionales, extranjeras y embajadas de países como Canadá) por medio de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), imponiendo sus cínicas condiciones. Tampoco sorprende que las empresas mineras norteamericanas ahora siguen amenazan al país con docenas de posibles amparos de inconstitucionalidad o demandas bajo los términos de los Tratados de Libre Comercio y de protección de inversiones, dando lugar al pronunciamiento de AMLO que las reformas a la ley minera no van a afectar a las más de 23.000 concesiones mineras ya otorgadas en el país.
Nos preocupa, sin embargo, que la participación de organizaciones sociales en este proceso pueda terminar legitimando la continuidad y expansión del modelo extractivo aun cuando no se considere preferente y con la consulta en mano, reposicionando la actividad minera como “más responsable”. Esto nos parece especialmente factible en el contexto de los demás decretos y otras modificaciones a leyes para impulsar el neoextractivismo que se ha aprobado durante el último periodo. Podemos tomar el ejemplo de la apertura que se ha dado a las asociaciones públicas-privadas en torno a la extracción de litio o de otros megaproyectos de la 4T como el Corredor Interoceánico, la Refinería de Dos Bocas u el Tren Maya, por citar algunos, que funcionan bajo la misma lógica de imposición y de acumulación por desposesión, sólo que ahora a nombre de una noción hueca de "soberanía nacional".
Si bien coincidimos en que la antigua ley minera estaba diseñada para el saqueo, también sabemos que los cambios a la ley no resuelven los problemas en la cual nos enfrentamos de manera cotidiana en los territorios: la antigua ley minera en ninguno de sus artículos estipulaba que las empresas mineras tenían derechos sobre los pueblos y territorios donde operan, ni les daba derecho de engañar, criminalizar, contaminar, enfermar, desplazar y acabar con la vida;todo esto lo hacen porque es su naturaleza. Tampoco las leyes mexicanas o la Constitución estipulan que las empresas privadas pueden co-actuar con el crimen organizado para resguardar e imponer sus actividades. Sin embargo, es lo que está pasando a lo largo del país. Esto nos muestra que el problema no es solo lo que dice la ley sino el laxismo y la corrupción existente en su aplicación. Como sociedad requerimos entender la agresividad del modelo extractivo minero y sus formas estructurales de operación, lo que vuelve a cualquier ejercicio legal de intento de regulación a la actividad minera, algo imposible de lograr con efectividad. Si hay algo que hacer en materia jurídica, es avanzar hacia su prohibición, como lo han hecho ya algunos países en nuestra región (El Salvador, Costa Rica y varias provincias de Argentina).
También nos parece que existe un cierto desfase entre varios de los puntos de “controversia” en las modificaciones a la ley y la realidad de los territorios y pueblos afectados por la minería.
Por ejemplo, reducir de 100 a 80 años la vigencia de las concesiones mineras no limita en absoluto los impactos generados por las exploración y explotación minera. Si todos los daños que la minería causa al entorno, las personas y demás seres con quien compartimos el territorio, es reconocido (supuestamente) por los actores que toman las decisiones en este país, no entendemos qué les hace pensar que servirá de algo bajar el número de años de una concesión minera. Actualmente, la duración de una mina a cielo abierto no es mucho mayor a 10 o 15 años en promedio. ¿De qué le va a servir a una comunidad el que ahora se incentive a que todas las concesiones entren en exploración más rápidamente? ¿De qué le sirve saber que la concesión donde está su casa, su iglesia, su cementerio, su parcela, sólo tendrá vigencia por 80 años y no por 100? En REMA sabemos que las afectaciones de la minería comienzan desde el primer día en que la empresa toma la decisión de entrar a una comunidad, y que algunos meses o años han sido más que suficientes para generar gravísimas e irremediables afectaciones a la salud, y para acabar con los bienes comunes naturales, el tejido social y para generar procesos de desplazamiento forzado a lo largo y ancho del país.
Bajo la misma lógica también nos parece perversa la discusión de si las empresas mineras deberían de pagar 10, 7 o 5 % de sus utilidades en contraprestaciones a las comunidades. Por un lado, porque la discusión refuerza la lógica de mercantilización de los bienes, de seguir pensando que todo se puede resolver y remediar con dinero, donde actores ajenos a nuestros territorios vayan discutiendo y poniendo precios sobre lo que valen nuestros territorios y nuestras vidas. Así mismo, sabemos que esta supuesta derrama económica para los pueblos , termina siendo un mecanismo de presión hacia las autoridades para que dejen entrar a las mineras, como ha pasado con el impuesto llamado fondo minero, y puede reforzar también las divisiones y desigualdades comunitarias al momento de decidir cómo repartir y gastar este dinero. Nos queda claro que esto no es más que una estrategia empresarial hacerlo no sobre la producción, sino sobre las ganancias. Este último, es un dato que es fácilmente manipulado por las empresas.
