Saúl Escobar Toledo / SemMéxico
El INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, organismo público autónomo de México) dio a conocer, hace algunos días, los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) correspondiente a 2022. Su muestra abarcó más de 105 mil viviendas y a casi 129 mil habitantes por lo que resulta de gran interés para conocer el comportamiento de los ingresos y gastos de las familias y algunas características ocupacionales y sociodemográficas. Enumero aquí algunas tendencias que me parecen más destacables (todas las estimaciones abarcan solamente el periodo 2016-2022):la primera observación, para decirlo en pocas palabras, consiste en que los ingresos de los hogares aumentaron en promedio muy poco en eso años, apenas un 0.2%, pero se distribuyeron de manera más equitativa. Por lo tanto, la desigualdad entre la población más rica y la de menores recursos, disminuyó.
Dos factores incidieron en esta reducción: el aumento de los ingresos del trabajo (2.5%) y, sobre todo, las transferencias en efectivo (10.7%). En el caso de los ingresos laborales, vale la pena subrayar, se incrementaron mucho más los que se obtuvieron por el “trabajo independiente” (18.3%) que aquellos que se recibieron por un trabajo subordinado (1.6%). Por su parte, en lo que toca a las transferencias, destacan el aumento de los ingresos por jubilaciones y pensiones (22%), las remesas (41.3%) y los beneficios de los programas gubernamentales (58.6%).
A pesar de un flaco crecimiento de la economía (medido por el Producto Interno Bruto) ocurrido en estos últimos siete años, debido, en buena medida, a la emergencia sanitaria y a la política económica estabilizadora del gobierno de AMLO, se redujo la desigualdad gracias a las subidas al salario mínimo (que probablemente incidieron en el conjunto de las ocupaciones del país) y, en una dimensión que queda por investigar, a las reformas laborales, particularmente la regulación de la subcontratación. Sin embargo, el factor principal fue el conjunto de transferencias en efectivo, particularmente las remesas y el programa de adultos mayores, que sin duda tuvieron incrementos significativos. Esto último explicaría también que los ingresos por trabajos independientes derivados, en su mayoría, del sector informal, hayan aumentado más que los provenientes del trabajo asalariado y formal, es decir, estable y protegido por la seguridad social.
En otras palabras, esa menor desigualdad no modificó una estructura del empleo que se arrastra desde hace decenios: las ocupaciones mejoraron por la cantidad de los ingresos recibidos, no tanto por un cambio en la calidad de esos trabajos.
De esta manera, se puede entender mejor que los primeros tres deciles de la población (los más pobres) hayan aumentado su participación en los ingresos totales entre 2016 y 2022 de 8.9% a 10.2%, mientras que el último decil haya disminuido esa participación de 36.4% a 31.5%. Igualmente, que esa mejoría no se remitió solamente a la población de menores recursos, ya que los deciles intermedios (IV, V y VI) aumentaron su participación de 15.4% a 20.6%, lo mismo que los deciles VII, VIII y IX, que lo hicieron de 36.1% a 37.6%. Lo anterior se explica, en buena medida, debido al impacto universal del principal programa, el de adultos mayores ya que, como se sabe, otorga la misma cantidad de dinero a todas las personas, independientemente de su nivel de ingresos.
La eficacia de los programas sociales de transferencias monetarias también se tradujo en que la brecha de género haya disminuido ligeramente. La cantidad de ingresos que recibieron los hombres con relación al que obtuvieron las mujeres pasó de 1.73 veces a 1.53. Una disminución relativamente menor en comparación a los otros indicadores señalados pero que, de la misma manera, confirma un cambio de tendencia. Sin embargo, en lo que toca a la brecha regional, es decir, entre las entidades más pobres y las más desarrolladas económicamente, la disparidad aumentó: las cinco entidades más pobres (Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas) muestran un aumento de los ingresos de los hogares de 10.7% mientras que las entidades más desarrolladas (Baja California Sur, Ciudad de México, Baja California, Nuevo León y Chihuahua) observaron un incremento de 15.3%. La diferencia entre unas y otras pasó de 1.94 a 2.02 veces. Ello se debe a que las entidades más prósperas se beneficiaron de los incrementos del salario mínimo y de las prestaciones gubernamentales en efectivo bajo un patrón de empleo que desde hace años tiene salarios más altos y menos ocupaciones informales, en tanto que las entidades más atrasadas no han modificado sensiblemente su estructura laboral.