Lo propuesto al respeto de las concesiones mineras dentro de las Áreas Naturales Protegidas nos genera también cierto ruido. Si bien coincidimos en la importancia de mantener nuestras áreas naturales libres de proyectos extractivos, creemos que cualquier cerro, bosque, pastizal, o río tiene un valor biocultural fundamental para los pueblos que los habitan, sin importar que sean considerados o no de valor ambiental por criterios científicos definidos desde instituciones del Estado o bajo políticas conservacionistas que reproducen lógicas paternalistas, capitalistas y neocoloniales. ¿Dónde cabe dentro de esta lógica el valor y el cariño que tiene cada pueblo con su territorio basado en su cosmovisión y sus formas de vida? ¿Cuál es el sentido de crear “islas de conservación” libres de actividad minera si a sus alrededores el modelo extractivo minero puede seguir destruyendo de la misma manera? Nos parece que eso termina jerarquizando de manera discriminatoria a los territorios y pueblos, definiendo los que valen e importan más que otros.
El supuesto logro de haber podido mantener en la propuesta final lo relacionado con la consulta nos parece lo más grave. Sabemos que dichas consultas realizadas por las empresas o el propio gobierno, a pesar de lo que especifica el convenio 169 de la OIT ratificado por México, siempre son manipuladas en condiciones desiguales bajo presión y amenazas[1]. En los hechos estas consultas reglamentadas, disfrazadas y promovidas como un derecho, terminan siendo un mecanismo de administración de conflictos y legitimación del despojo y de ello hay pruebas claras, particularmente en este sexenio. Es absurdo que el derecho a la consulta sea de carácter preferente por sobre los otros derechos que serán colapsados por la actividad minera (derecho a la vida, al agua, a la salud, al medio ambiente sano). Las consultas se usan como “negociaciones” o “procesos de diálogo para llegar a un acuerdo entre las partes”, que bien pueden ser impuestas vía desinformación, coacción, amenazas, aterrorizando con grupos armados legales y/o ilegales, o asesinando a quienes se oponen al despojo como sucedió por ejemplo en el caso del Proyecto Integral Morelos a través de contubernio empresas-gobiernos-y crimen organizado.Desde la REMA no creemos en las consultas impulsadas por las empresas ni por el Estado, creemos que los verdaderos ejercicios de toma de decisión son ejercidos desde los pueblos según sus usos y costumbres en su pleno derecho a la autodeterminación, por medio de sus asambleas agrarias, comunitarias y ciudadanas. Son estas asambleas y espacios de toma de decisión colectivas las que debemos fortalecer.
En lugar de buscar regular los mecanismos de consulta, nos parece más importante que el ejecutivo enfoque su energía en regular sus propias instituciones como la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional, quienes desde años actúan de manera facciosa y en contubernio con especuladores de la tierra para poner trabas en el registro de las actas de asambleas agrarias para declarar territorios libres de minería. ¡No necesitamos que nos consulten, sino que respeten nuestras decisiones!
Para terminar, nos parece que todo este debate sobre las modificaciones a la ley minera invisibiliza el problema de fondo. Frente a la grave crisis socioambiental que vivimos a nivel mundial y al agotamiento paulatino de los recursos, inclusive la escasez del agua limpia, creemos que no es regulando las actividades extractivas como se resuelve la devastación. El cambio profundo que necesitamos pasa en primer lugar por cuestionar esta idea hegemónica de supuesto desarrollo, que es indisociable y dependiente del modelo extractivo. Cuestionar que nuestro buen vivir pasa por extraer más minerales, más combustibles fósiles, más energía, más agua u otros bienes naturales. Cuestionar la idea de que este extractivismo es esencial, crítico, indispensable. Hay que cuestionarlo fuertemente, argumentando su incompatibilidad con el abasto de agua limpia y suficiente, la permanencia de la biodiversidad, los lugares sagrados y la riqueza biocultural de este país, y el bienestar de los pueblos, y visibilizando que hay otros modos de vida y mundos posibles fuera de esta lógica enferma del crecimiento infinito que mantiene a flote este modelo extractivo. Y si realmente queremos pensar en trabajar leyes quizás podríamos trabajar en una más sencilla, con un solo artículo: Está prohibida la actividad minera en México.
Esto sería para nosotrxs una propuesta realmente “sensata” y soberana, y es lo que nos anima cada día a seguir luchando. Así que mientras siguen debatiendo sobre sus leyes en esos espacios, donde no cabemos los pueblos o nos utilizan para justificar y legitimar sus reformas, nosotros seguiremos, desde distintos rincones, fortaleciendo nuestros procesos organizativos comunitarios y construyendo territorios libres de minería para la salud de los pueblos.
[1] REMA (abril, 2019). Las consultas “buenas” no existen ¡Basta de engañar a los pueblos!. https://ia803008.us.archive.org/8/items/ComConsultas104/Com%20consultas%201%2004.pdf