Otro asunto de gran importancia merece una atención especial: la ENIGH muestra que el cambio de tendencias ocurrió principalmente en el medio rural. El ingreso corriente promedio trimestral de los hogares catalogados como urbanos por el tamaño de la localidad vieron una reducción de sus ingresos entre 2016 y 2022 equivalente al 2.1%, mientras que los hogares en el medio rural observaron un incremento muy significativo, 21.7%. Todavía más destacable es que los ingresos por trabajo en los hogares urbanos hayan aumentado 0.6% y los rurales 21.7%. Igualmente, las transferencias aumentaron más en los hogares rurales (16.1%) que en los urbanos (10.2%). Por lo anterior, la reducción de la pobreza se observa con mayor claridad en los hogares rurales: los tres deciles más pobres aumentaron en promedio 25.2% en tanto que esos hogares en el medio urbano se incrementaron en 12%. Asimismo, la ENIGH muestra que los hogares en los viven las personas que no se consideraron indígenas vieron crecer sus ingresos en 5% mientras que aquellos en que las personas dijeron que hablaban una lengua indígena los hicieron en 40%.
Sin embargo, la desigualdad en el medio rural casi no se abatió. Llama la atención que, en estos hogares, el decil más rico, el X, aumento sus ingresos en 19.2%. De esta manera, si en los hogares urbanos la diferencia entre los tres deciles más pobres y el más rico disminuyó de 3.75 a 2.82 veces, en los rurales apenas se modificó pasando de 3.24 a 3.05 veces.
Esta disparidad se debe a que, según la ENIGH, la “renta de la propiedad” disminuyó severamente en los hogares urbanos entre 2016 y 2022 en un 47.8% mientras que en los rurales aumentó 71 %. Un dato que habrá que estudiar con mayor detenimiento y que pude explicarse en principio debido a que las personas más acaudaladas y en particular el 1% más rico, viven en las ciudades. Este pequeño sector de la sociedad muestra una disminución de sus ingresos debido probablemente a dos fenómenos: la subdeclaración de ingresos en la encuesta, y la caída transitoria de sus ganancias, debida a la interrupción de la actividad económica por la pandemia (entre 2020 y 2022) o, como en otros momentos de crisis, por la caída general de la economía.
Un asunto distinto es el que se refiere a la concentración de la riqueza (propiedades de bienes muebles, inmuebles y activos financieros), la cual no se mide en esta encuesta. Muy probablemente, ésta tuvo una tendencia regresiva ya que, de acuerdo con otra encuesta elaborada por el INEGI y la Comisión Bancaria y de Valores, durante 2020 más de la mitad de la población tuvo que pedir prestado, recurrir a sus ahorros, o vender algún bien de su propiedad para sortear la caída de sus ingresos corrientes.
Este año, 2023, la economía seguramente crecerá más que en los años anteriores y es probable que se confirme una reducción de la pobreza y un reparto menos desigual de los ingresos debido al aumento de los salarios y de los montos de los programas del gobierno. Sin embargo, estas mudanzas, para que se conviertan en un cambio estructural, requerirán por lo menos dos factores: el primero, un crecimiento sostenido de la producción; y, en segundo lugar, una política social que mejore no sólo lo ingresos monetarios sino también la oferta de servicios públicos. En particular, el sistema de salud requiere una atención prioritaria. La ENIGH muestra un dato catastrófico: el gasto de los hogares en este rubro aumentó casi 30%, y fue el más cuantioso que desembolsaron los hogares en comparación con, por ejemplo, alimentación (11.5%) y, sobre todo, frente a la caída en el gasto en vestido y calzado (14.3%). Es decir, ante la carencia de un servicio de calidad y oportuno, y la menor dotación de medicinas gratuitas, los hogares tuvieron que destinar una cantidad muy significativa de sus ingresos para proteger su salud.
Ante estos claroscuros, el próximo gobierno está obligado a profundizar el cambio de las tendencias que muestran un abatimiento de la pobreza y la desigualdad y, principalmente, a elaborar un programa para construir un nuevo modelo de desarrollo económico y social. De otro modo, los avances observados corren el riesgo de revertirse en poco tiempo.
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